¡Descortesía o…!

¡Descortesía o…!

Opinión
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Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley...

Lic. Mario Gutiérrez Covarrubias


En la semana pasada, el senador Ricardo Monreal que funge como coordinador de Morena en el Senado presentó una iniciativa de ley para que en el poder judicial de la Federación los magistrados y jueces que forman parte de este sean sujetos a una rotación en sus descripciones de manera obligatoria. Pretende pues, que esos funcionarios no puedan permanecer más de seis años, ni menos de tres en un lugar ejerciendo su función. Según lo que publican los medios la razón que se argumenta en la iniciativa es que se busca terminar con la corrupción y el nepotismo ante la compleja situación que actualmente tiene el poder judicial de la Federación. El senador dice también según lo que se publica que no se puede soslayar la necesidad de un sistema de rotación, si se tiene en consideración la existencia de casos en el poder judicial que son la consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados por la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y el nepotismo que subyace en múltiples casos.


Habría que decir, por principio de cuentas, que la permanencia en el puesto después de haberse llenado determinados requisitos es para los jueces y magistrados una garantía judicial que en México como en otros países ha sido reconocida. También en cierta medida es criterio de tener respeto a la adscripción territorial del funcionario judicial, juez o magistrado, mientras no existan razones de peso que ameriten su cambio, razones que deben estar siempre en función del mejor desempeño de la actividad judicial. Esto quiere decir, que los funcionarios judiciales mencionados no se les puede cambiar simple y llanamente por el deseo de los superiores, sino, que deben existir argumentos que justifiquen ese cambio. No se trata en estricto rigor de una rotación, sino simplemente, cambios por las necesidades del servicio, las que en todos los casos deben ser plenamente justificadas. Lo anterior para dejar en claro que la inamovilidad judicial cuando existe debido a que se dan las condiciones para ello, no implica que no se pueda mover a un juez o magistrado a otra adscripción.


Conforme a lo que se ha dicho de la iniciativa propuesta por el senador anteriormente mencionado, la rotación implicaría un movimiento constante de los funcionarios judiciales señalados para cambiarlos de juzgado, en el caso de los jueces, o del tribunal en el caso de que los magistrados sean colegiados de circuito o unitario, movimiento que se daría sujeto a un período mínimo de tres años o máximo de seis para evitar corrupción y lo que llamó nepotismo. A mi juicio la iniciativa no tiene fundamentos sólidos, según lo que hasta el momento se conoce. Si con el cambio de adscripción se quiere evitar lo que parece ser cierto, que en algunos juzgados o tribunales trabajen familiares de un juez o magistrado que desempeña su función en juzgado o tribunal distinto, en la mayoría de los casos de la misma ciudad, la rotación no parecería la solución, pues aun cambiándolos de adscripción el juez magistrado bien puede recomendar a un pariente suyo a otro funcionario de otro distrito o circuito pues bastará una llamada telefónica o una comunicación por correo electrónico. Pero, además, lo más importante es que aun siendo verdad eso de las recomendaciones, no hay una argumentación clara de que esto venga en demérito de la administración de justicia, porque en los casos de funcionarios que sí tienen participación en esa función, hasta ahora no se sabe que alguno haya sido designado por recomendación de algún colega. Los casos son relacionados con empleados que no tienen influencia en la decisión de los casos. Quienes sí pueden tenerla son funcionarios que son nombrados de manera distinta y por el Consejo del Judicial Federal. Pero además no hay datos precisos y concretos de algún caso en concreto. Por otra parte, la permanencia de un juez o magistrado en un lugar de adscripción no necesariamente acarrea prácticas corruptas o de connivencia con los litigantes. Eso puede darse aun cuando el funcionario tenga poco tiempo en una ciudad desempeñando su cargo. No hay pues una estadística que nos revele la relación entre esas circunstancias o cuando menos no se cita por el que propone la iniciativa. Parece que la preocupación del senador se deriva de publicaciones en los diarios acerca de esas recomendaciones, sin que el Senado haya averiguado realmente al respecto. La práctica de tales recomendaciones entre colegas del poder judicial, a mi juicio no afecta realmente la función; sin embargo, sí lesiona injustamente en cierta medida la posibilidad de ingreso o de ascenso de quienes no tienen esa facilidad. Pero no parece ser que la rotación sea la solución, porque no impedirá esas recomendaciones y tampoco garantiza que mover de lugar a un funcionario le dé la honradez que no tiene de por sí; rotación que por otra parte además de complicarse en cuanto a su manejo y equidad, si como se propone quedaría en manos de un órgano distinto al Consejo del Poder Judicial Federal, sería lesiva a las atribuciones de este y definitivamente inconstitucional si proviniere de alguno ajeno al poder judicial. No se contempla, además, el daño que a las familias de los funcionarios se causaría con ese constante movimiento en el ámbito de los aspectos educativo y de relaciones sociales, que no por ser de segundo orden dejan de tener importancia desde el punto de vista humano y para el bienestar del funcionario.


Pero lo que más preocupa, es la sospecha de que no sea una descortesía, sino el comienzo de una imposición disfrazada al poder judicial, por su renuencia a la disminución de sus sueldos y a una participación mayor a la austeridad que viene.


 


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