La Olla: Los fiscales “carnales”

La Olla: Los fiscales “carnales”

Opinión
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Los cinco dependen de decisiones de Miguel Márquez y los cinco ponen en riesgo su trabajo en cada una de sus sentencias.


El recién estrenado Sistema Anticorrupción


Hay 55 formas de llamarles, según conocedores del idioma, pero al final significan lo mismo. Son jueces, contralores, auditores, magistrados o fiscales,  responsables de castigar la corrupción en el gobierno de Guanajuato.


Pero adivine ¿qué?


Los cinco jueces están acotados de una u otra manera por el actual Gobernador. Los cinco dependen de decisiones de Miguel Márquez y los cinco ponen en riesgo su trabajo en cada una de sus sentencias.


Ni siquiera el recién estrenado Sistema Estatal Anticorrupción a cargo de Arminda Balbuena Cisneros, puede realizar su tarea sin ataduras.


Su nombramiento pasó por honorables ciudadanos quienes colaboraron sin otro interés que aportar sus conocimientos pero, al final de cuentas,


Arminda, ex jefa de Posgrados de la Universidad de Guanajuato, tuvo que tocar a las puertas de Márquez para pedir presupuesto.


Hasta que le autorizaron 7 millones para 2018, rentó oficina (en el 5to. piso de plaza Galereña), y empezó a contratar colaboradores. Arminda apenas se acomodaba cuando recibió de sopetón la tarea de auditar el regalazo de Jueves Santo, es decir, la concesión a Grupo México para construir y operar el Libramiento Silao. 


Arminda lanzó la bola a sus amigo de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien reunió a sus expertos: Roberto Hernández Pérez, Rafael Romo Aguiñaga, Dulce Alejandra Camacho, Claudia Susana Gómez López, Macarena Orozco Martínez, Luis Enrique Mendoza Puga, Rogelio Costilla y Víctor Manuel Izquierdo. Todos especializados en leyes, ingeniería y finanzas.


Pero… sucede que el “regalo” es un misterio. No hay proyecto ejecutivo, no hay especificaciones, no hay propuesta económica. Tampoco aparecen corridas financieras. Así ni cómo revisar si el Libramiento Silao costará 2 mil 243 millones de pesos, si es de mármol, madera, arena o cemento.


El Auditor Superior 
 


Lástima que el paso final del Auditor Superior del Estado está en manos de los diputados locales. O sea, el desenlace de las investigaciones de corrupción depende del Gobernador.


En teoría, los diputados integran un poder autónomo pero en la práctica sobran ejemplos de que Miguel Márquez controla a los legisladores panistas y a los de otros partidos que caen en las redes de Juanita de la Cruz, experta en “maicear” opositores. 


Nada menos, el pasado jueves, la diputada panista Elvira Paniagua -próxima alcaldesa de Celaya-, escondió los resultados de una auditoría que hunde al presidente perredista de Cortazar.


Elvira recibió indicaciones de reservar la auditoría para no lastimar al Alcalde del Sol Azteca. Desconocemos qué acuerdo hay entre el PRD y Miguel Márquez, pero pronto saldrá a la vista.


Este es el ejemplo más reciente de que el maestro Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior del Estado, no se manda solo. Los ciudadanos solo vemos el resultado de su trabajo cuando quiere el Gobernador.   


Javier Pérez maneja un presupuesto anual de 194 millones 500 mil pesos. Antes de ser auditor fue procurador fiscal en la Secretaría de Finanzas y además fue coordinador de políticas públicas de Miguel Márquez.


El nombramiento de Javier fue propuesto por el Congreso del Estado –controlado por el Gobernador-. Su cargo concluye en 2020.


Por cierto, en la Auditoría Superior del Estado sigue laborando Tomás Martín Hernández, inhabilitado por el Instituto Federal Electoral por 20 años. ¿O sea…?
 
Tribunal de Justicia Administrativa


Qué difícil aplicar el principio del Código Justiniano, “Nadie puede ser juez de su propia causa” en la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.


El joven magistrado, Arturo Lara Martínez, obtuvo el cargo gracias al Gobernador. No dudamos de su capacidad y honestidad intelectual pero tampoco somos ilusos. 


El juzgador debe tener una mente carente de prejuicios y garantizar un procedimiento de investigación racional y justo.


Usted opine si Arturo Lara puede juzgar sin ataduras al Estado: Miguel Márquez lo propuso para ser magistrado y Miguel Márquez colocó a su papá como Secretario de Innovación.


Sin duda el doctor Lara, ex rector de la Universidad de Guanajuato, reúne múltiples cualidades y capacidades para la Secretaría de Innovación, sin embargo, Márquez puede sustituirlo cuando quiera, sin importar si es un hombre calificado o no.


Ya vivimos un ejemplo de imposición: el magistrado Cuauhtémoc Chávez, cuñado del presidente del PAN-León, Alfredo Ling Altamirano, y ex colaborador de la secretaría particular del Gobernador, ostentó un título que no tenía. Al ser descubierto, Cuauhtémoc sonrió y ahí sigue impartiendo justicia.


