En Irapuato y Celaya, ante violencia, palabras

En Irapuato y Celaya, ante violencia, palabras

Opinión
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En Irapuato y Celaya no hay claridad en el combate a la inseguridad; los panistas mantienen posturas encontradas en planes de seguridad

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Irapuato, ahora sí se coordinarán


 


Parece que ahora sí Irapuato estará integrado en la estrategia de seguridad de Gobierno del Estado con lo que habría una posibilidad de que la aplastante realidad pudiera cambiar en este municipio.


A puerta cerrada, el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez se reunió con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca. Como siempre, no quisieron decir qué acciones van a realizar para frenar la aplastante inseguridad que sufren los irapuatenses.


La pobre respuesta de Ortiz Gutiérrez fue que los acuerdos incluyen la contratación de más elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para hacer operativos conjuntos con la Policía Municipal.


Pero siempre es lo mismo, siempre dicen que van a hacer operativos conjuntos, mandan boletines de los primeros resultados y poco después todo se va con el viento, y ya no se sabe si realmente existe la coordinación. Y también es común que, a cada rato, dicen que no se están coordinando, y que unos sí están haciendo su trabajo y otros no, dejando a la ciudadanía confundida y a la espera de respuestas.


Aún no se sabe cuándo empezará a funcionar la coordinación, o si de verdad existirá, y lo único que se puede hacer es confiar en que en serio harán algo.


Contrario a lo que se rumora en Irapuato, la violencia no sólo alcanza a quienes andan metidos en cosas 'chuecas' como lo declara en repetidas ocasiones el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz.


Esta semana Irapuato perdió a una mujer muy querida, una empresaria altruista, Elisa Serna Álvarez, quien tenía el sueño de, a través de su asociación civil, construir casas para los más necesitados, lamentablemente murió a manos de la delincuencia y más lamentable la "Postura oficial del Municipio", un triste comunicado que confirmó su identidad y reveló una de las líneas de investigación.


Ese día el alcalde de Irapuato no acudió al evento que según su agenda diaria tenía programado en el Parque Tecno-Industrial, Castro del Río, no sabemos si para evitar ser cuestionado sobre el caso o si de verdad le surgió algo aún más importante que no le permitiera presentarse.


 


 


¿Y en Celaya?


 


En Celaya no llegan ni a reuniones todavía con Gobierno del Estado. Lo cierto es que la alcaldesa Elvira Paniagua, sigue sin definir si el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, continuará el trienio completo y mucho menos se ha presentado un Programa de Seguridad.


La estrategia pareciera negar la realidad y anunciar avances sin mostrar evidencias de ello. Para muestra está la reacción de la Alcaldesa luego de que la organización ciudadana, Causa Común, presentó un informe donde expone cifras que señalan que Guanajuato es el estado de la República más peligroso para los policías, donde se registraban 63 asesinatos de uniformados hasta este mes de diciembre en 19 de los 46 municipios del estado, 11 fueron en Salamanca, en Irapuato hubo 10, en Salvatierra 7 y en Celaya fueron 5 policías.


Las cifras parecieron no alarmar a Paniagua Rodríguez, quien se limitó a decir que no coincide con la nota, como si con ello acabaran los asesinatos de policías. Es cierto, la Alcaldesa se ha pronunciado por mejorar las condiciones laborales de los oficiales y de sus familias. El exalcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, todo el tiempo dijo que no era un tema privativo de Celaya y que hacía falta respaldo Federal.


El tema fue aventarse la bolita en tres años, echar la culpa al Gobierno que no es del mismo partido. La Alcaldesa continuó diciendo que Guanajuato no es el único estado que está sufriendo la violencia hacia sus elementos, un discurso repetido por los que buscan evadir las preguntas incómodas.


 


 


Punto para la oposición


 


La oposición en el Ayuntamiento de Celaya ya mostró el músculo. Durante la última sesión la alcaldesa Elvira Paniagua propuso la modificación al artículo 29 de las disposiciones administrativas, en el cual se contemplaba beneficiar con descuentos y condonaciones de pago en actividades culturales y deportivas a los ciudadanos que cuenten con la tarjeta “Impulso” que promueve el Gobierno del Estado.


