¿Un hombre trans en la prisión de mujeres?

¿Un hombre trans en la prisión de mujeres?

Opinión
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Durante los últimos días se ha dado a conocer el caso de una persona trans acusada de homicidio en León. Además de la información sobre su vida privada, se ha difundido que este hombre trans estará privado de su libertad durante los próximos seis meses en el CERESO de mujeres. El caso nos invita a compartir en este espacio los estándares de derechos humanos que los Estados y, por consiguiente, las autoridades guanajuatenses, están obligados a cumplir en casos de personas trans privadas de su libertad.


El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; dio a conocer en un informe de 2013 que “las personas LGBT se encuentran en el último escalafón de la jerarquía informal que se genera en los centros de detención, lo que da lugar a una discriminación doble o triple, y se encuentran sometidas de manera desproporcionada a actos de tortura y otras formas de malos tratos.” Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado que en varios países de la OEA agentes de policía incitan a otras personas a abusar sexualmente de personas LGBTI detenidas o permiten que sean golpeadas o abusadas por otros internos.


En el caso específico de las personas trans en conflicto con la ley, surge el dilema sobre el centro de privación de la libertad al que deben ser enviadas. Tomando en cuenta que en este contexto están en dependencia completa del Estado y que es obligación de éste prevenir actos de violencia en su contra, ¿se les debe enviar al lugar que corresponda con su identidad de género o a aquél que responde al sexo que les fue asignado al nacer? Según la CIDH, esta decisión debe tomarse caso por caso, asegurando que las personas trans sean escuchadas al decidir y tomando medidas para garantizar su integridad personal.


Una vez decidido el lugar en el que serán privadas de la libertad, ¿cuáles pueden ser estas medidas a tomar para garantizar su bienestar? Algunos Estados e incluso ustedes, amables lectores, pensarán que una buena acción sería el separar a la persona trans del resto de población para efectos de su propia seguridad.


No obstante, desde una perspectiva de derechos humanos, las medidas tomadas para proteger a las personas LGBTI no deben tener más restricciones a sus derechos que las experimentadas por la población carcelaria en general. Por lo que se deben evitar las acciones que excedan los niveles de sufrimiento inherentes a la reclusión, como lo sería el aislamiento, que debe utilizarse como medida excepcional de último recurso. Sería discriminatorio aislar a una persona trans bajo el pretexto de protegerla y con ello, entre otras consecuencias, limitar su acceso a actividades y beneficios que se ofrecen a la demás población y que son necesarios para la participación en programas de excarcelación temprana.


En adición a todo lo mencionado, la CIDH también insta a garantizar mecanismos eficaces de denuncia y seguimiento de violaciones a derechos humanos dentro de centros de privación de la libertad, evaluaciones de riesgo personalizadas al momento de ingresar, y recopilación cuidadosa de datos sobre las personas trans privadas de la libertad. ¿Se habrán hecho estas evaluaciones de riesgo al momento de decidir ingresar al hombre trans en cuestión en un centro para mujeres? ¿se habrá escuchado su opinión? ¿acaso conoce la Procuraduría de Justicia de Guanajuato estos estándares? ¿cuál será su situación dentro de los próximos seis meses?


Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”


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