El Derecho a la Informacion como Derecho Fundamental: Análisis del Dr. Sergio López Ayllón

El Derecho a la Informacion como Derecho Fundamental: Análisis del Dr. Sergio López Ayllón

Opinión
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Nos señala el Dr. López Ayllón, que se debe determinar si existe en el derecho mexicano un ‘‘derecho a la información’’

Sergio Arellano Rabiela


Partiendo de las investigaciones de un reconocido experto como lo es Sergio López Ayllón, quien es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), actualmente su director general, considerado a la par del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de los más importantes del país y con gran impacto internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia Mexicana de Ciencias, del Research Commitee on the Sociology of Law, de la International Academy of Comparative Law y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, entre otras asociaciones. Ha participado en diversos cuerpos colegiados y actualmente es miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, del Center for U.S. and Mexican Law de la Universidad de Houston, desde hace cinco años jurado del Harvard - Stanford International Junior Faculty Forum. Previamente fue investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos señala con gran contenido reflexivo el Dr. López Ayllón, que el derecho a la información como libertad fundamental, se debe determinar si existe en el derecho mexicano un ‘‘derecho a la información’’ y es necesario preguntarse si existe una norma de derecho fundamental que establezca tal derecho en la Constitución Mexicana.  
La respuesta a esta pregunta es, en primera instancia afirmativa, pues la parte final  del  artículo  6o.  constitucional establece que ‘‘El derecho a la información será garantizado por el Estado’’, sin embargo, este enunciado no nos dice qué es ese derecho, ni cómo, en su caso, lo garantiza el Estado. Es importante el análisis que se hace en cuanto al ‘‘derecho a la información’’ (o la libertad de expresión o la libertad de información) ya que comprende tres facultades interrelacionadas:  Las de buscar, recibir  o  difundir  informaciones,  opiniones  o  ideas, de  manera oral  o  escrita,  en  forma  impresa,  artística  o  por  cualquier  otro  procedimiento. En este sentido, tal derecho incluye las libertades tradicionales de expresión e imprenta, debido a  que  extiende  la  protección no sólo a la ‘‘búsqueda’’ y ‘‘difusión’’, sino también a la ‘‘recepción’’ de informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio. 
El derecho a la información en México como lo señala en su investigación, tiene restricciones explícitas que están enunciadas en los artículos 6, 7, 3 y 130 de la Constitución, 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13.2 de la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, y  otras  disposiciones aplicables  de  los  códigos  penales  y  la  Ley  de  Imprenta. Esquemáticamente se refieren a aquellas que vayan en contra de la moral, la seguridad nacional, la defensa del Estado democrático, el orden y la seguridad pública, la salud pública, así como el derecho a la intimidad o vida privada, el derecho al honor y la reputación. El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la citada información y su acceso, constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública-privada y mejorar la calidad de la democracia y respeto a los derechos fundamentales. 
En  efecto,  la  vida  democrática  depende  de  la  construcción  de  un  espacio público informado. Así, en condiciones iguales, “cuanto mayor sea el grado  de  accesibilidad  pública  al  derecho,  de  las  decisiones  judiciales junto con su justificación y de los otros documentos oficiales, tanto mejor es el Estado de derecho’’. Dicho de otro modo, sin información el Estado de  derecho  no  es  posible  ni  viable.  Por ello, resulta  indispensable,  y urgente,  una  modificación  en  el  régimen  jurídico  de  la  información  en nuestro  país,  pues,  a  pesar  de  los  debates  de  los  que  ha  sido  objeto,  ha permanecido como uno de los sectores más reacios a una reforma integral que  defina  los  sujetos  informativos,  sus  prerrogativas,  responsabilidades y obligaciones. El ‘‘vacío jurídico’’ existente, particularmente en las condiciones de cambio tecnológico, sólo fomenta la impresión de un caos y favorece los intereses creados. 
Así, la situación que guardan la legislación y la jurisprudencia mexicanas en materia de información se  explica  tanto  por  la  ausencia  de  una política  de  comunicación  social  que  permita  estructurar  coherentemente al régimen jurídico de la información, como por una formulación dogmática rigurosa de las libertades en materia de información. 
Lo anterior sólo podrá alcanzarse mediante un consenso político que incluya al Estado, los medios de comunicación y  la  sociedad  civil  respecto  de  los  objetivos,  la función, los medios y las garantías de la información, el cual debería tomar en cuenta las condiciones económicas y tecnológicas de la información, en particular, la existencia de redes de información a escala global. Este consenso podría entonces traducirse en las medidas legislativas o reglamentarias correspondientes y  en  la  creación  de  las  instituciones apropiadas encargadas de la aplicación y evolución del marco jurídico. “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, Nelson Mandela”.