El mismo programa en el que se invirtieron los 350 millones de pesos que se pidieron prestados y que fueron aprobados en el trienio pasado, precisamente por Paniagua Rodríguez cuando era diputada local.


En la Sesión de Ayuntamiento donde se pretendía aprobar la medida, bien coordinaditos, los regidores de la oposición, Uriel Agustín Pineda Soto y Bárbara Varela Rosales, de Morena; los independientes Mónica Delgado Delgado, María de la Salud García Rodríguez y Mauricio Hernández Mendoza; el priista Ezequiel Mancera Martínez y el del Partido Verde, Juan Carlos Oliveros, rechazaron la propuesta por considerarla una estrategia electorera.


La iniciativa requería de tres cuartas partes de votos del Ayuntamiento, o como se dice, mayoría calificada, pero Elvira no la logró y se echó para atrás. Morenistas e independientes reclamaron que el beneficio debía de ser parejo y no sólo para empadronados en el programa del gobierno de Diego Sinhue, quien como se sabe aprovechó el programa para posicionarse rumbo a la Gubernatura.


Lo raro en el caso es que a la votación de la oposición se sumó el panista-morenista, Uriel Pineda, de quien dicen, lo hizo sólo para taparle el ojo al macho pues si hubiera votado a favor de la propuesta de la alcaldesa, de cualquier manera no hubiera marcado diferencia. Con ello, le habrían quitado la presión que le hubiera derivado en una lluvia de críticas como cuando aprobó la llegada de Rubén Guerrero Merino como contralor, a propuesta de la Presidenta Municipal.


Interesante serán las próximas decisiones donde se verá cuál es la fuerza que acumula la oposición. Por lo pronto se ve que los panistas cuentan con el favor del priista Ezequiel Mancera, quien dista mucho de la actitud opositora y hasta combativa que caracterizaba a Montserrat Vázquez Acevedo, la excandidata tricolor que lo llevó al Cabildo. Ni se diga de Uiriel Pineda, quien pareciera que su principal preocupación es salir en las fotos al lado de la presidenta Elvira Paniagua. ¡Qué tal!


 


Fallaron las matemáticas


 


José Luis Álvarez entró al Cabildo de Celaya como relevo de Gerardo Sierra, quien pidió licencia al Ayuntamiento para ser nombrado delegado regional del Gobierno Federal en los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort y San Miguel de Allende, en una sesión en donde al secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, o no contó bien los votos o se hizo de la vista gorda.


Y es que la coordinadora morenista, Bárbara Varela Rosales, pidió a los miembros del Cabildo pasar la toma de protesta de Álvarez Alfaro del octavo al quito punto del orden del día para que éste pudiera votar en los puntos que se tratarían, no le fue concedido porque se contabilizaron mal los votos, pues ocho regidores sí aprobaron el cambio del orden del día.


Los morenistas Uriel Pineda y Bárbara Varela; los independientes, Salud García, Mónica Delgado y Mauricio Hernández; así como la panista, Angélica Ramírez, el del Verde, Juan Carlos Oliveros y el priísta, Ezequiel Mancera, aprobaron la modificación, sin embargo, se aseguró que sólo había siete votos contra y que los panistas tenían siete por lo que no se aprobó la modificación y el nuevo Edil de Morena no pudo votar. Total, o les hace falta unas clases de matemáticas básicas o de plano se hicieron de la vista gorda para que no sumara un voto más a la oposición.


 


Carlos y Luis, los egos


 


Los ex alcaldes panistas de León, Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala se enfrentan en un segundo round donde está en juego mucho más que la historia de ambos, lo realmente importante es la definición de una estrategia de Seguridad Pública para los siguientes seis años en Guanajuato.


Carlos, propietario de la empresa Vens Consultores, la promotora del proyecto de Centro de Inteligencia de Seguridad que empieza a aplicarse en San Miguel de Allende, y Luis Ernesto como el Secretario de Gobierno Estatal.


