Legítima defensa privilegiada
Legítima defensa privilegiada

Legítima defensa privilegiada

Opinión
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Tengo en mis manos una iniciativa de reforma al Código Penal de nuestro Estado de Guanajuato.


Tengo en mis manos una iniciativa de reforma al Código Penal de nuestro Estado de Guanajuato, que pretende adicionar un párrafo a la fracción V del artículo 33 que es el que señala cuáles son las causas de exclusión del delito, que son aquellas situaciones que de concurrir con la conducta de una persona al momento de cometerse un acto ilícito, da como resultado que no se le culpe o se le exonere de la comisión de dicho delito. 


En el caso de esta Iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a través de los Diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado; se pretende ampliar el concepto de “Legítima Defensa” para que su acreditación ante la autoridad ya sea ministerial o judicial sea más sencilla o práctica para aquella persona que por evitar o defenderse de la agresión de un delincuente le cause a éste un daño.


Actualmente la Fracción V de dicho artículo 33 indica que existe legítima defensa cuando se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad razonable de la defensa empleada para repelerla o impedirla. 


En la realidad hemos visto o nos enteramos por los medios de comunicación, por las redes sociales, por pláticas con conocidos y en nuestro caso particular, por consultas con clientes o con personas afectadas.


Que cuando ocurre un hecho en el que se actúa en defensa propia, ya sea porque la persona estaba siendo asaltada en su domicilio, como pasa ya de manera muy frecuente, o al llegar a un sitio de su propiedad se da cuenta de que hay intrusos dentro y se está cometiendo un delito, y en ese afán por impedirlo o protegerse del agresor le causa lesiones o hasta lo priva de la vida, ya sea porque tuvo a la mano un arma de fuego o cualquier otro tipo de instrumento con el que pudo defenderse.


Después cuando llega la policía y se lo tienen que llevar detenido para presentarlo ante el Ministerio Público, a pesar de haber actuado conforme a una acción legítima de defensa propia, comienza el calvario para demostrar que así fueron los hechos y se victimiza aún más a la persona que ya de por sí ha sufrido la agresión de la delincuencia, pero ahora por parte del aparato judicial del Estado.


Pues bien, sensibles a estas situaciones que ya se presentan con mayor frecuencia porque los modus operandi de la delincuencia cada vez son más temerarios y agresivos, fue que los diputados panistas se inspiraron en figuras jurídicas que han resultado más efectivas en otros países, en este caso Chile, para incorporar a la legislación local la “Legítima Defensa Privilegiada” que no es otra cosa que auxiliar y atenuar los efectos del proceso penal en una persona que ha actuado en defensa propia, para que se presuma por parte de la autoridad penal que existen los requisitos necesarios para que el sujeto haya llevado a cabo dicha defensa sin que tenga que comprobarlos puesto que basta con que se verifique cómo sucedieron los hechos para dar por sentado que existe una causa de justificación por la cual el delito cometido contra el agresor o delincuente no se configure en contra de quien se defendió.


En este sentido, si un sujeto que porta un arma de fuego o un arma blanca, con el ánimo de robar se introduce en un domicilio, normalmente por escalamiento, entendiéndose éste según la doctrina penal, cualquier forma de introducirse ilegalmente al hogar, negocio, comercio o industria, forzando inclusive las cerraduras o rompiendo puertas y ventanas y es sorprendido por el dueño de la casa o negocio quien al defenderse le propina un golpe que deje lesionado al intruso o si tiene un arma de fuego a la mano la acciona en contra del ladrón que también va armado.


Al momento de que sea presentado ante un Ministerio Público, deberá obtener su libertad inmediata sin que tenga que ser puesto a disposición de un Juez Penal, puesto que de la mecánica de los hechos sucedidos, quedará automáticamente acreditado que actuó en defensa propia y no tendrá que demostrar que a quien lesionó o mató era un delincuente que se introdujo ilícitamente a su domicilio para cometer un delito. 


Será al Ministerio Público al que le corresponda entonces probar que no existió tal intromisión ilícita, que a los moradores del inmueble no les asistía el derecho de defenderse, o bien, que existió un abuso de esa excluyente de responsabilidad.


Nos parece que de aprobarse esta reforma, puede contribuir a disminuir los índices delictivos sobre todo en el rubro de robo a casa-habitación o negocios, porque proporciona una herramienta legal a favor de los ciudadanos puesto que ahora sí, con más seguridad podrán defender su patrimonio, el de su familia, o el de terceros (como el caso de los veladores o personal de seguridad de las empresas) sin que sean tratados como delincuentes mientras se deslindan responsabilidades; y los verdaderos criminales tendrán que pensarlo dos veces antes de querer cometer un delito de este tipo. 


Así mismo, puede ser justificable el hecho de tener en el domicilio perros guardianes que al momento de detectar la intromisión de un sujeto desconocido lo ataquen, como el caso tan sonado del perro que pasó varias semanas depositado en la perrera municipal aquí en León, porque defendió la casa de su dueño de un ladrón a quien le propinó mordidas en brazos y piernas, y mientras se averiguaba y se comprobaba que el herido efectivamente se había introducido al inmueble por el patio forzando chapas para robar, quedó a disposición de la autoridad con el riesgo hasta de ser sacrificado por su aparente bravura y mientras tanto los dueños del can considerados como presuntos responsables de las lesiones del ladrón, o sea que a parte de haber estado en riesgo su patrimonio todavía tenían que pagarle al delincuente por las lesiones que presentó a causa del ataque del perro.


Bienvenida esta propuesta que nos parece adecuada y positiva por encontrar apoyo en la práctica aún en otros países, como lo ha sido ahora en Chile, fundado en la excelente teoría del Maestro Mario Guillermo Rojo Araneda, Catedrático de la Universidad de Santiago de Chile, que los amables lectores pueden consultar en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Año 2013, Número 1, páginas 459 a 477, con el título


“Crónicas Extranjeras La Legítima defensa y la Legítima Defensa Privilegiada”. 


Ojalá y que los ciudadanos una vez que entre en vigor esta reforma no duden en ejercer su derecho de defensa contra la delincuencia.


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