Exigen al Gobierno cuente bien los homicidios en Guanajuato
Exigen al Gobierno cuente bien los homicidios en Guanajuato

Exigen al Gobierno cuente bien los homicidios en Guanajuato

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Urgen que se aclaren discrepancias en estadísticas sobre homicidios dolosos.

Carlos Arce Macías, Investigador del CIDE y Juan Miguel Alcántara Soria, Ex Procurador del Estado.


La diferencia en las cifras de homicidios dolosos que hay entre el INEGI y la Procuraduría General de Justicia debe aclararse, señalaron ayer políticos y académicos.


Carlos Arce Macías, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pidió que la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado llame a cuentas al procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.


El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, señaló que debe ponerse al tanto del asunto a la Procuraduría General de la República. 


La diputada local Beatriz Manrique Guevara dijo que desde la Glosa del Informe había señalado que había inconsistencias en los conteos.


Dijo que había recibido la denuncia de que cuando asesinaban a varias personas, se consideraba víctima de homicidio doloso a la persona a la que iban a ejecutar, mientras que el resto quedaban como muertes culposas.


En cambio, el dirigente empresarial José Arturo Sánchez Castellanos defendió el conteo de las autoridades.


Evaden explicar la diferencia de cifras


Gobierno del Estado evadió dar una explicación clara de por qué la Procuraduría de Guanajuato reporta menos muertes que las que registra el INEGI.


A través del área de Comunicación Social envió un boletín donde el “Comisionado Nacional del Seguridad Pública Federal (Renato Sales Heredia) refutó las cifras del Inegi y la tasa del número de homicidios”.


Y se desestiman sin argumentos claros los análisis realizados por expertos y medios de comunicación.


“Dichas cifras también fueron interpretadas por expertos y medios de manera unilateral sin entender todo su contexto”, indica el boletín.


El comunicado también es impreciso al asegurar que en las cifras de homicidios del INEGI se incluyen accidentes vehiculares y caídas, cuando las estadísticas presentadas por am detallan causas específicas como ataques por armas de fuego, armas blancas, con objetos no filosos y estrangulamientos, entre otros. 


“Renato Sales comenta que el INEGI da a conocer el número de muertes violentas, y no presenta la distinción entre homicidios dolosos y culposos, colocando a todos en la misma categoría, es decir, equipara los asesinatos o ejecuciones con las muertes por accidentes vehiculares, las caídas, etc., es decir las cifras del Secretariado muestran un índice de 20 muertes por cada 100 mil habitantes y hace la distinción de los homicidios dolosos y culposos”, indica la respuesta de Gobierno del Estado.


“Para realizar comparativas con ciudades o países basados en cifras internacionales debemos solo tomar en cuenta las cifras del Secretariado por ser más precisas”, cierra el boletín.


Demanda llevar a PGR homicidios ‘de menos’


La discrepancia por las cifras de homicidios dolosos en Guanajuato debe investigarse a fondo, exigieron el exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, y el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Arce Macías.


“Lo que yo como ciudadano común y corriente exijo es que, si hay discrepancias en cifras, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad dé vista a la PGR, eso es lo que se debió haber hecho hace años”, señaló a am Alcántara Soria, extitular del SESNSP de diciembre de 2009 hasta noviembre de 2011.


En tanto Carlos Arce consideró que es un tema para que la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado llame a cuentas al procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.


“Son representantes de los ciudadanos ¿no?, pues que los señores diputados, ahora sí en su función, no en andar bajando recursos para caminos y puentes, en base a esa responsabilidad sería muy bueno que le pidieron aclaraciones al señor Procurador, es un caso clarísimo para la diputación, especialmente para las diputaciones de oposición, pero también para el oficialismo, para el PAN”, declaró el panista.


La discrepancia en cifras


am publicó el martes que, de acuerdo al registro de homicidios dolosos en Guanajuato, no cuadran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con los del INEGI.


El SESNSP, con datos de la Procuraduría de Justicia del Estado, registró 1,423 víctimas en el 2017, en tanto que el INEGI 2,239, una diferencia de 816 víctimas en ese año. En 2016 fueron 1,096 contra 1,229, que son 133 más. Mientras que en 2015 la diferencia fue de 11 solamente, 968 frente a 957.


Eduardo Guerrero Gutiérrez, columnista de El Financiero, especialista en temas de seguridad, publicó el lunes con el título “Guanajuato y Estado de México, no salen las cuentas”, que las procuradurías de ocho entidades tienen un déficit muy alto en homicidios en relación a los datos del INEGI: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.


La mayor discrepancia está en Guanajuato. Dice que el engaño podría estar en clasificar como culposos (accidentales) homicidios que en realidad fueron dolosos, pues la tasa de los primeros es anormal.


Y desde enero 2018 am publicó un conteo propio de homicidios que no correspondía al reporte oficial.