 


La definición es trascendente porque hay muchas vidas en juego. El Gobierno terminó el contrato de Seguritech, la operadora de “Escudo”,  pero aún no informa el siguiente paso, ¿qué  herramientas utilizará para combatir la delincuencia? En la época actual no puede entenderse un Programa de Seguridad Pública sin tecnología de punta.


Por lo pronto en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Estado de 2019 (por votarse en el Congreso) están considerados 552 millones de pesos para la operación del C5i -Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia-, y 54.5 millones más para el servicio de mantenimiento a la infraestructura de tecnología que mantenga operando “Escudo”.


En el presupuesto de 2018 al C5i se le asignaron sólo 48.2 millones para el C5i y los mismos 54.5 millones para “Escudo”. Además claro está, de la parte anual que se pagaba a Seguritech por el contrato sexenal firmado en diciembre 2012 de 2,700 millones de pesos y que terminó el pasado mes de octubre.


Se advierte a simple lectura que el monto que representaba anualmente Seguritech se transfiere al gasto de inversión del C5i para aplicarlo en herramientas tecnológicas de seguridad.


Es ahí dónde está la interrogante hoy ¿en qué los van a aplicar?, y ¿con quién?


En ese tema ya se pronunció la coordinadora del Verde en el Congreso, Vanessa Sánchez, quien tuiteó el 11 de diciembre lo siguiente: “Preocupante que sin definir y dar información del programa 'Escudo', el @gobiernogto de @diegosinhue aumentará significativamente el recurso al C5i, que, de acuerdo a los indicadores actuales, no ha dado resultados. De 48 millones en 2018 a 552 mmillones en 2019”.


De Escudo poco o nada supimos, en el sexenio toda información fue reservada.


Sabemos que por el pago de unos 50 millones, el Estado recibirá el equipo operando. En abril 2014 que se presentó se informó que incluía: 2,700 dispositivos como cámaras de video, lectores de placas, radiofrecuencia y vehicular, 122 arcos carreteros, 20 mil botones de alerta, y que todas las policías del Estado estarían conectadas a través de una red de más de 320 kilómetros de fibra óptica.


A la ciudadanía le importa un comino si Luis Ernesto y Carlos juegan juntos golf o van juntos a las carreras. Lo único que suplica es seguridad y para ello exige que el Estado aplique todas las acciones posibles, ideas de Medina, de Ayala, de Diego, del PRI, del Verde, de Morena, de los ciudadanos.


No somos expertos tecnológicos, pero hay quienes sí lo son y, de manera objetiva, pueden opinar sobre el costo-beneficio del programa de Medina, así como de los resultados de Escudo, y de todas las herramientas disponibles.


Diego Sinhue está por cumplir tres meses en el Gobierno. Antes del obligado Programa Estatal de Seguridad presentó el “Decálogo de la Estrategia” y seguramente está por anunciar el plan de tecnología para combatir el delito.


 


Presupuesto 2019, por adelantado


 


Este martes 18 se vota en comisiones el Paquete Fiscal 2019 de Guanajuato (Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Estado) y el jueves 20 se aprobará en el Pleno. A tiempo para irse tranquilos a celebrar las fiestas de fin de año, si es que lo aprobado a nivel Federal no venga a descuadrarles las cuentas de los ingresos y los obligue después a tener que modificar también egresos.


Lo harán sin llamar a ningún titular de área a explicar qué piensan hacer con el presupuesto que les asignen, ni tampoco esperar a que la Cámara de Diputados apruebe el Paquete Fiscal 2019 que apenas ayer sábado por la tarde les envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.


En Guanajuato es un presupuesto austero por 83 mil 416 millones de pesos, sólo 2.7% arriba de 2018. No se tiene contemplado la adquisición de deuda pública.


Las áreas más beneficiadas son la Secretaría de Seguridad con 28% más y la Procuraduría General de Justicia 15% más, ambas áreas ejercerían un presupuesto total sobre los 6 mil 101 millones de pesos.