Justicia electoral dependiente, al servicio del statu quo partidocrático…

Justicia electoral dependiente, al servicio del statu quo partidocrático…

Opinión
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Los argumentos sustentados por Mendoza Márquez fueron sistemáticamente eludidos por los jueces.

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De las muchas elecciones que se realizaron el pasado mes de julio -Más de 2,200, entre federales y locales-, poco más de la mitad fueron impugnadas judicialmente por diferentes motivos, invocándose causales de nulidad en votación o elecciones[1]; pero en ninguna de estas muchas impugnaciones se otorgó la nulidad demandada.


En nuestro ámbito doméstico, Javier Mendoza Márquez, quien fuera candidato independiente, impugnó la declaratoria de validez de la elección municipal denunciando un patrón electoral de comportamientos atípicos de autoridades y actores partidistas, como indubitables indicios en la comisión de un fraude electoral.


Sin pretender entrar en detalles de este alegado fraude, pues el espacio no me lo permite, es de referir que los argumentos sustentados por Mendoza Márquez fueron sistemáticamente eludidos por los jueces, a los que, presuntamente, les tocaba decir el derecho.


Y es que este costoso armatroste jurisdiccional electoral, el TEEG y el TRIFE, en realidad fueron creados para la salvaguarda única del statu quo partidocrático. Funcionan como una simple caja de amortiguamiento de las pugnas pos-electorales, dentro de mismo grupo partidocrático y en un amplio arreglo de valores entendidos; y, acaso, para sancionar sólo los casos más extremos.


De lo anterior, es válido afirmar que la verdad legal respecto de la elección municipal de Celaya no es la que ahora pregonan los pícaros panistas gananciosos; esto es, que las anomalías electorales denunciadas nunca fueron probadas.


Por el contrario, se aportaron elementos de convicción suficientes para que se declarará la nulidad de la elección. Solo que los jueces, escudados en rigurosos formalismos, eludieron sistemáticamente entrar al análisis del fondo del asunto, violándose así el derecho humano de acceso a la justicia.


Pero quiero apuntar aquí que los mismos partidos han abierto, en su demagogia y quizás de manera imprudente o sin percatarse, un enorme boquete legislativo que los expone en sus muchas contradicciones existenciales, y los coloca en entredicho respecto a la injusta legalidad que les da sustento: me refiero al reconocimiento constitucional de los derechos humanos, y la de su salvaguarda como cardinal.


En el año 2011 se modificó la Constitución federal abrogando el anterior concepto de garantías individuales y sustituyéndolo por el de derechos humanos[2]. Este cambio puede tener alcances insospechados pues amplifica de modo significativo la tutela de derechos fundamentales a los gobernados, antes cercados por esas pocas y enunciativas garantías individuales.


Ahora todos los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en la multitud de convenios o tratados internacionales signados y ratificados por el Estado Mexicano, forman parte de este máximo resguardo.


Sin embargo, el Poder Judicial ha doblado las manos ante el arbitrario despliegue de los partidos en sus muchos privilegios, franquicias o monopolios legales. Y esto, a pesar de que el nuevo estatus jurídico asentado en los susodichos derechos humanos, le otorga la facultad de conducir justamente la terminación de este inicuo arreglo partidocrático.


Y en esto no exagero, ya que la legalidad sobre la que se asienta la partidocracia, que permite toda clase de excesos y exclusiones, está plagada de prescripciones violatorias a los derechos humanos.


Se puede afirmar acerca de los derechos humanos, que o se respetan a plenitud, o en su defecto, se violan; no hay por tanto, no puede haber, grados intermedios en esta asignatura.


Así pues, en cada acto de jurisdicción que implique de cualquier norma jurídica violaciones a los derechos humanos, los tribunales tendrían la oportunidad de revalidar su independencia formal y constituirse de modo firme en ese tercer poder de control constitucional, y ahora también convencional. A esto, sin embargo, están renunciando de modo impúdico y sistemático; el poder judicial tiene todos los visos de ser parte del mismo arreglo partidocrático.


¿Qué hacer entonces? Con las reformas a la Constitución comentadas, los ciudadanos podrían arrebatar la iniciativa política a los partidos. Para este propósito, las instancias internacionales de jurisdicción de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser un instrumento jurídico muy poderoso y efectivo al alcance de todo interesado que lo sepa hacer valer con pertinencia. Se trata de obligar al Estado mexicano desde fuera.


El electorado de Celaya, que mayoritariamente se manifestó en franco rechazo al oficialismo panista, es el primer agraviado de ese alegado fraude y de la actuación de los tribunales electorales.


También es cierto que corresponde al único candidato que se atrevió a impugnarlo, el independiente Javier Mendoza Márquez, acudir ante esas instancias supranacionales a defender nuestros derechos colectivos violados y, acaso, determinar con ello cambios en las legislaciones electorales secundarias, cuya aplicación es vehículo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos…


@inigorota  

 

[1] En: http://portales.te.gob.mx/sga_estadisticas/ (Última revisión: Octubre de 2018).


[2] Artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a su artículo 133.