Exige aclaración


Carlos Arce, exlegislador y exfuncionario federal, señala que la seriedad del tema exige una aclaración.


“Mentir a los ciudadanos es algo muy serio para un Gobierno, eso lo debería de saber el Gobierno, por eso es necesaria la rendición de cuentas y aclarar con toda puntualidad el asunto porque lo que está implicando es falsear datos a los ciudadanos y de un tema muy muy serio, como es su seguridad”.


Incluso, dijo, podrían intervenir para clarificar las cifras la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), o cualquier otro.


El abogado irapuatense Alcántara Soria dijo que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene tipificadas de manera puntual estas conductas como merecedoras de sanción grave.


También recordó que hay un acuerdo de la Consejo Nacional de Seguridad Pública de diciembre del 2017 que obliga a una mayor desagregación de los delitos para mejor identificación de las víctimas, el cual tiene precisamente como propósito que cada vez sea más complicado manipular la información.


“Lo que Eduardo Guerrero en su columna de El Financiero vuelve a hacernos ver es que no obstante los tipos penales de la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad para tratar de evitar esta manipulación, al final lo que estamos viendo es la confirmación de que las conductas siguen y la impunidad de quienes deciden seguir alterando las cifras reales”, opinó.


Por último Carlos Arce demandó mayor información del mapa delictivo para el ciudadano en general.


“Además hay que exigir que los alcaldes y en este caso las autoridades como la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública den a los ciudadanos la información de cuáles son las zonas de peligro en relación a los homicidios dolosos y las lesiones también”, concluyó.


Cuidan derechos humanos 


Para el ombudsman José Raúl Montero de Alba el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos es acompañar a las instituciones para que hagan bien su trabajo y garanticen el derecho humano a la seguridad pública.


Se negó a hacer un llamado en específico a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y a de la Procuraduría de Justicia por las condiciones de violencia  en el estado.


“Es lamentable el tema de que se prive de la vida a cualquier ser humano, estamos en un estado de derecho en el que hay que apostar a la paz, a la tranquilidad, al respeto por los derechos humanos, sin lugar a duda el tema de la delincuencia es un tema que ocupa y en el ámbito de nuestra competencia estaremos apoyando a las instituciones para que hagan su trabajo”.


Hace  Guanajuato las peores cuentas


Guanajuato es el estado que tuvo la mayor diferencia entre las cifras de homicidios dolosos que reportó la Procuraduría estatal y los asesinatos que registró el INEGI en 2017.


Para la autoridad estatal hubo 816 homicidios menos que los registrados en el Instituto Nacional de Estadística.


Después de Guanajuato el Estado de México fue el que más diferencia tuvo. Su procuraduría estatal reportó 665 casos menos que el INEGI.


En total hubo 20 entidades donde las procuradurías reportaron menos homicidios. En 11 estados la autoridad estatal registró más casos que en el INEGI y sólo en Tlaxcala las cifras coincidieron.


En Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit e Hidalgo la diferencia fue entre 157 y 100 casos menos reportados.


En Sinaloa, Quintana Roo, Chiapas y Tamaulipas la diferencia fue entre 96 y 77 casos menos. Y en los estados de Tabasco, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán fue de entre 11 y 25.


Sólo en seis entidades la variación estuvo en un rango de 10 casos más o menos contra los reportados por el INEGI. 


En Campeche fueron cinco menos, en Aguascalientes uno menos.  En Morelos  la cifra de la Procuraduría estatal fue mayor con tres casos contra la del INEGI; en Colima la diferencia fue de seis casos más y en San Luis Potosí fueron 10.


Tlaxcala es la única entidad donde la cifra fue igual: 122.


En Zacatecas, Durango, Jalisco, Baja California Sur y Guerrero, las procuradurías estatales reportaron más víctimas que las registradas en el INEGI, con un rango de 13 a 56 casos.


La procuraduría de Oaxaca reportó142 casos más, la de Baja California 234 y en Veracruz es donde estuvo la diferencia con 321 casos más contra los del INEGI.


Demanda claridad al INEGI


El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba consideró que debería clarificarse si las muertes contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están ratificadas en certificados de defunción, y si ocurrieron en el estado o se trata de guanajuatenses fallecidos en otros lugares.


El registro de homicidios elaborado por el INEGI con base en certificados o actas de defunción de las víctimas evidencia  una diferencia con los homicidios dolosos que reportó la Procuraduría de Justicia del Estado entre 2016 y 2017.


“Yo no sé si el error, en caso de haberlo, sea un error de la manera de los que se está hablando, porque si tú contabilizas los muertos en Guanajuato es diferente a los muertos ocurridos en Guanajuato, porque por un lado cuantifican los muertos por ocurrencia en Guanajuato y los muertos por Guanajuato en otros sitios, incluyendo los de Guanajuato”, explicó.


