Columna Jurídica
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Opinión
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EL PROCEDIMIENTO PARA INIMPUTABLES CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

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La enciclopedia jurídica (2014) ha establecido como concepto de inimputabilidad la falta de capacidad de culpabilidad, es decir, que una persona por problemas de madurez o psíquicos no reúne los requisitos suficientes para ser declarada responsable penalmente de actuaciones que pueden ser típicas y antijurídicas (hecho punible). A juicio de la doctrina (Muñoz Conde), son tres las causas de imputabilidad: 1) minoría de edad, salvo en los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor; 2) alteraciones graves en la percepción de la realidad desde el nacimiento o infancia, y 3) enajenación y trastorno mental transitorio. Algunos de estos supuestos son, asimismo, causas eximentes de responsabilidad criminal.

 Cuando la persona que comete un hecho tipificado como delito carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos, o cuando la conciencia o la voluntad de tal persona están anuladas o gravemente perturbadas permanente o eventualmente, se dice que dicho agente es inimputable; es decir, no puede ser objeto de imputabilidad penal o destinatario de responsabilidad criminal. 

El Código Nacional regula esta figura dentro de los artículos 414 al 419, de los que se destaca lo conducente al momento en el que aparecen indicios de inimputabilidad en el sujeto imputado.

El Código establece que si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria y, en su caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales, pero se proveerán los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. Ahora bien, si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al Juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como si la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona.

Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el Juez de control, escuchando al Ministerio Público y al Defensor, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. En caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los ajustes respectivos.


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