Columna Jurídica

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Opinión
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La opinión pública y el castigo.

Foto: am

aEn los últimos meses se han presentado diversos casos en Hidalgo relativos a la comisión de hechos delictivos y el hartazgo social frente a esos brotes de delincuencia, mismos que no solamente evidencian la falta de control social, sino también las escasas políticas públicas en materia de seguridad y que se terminan traduciendo en muestras reales de un estado fallido. 

Ante estas situaciones, la población se ha visto en la necesidad de actuar por su cuenta, es decir, de hacer justicia por su propia mano, cuestión por demás ilegal y que el estado debe eliminar ya que cada vez es más recurrente el actuar por sí mismo en gran medida a causa de la desconfianza en las autoridades. Estas conductas ilícitas conllevan una serie de actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos y a que el delito no quede impune, con la correspondiente sanción al autor o autores de dichos delitos, tal y como ocurre en Metepec, Hidalgo con el homicidio de un funcionario público derivado de un linchamiento cometido por la comunidad de dicho municipio misma que se encontraba enfurecida por la presencia de un grupo de personas aparentemente sospechosas. 

Estas conductas y la sanción que buscamos como sociedad ha sido objeto de estudio en diversas publicaciones, entre ellas el estudio publicado por Daniel Varona Gómez en el libro titulado “El debate ciudadano sobre la justicia penal y el castigo: razón y emoción en el camino hacia un Derecho penal democrático”. 

En dicha obra se aborda un tema central que tiene que ver con lo aquí escrito: el furor social ante la comisión de un delito y el castigo que se exige aun sin conocer el derecho penal. 

La pregunta que el autor se hace es: ¿debemos considerar a la opinión pública al momento de establecer las penas y medidas de seguridad para sancionar un delito? 

El propio autor refiere que es indiscutible que debamos contar con la opinión de los ciudadanos a la hora de diseñar la política criminal de un país, por dos razones: una que tiene que ver con la propia estructura política del sistema, pues no en vano la política criminal es una especie de género más amplio, lo cual requiere entonces una reflexión sobre lo que implica esta apelación a la política. La segunda razón tiene que ver con la función del Derecho penal, y se centra así en el otro término del concepto: se trata de política criminal y, por tanto, la inclusión de la voz de la ciudadanía en este ámbito de la política debe vincularse también con la propia comprensión y contenido del Derecho penal. 

En ese orden de ideas, para considerar la opinión pública al momento de establecer políticas criminales, el estado, sin afán de manipular la información deberá también ser consciente de que la opinión pública merece y necesita estar debidamente informada de lo ocurrido para contar con una idea inteligente y que ello pueda aportar al debate criminológico.