Por cierto, el magistrado Arturo Lara tuvo a su cargo la investigación del presidente de SAPAL, Pedro García González.  Sentenció al leonés a separarse del cargo durante cinco meses… y ahí sigue Pedro, sin atender la sanción.


La cereza en el pastel es que la sala especializada en actos graves de corrupción tiene que investigar también líos de faldas. Resulta que el magistrado Arturo Lara acaba de recibir el expediente del conflicto pasional entre la consejera del Instituto Electoral, Beatriz Tovar Guerrero, quien públicamente agredió a la consejera de Valle de Santiago, Rosalinda Figueroa Torres. La historia de amor y lágrimas puede consultarla en YouTube. 


Secretaría de Transparencia


Ni con un presupuesto anual de 182 millones de pesos, la Secretaría de Transparencia ha dado resultados. 


El agradecimiento de María Isabel Tinoco Torres a su ex alumno Miguel Márquez, la cegó al extremo de sólo ver las cosas buenas del Gobernador y sus colaboradores. 


El trabajo de Tinoco estuvo enfocado a elaborar manuales para evitar las corrupción, conferencias y pláticas más de índole espiritual que técnico.


Lo dicho, María Isabel sería la Superiora perfecta de cualquier congregación. Sus cualidades humanas no están a discusión, pero no le pidamos que investigue al gobierno de quien le extendió los brazos.



Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción


Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, ni siquiera tiene oficina independiente y menos cuenta con presupuesto propio para trabajar.


Medina Torres estaba al frente del combate al robo de autos en el Estado, dependiente de la Procuraduría, y de pronto apareció en la lista de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. 


Abogados y ciudadanos conocedores del significado de colocar un “incondicional” como fiscal anticorrupción reclamaron y se opusieron al nombramiento, pero al final ganó el mandato oficial y Marco Antonio asumió la Fiscalía Anticorrupción.


Lástima, nadie sabe qué hace Marco Antonio. Su oficina aparece dentro del bunker de la Procuraduría; su teléfono es el conmutador del mismo lugar y en el presupuesto del Estado no hay dinero especialmente destinado a su tarea.  


El presupuesto de egresos solo establece los recursos para la Procuraduría en 2018 que ascienden a 2 mil 346 millones de pesos.


Acceso a Información Pública


Vamos a ver cómo andamos en Guanajuato en  información pública. 


Resulta que Ángeles Ducoing Valdepeña preside el Instituto de Acceso a la Información Pública y adivine... Antes de llegar a la cumbre del IACIP, trabajó en el área jurídica de la Secretaría de Educación.


Seguramente en los ratos libres se especializó en información pública pero sus conocimientos no los trasmite a las unidades de transparencia del


Estado, así que los ciudadanos sufrimos las de Caín para obtener cualquier dato que debería ser público.


Por principio de cuentas las unidades de transparencia están bajo el dominio de las oficinas de prensa, quienes enteran de inmediato a sus jefes.


O sea, las unidades de transparencia están al servicio de los funcionarios y no de los ciudadanos. Hay infinidad de ejemplos. El más reciente ocurrió esta semana con el concurso para alimentar a enfermos y personal de hospitales del Estado. La Ley de Transparencia obliga a las autoridades a informar la lista de participantes en la licitación -sin decir las propuestas de cada uno-, pero el Gobierno decidió que absolutamente todo es un secreto. 


Caray, la semana pasada no era secreta la lista de participantes de un concurso. Esta vez, dijo un vocero de Comunicación Social, la instrucción fue del subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón.


Ecos del Consejo del PAN Nacional


Allá en la Ciudad de México los consejeros panistas se dan con todo desde ayer. De Guanajuato no acudieron los 20 por diversas razones que nadie hizo públicas. Miguel Márquez simplemente no asistió.


Al inicio del Consejo se registraron 60 oradores, de chile, dulce y manteca, todos para hablar sobre las posibles causas de la derrota del PAN en todo México, excepto en Guanajuato. 


Llegó el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y se sintió el apoyo a Marko Cortés, así que a ningún panista le quedó alguna duda de los deseos de su ex líder nacional.  


Del grupo de ex gobernadores coordinados por Ernesto Ruffo, todavía no hay luz verde. El viernes acudieron con Ruffo los guanajuatenses Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks; Marcelo de los Santos y Marco Adame; los cinco posaron para la foto pero nadie dijo quién competirá contra Marko. 


Durante el Consejo hubo de todo; unos culparon a Enrique Peña Nieto de la derrota de Ricardo Anaya, por las acusaciones en su contra;  otros dijeron que hay traidores en el PAN, hubo quienes le echaron la culpa a los medios de comunicación.


Damián Cepeda, actual presidente del PAN nacional, tuvo la osadía de señalar como traidores a Vicente Fox y a Felipe Calderón.
Otros consejeros hablaron de un “fenómeno sociológico” en torno a Andrés Manuel López Obrador.


Las explicaciones a la derrota estuvieron a flor de piel pero, adivine usted, no hubo autocrítica; pasaron las horas y en todo momento, todos culparon a otros. Cero autocrítica.