Emite CNDH recomendación contra Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo

Emite CNDH recomendación contra Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo

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La CNDH pide que no se repita la utilización de las cárceles municipales para albergar a personas procesadas y sentenciadas.

Por el internamiento irregular de personas sentenciadas en cárceles distritales, cuando dichos espacios son para faltas administrativas.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, por el irregular internamiento de personas procesadas y sentenciadas en las cárceles distritales de Atotonilco el Grande, Tizayuca y Zacualtipán, cuando dichos espacios son para albergar a sancionados por infracciones administrativas durante un máximo de 36 horas.




A través de la recomendación publicada este martes, el organismo autónomo dijo que es preocupante que las autoridades consideren el internamiento de personas sentenciadas en cárceles distritales que están a cargo de los Municipios.


 

INCUMPLEN FINALIDAD DE CÁRCELES 


Tras su investigación y visitas a esos sitios, el organismo autónomo observó que al no cumplir la finalidad para la que fueron creadas esas cárceles, se violentan los derechos a la seguridad jurídica y la legalidad de las personas privadas de la libertad, a quienes las autoridades judiciales internan de manera irregular.

La CNDH puntualizó que las cárceles municipales han sido concebidas constitucionalmente bajo una naturaleza administrativa distinta a la penal.
 

CÁRCELES REPROBADAS


 


De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), la CNDH destacó las bajas calificaciones que obtuvieron esos centros: Atotonilco el Grande, 3.37; Tizayuca, 2.59, y Zacualtipán, 2.55, en una escala de 1 a 10.

El 13 de septiembre de 2016 la Comisión emitió la recomendación general 28, sobre la situación irregular de las cárceles municipales, misma que fue notificada a todas las instancias correspondientes, incluyéndose a la titular del Tribunal Superior de Justicia.

Por tanto, la CNDH pide que no se repita la utilización de las cárceles municipales para albergar a personas procesadas y sentenciadas penalmente, evitando con ello nuevos hechos violatorios, además de que se designe a un servidor público de alto nivel que funja como enlace con este organismo nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
 

CÁRCEL TIZAYUCA


Al 6 de julio de 2018, en la cárcel de Tizayuca había 136 personas privadas de la libertad, todas por delitos del fuero común, de ellas 109 eran procesadas, nueve sentenciadas en primera instancia y 18 con sentencia ejecutoriada.

La plantilla del personal, en total, se integraba por tres policías municipales que auxilian en funciones administrativas y 14 elementos de seguridad y custodia de la Policía Municipal.

El salario de todo el personal es cubierto por el ayuntamiento, ya que el establecimiento depende de Éste y no se cuenta con reglamento interno, solamente con protocolos de actuación que envió la Subsecretaría.

La CNDH recorrió estas instalaciones, constatando que no son las adecuadas para garantizar la seguridad y actividades propias de un centro de reclusión, ya que no cuentan con personal administrativo ni técnico; el de seguridad y custodia es insuficiente, y los recursos económicos no cubren las necesidades básicas de la población interna.
 

CÁRCEL ATOTONILCO


Había 18 personas privadas de la libertad, todas por delitos del fuero común, ocho procesadas, tres sentenciadas en primera instancia y siete con sentencia ejecutoriada.
 

CÁRCEL ZACUALTIPÁN


Había 36 personas internas, de ellas, 25 eran procesadas, dos sentenciadas en primera instancia y nueve con sentencia ejecutoriada.

En estas dos últimas cárceles visitadas por personal de la Comisión, se constató que dependían también del ayuntamiento; este cubre el salario del personal que ahí labora (cuatro elementos), advirtiéndose que los encargados en esos sitios eran policías municipales, toda vez que quienes fungen como titulares son los directores de Seguridad Pública en cada municipio.

La Comisión constató sobrepoblación, hacinamiento, ausencia de actividades, de servicio médico, de comité técnico y de reglamento interno.


 


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