Aseguró que el INEGI solamente captura lo que le envía la fuente oficial de la defunción o sea la Secretaría de Salud, dependencia que también tiene la responsabilidad de ratificar los certificados que emite siempre y cuando haya conformidad de los familiares de las causas de muerte de una persona.


“Por eso es que las cifras originales de defunción siempre son anualizadas hasta noviembre del año posterior al año que concluye porque las muertes 2017 se ratifican en los certificados de defunción hasta noviembre-diciembre de 2018, o sea apenas este año se estará diciendo las causas de la muerte; si un guanajuatense fue en otro estado y no en Guanajuato, registra lo que le mandan los certificados de defunción”, detalló el legislador, médico de profesión.


Destacó que en los certificados Salud no clasifica como homicidio doloso o culposo la muerte de cualquier persona, sólo establece las causas de la muerte y esas cifras son recopiladas por el INEGI.


Clasifican muertes como ‘accidentes’


En la glosa del año pasado la diputada local Beatriz Manrique Guevara ya había cuestionado a la Procuraduría de Justicia la posibilidad de que se clasifique como homicidio culposo la muerte de víctimas colaterales de ejecuciones.


La legisladora del Partido Verde Ecologista (PVEM) tuvo información de personal del Ministerio Público sobre esta clasificación de homicidio culposo, esto es que ocurrió de forma accidental.


“A mí se me acercaron y me explicaban que cuando había una ejecución en donde había daños colaterales, o sea querían ejecutar al papá y ahí mismo falleció un hermano y jovencito que estaban en el momento, y solamente consideraban como doloso el objetivo de los sicarios, y los otros los mandaban a culposos porque no había habido intención”, explicó Beatriz Manrique.


El cuestionamiento se lo hizo al procurador Carlos Zamarripa Aguirre y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca Appendini,   quienes respondieron que todo era considerado un mismo hecho.


“Sin embargo recibí denuncias de agentes que a ellos les pedían clasificarlos de distinta manera, yo por eso comencé a cuestionar pero obviamente nunca he tenido acceso a una averiguación, legítimamente interesada es información a la que legalmente no se puede tener acceso pero siempre que preguntaba la respuesta era que todo se clasificaba en la misma causa, y se inculpaba por el mismo delito”, recordó la legisladora.


am publicó ayer que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato ocultó 949 homicidios dolosos ocurridos entre 2016 y 2017.


El registro de homicidios elaborado por el INEGI con base en certificados o actas de defunción de las víctimas evidencia que las cifras de muertos que reportó la autoridad estatal en esos años no son reales.


Manejo confuso 


El presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos, consideró que el manejo de la información no ha sido adecuado.


“Manejar carpeta de investigación no es lo correcto, lo que se debe dar es el número de víctimas para que sea más (claro) y se eviten estas malas interpretaciones o que en un momento dado la importancia de esto es saber el origen del problema”, comentó.


Defiende a Procuraduría 


El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, no coincidió con el análisis de las cifras del INEGI y defendió la justificación del Procurador de Justicia.


“De la comparación entre las cifras no se pueden comparar, están comparando peras con manzanas, las cifras del INEGI incluyen homicidios culposos, no sólo dolosos, no son comparables con lo que dice la Procuraduría, de manera que el Procurador tiene razón en que esas cifras no se pueden comparar o falta aclarar eso”, señaló.


Acusan ‘maquillaje’


Dirigentes de partidos políticos señalaron que el Gobierno del Estado “maquilla” las cifras de homicidios para ocultar la situación real de violencia que sufre el estado.


“Hay un tema que Betty Manrique como diputada  había expuesto en comparecencia del Procurador, porque resulta que han determinado incidentes que los mandan como culposos cuando son dolosos... Son tecnicismos que buscan ocultar la circunstancia de la violencia y el estado transgredido que estamos viviendo en Guanajuato”, señaló el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Sergio Contreras Guerrero.


El ex candidato a la Alcaldía de León mencionó que tocará al nuevo Gobierno Estatal ser más transparente, sobre todo en el tema de seguridad.


Por otro lado el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en León, Denny Méndez Pérez, exigió que se reconozca el problema de violencia.


“Exigimos que nos diga a todos los guanajuatense qué está sucediendo en la Procuraduría y por qué tratan de ocultar las cosas, creo que sabemos que es una zona de guerra en donde los carteles se apoderan de la entidad y donde están siendo cada vez más poderosos, lo que se debería hacer es reconocer el problema”, mencionó.


Además lamentó  que esto derive en que los ciudadanos no denuncien los delitos.


La presidenta del PRI en Guanajuato, Celeste Gómez Fragoso, criticó que “traten de maquillar con cifras alteradas lo que verdaderamente está sucediendo, ocultar si es culposo o doloso, finalmente siempre salen a la luz las cifras alarmantes en cuanto a los indices que tenemos de homicidios y que afectan a todo el estado”, señaló.


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