Se rebela Celaya; y en Irapuato ya tienen plan de seguridad

Se rebela Celaya; y en Irapuato ya tienen plan de seguridad

Opinión
|

Tres manifestaciones evidencian el hartazgo de los celayenses; en Irapuato el gobierno municipal presenta su plan de seguridad.

.


Tres protestas por inseguridad


 


El aumento en la inseguridad en Celaya provocó que cientos de personas salieran a exigir paz en tres manifestaciones que tuvieron finales muy distintos.


Mientras en una primera manifestación la alcaldesa Elvira Paniagua decidió echarle la bolita al Gobierno federal, en la otra el director del Instituto Tecnológico de Celaya admitió la gravedad del problema y exigió cambios en las estrategias.


Luego del aumento en los robos violentos de vehículos y negocios; la desaparición de Francisca, una alumna del ITC; y el asesinato de Alejandro, conductor de Uber el pasado jueves, los celayenses salieron a las calles a pedir explicaciones a las autoridades.


El martes, más de 500 personas se manifestaron pacíficamente de la Alameda Hidalgo a la Presidencia Municipal de Celaya pidiendo seguridad al Gobierno Municipal. A su llegada al recinto municipal la multitud pedía que la alcaldesa saliera a darles la cara, aunque primero entraría una comitiva para entregarle un pliego petitorio, situación que molestó a más de uno.


Otros quisieron sacar provecho del momento, como el exdirector de la Policía Municipal y ahora activista Jorge Acuña, a quien el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, su exjefe y hata amigo, lo detuvo en la entrada de la sala de juntas.


La presidenta municipal Elvira Paniagua salió dar la cara y a pesar de que pocos la veían entre la multitud y detrás de un atril, todos coinciden que se le vio sola, sin el apoyo de su Ayuntamiento o el Secretario de Seguridad Ciudadana que seguramente en ese momento ya disfrutaba de las playas de República Dominicana.


En su discurso la alcaldesa se fue perdiendo hasta llegar al punto de que exigiría al Gobierno federal que hiciera su parte. La cara de decepción e incredulidad de empresarios, miembros de la sociedad civil organizada y líderes de colegios de profesionistas fue evidente, la alcaldesa no había asumido su responsabilidad, dado que la marcha fue provocada por delitos del fuero común, asaltos y robos que a diario padecen los celayenses y la mayoría salió bastante molesto de la Presidencia Municipal. Elvira comenzó su discurso tratando de mostrarse empática y comprensiva con los manifestantes, pero después, en lugar de reconocer las fallas, el deterioro y falta de estrategia, comenzó a endilgar la culpa al Gobierno federal, algo que decepcionó a los participantes.


Al día siguiente casi 2 mil alumnos, profesores, directivos y padres de familia del Instituto Tecnológico de Celaya se manifestaron en silencio del campus 2 al campus 1 para exigir la aparición con vida de su compañera Francisca y medidas de seguridad ante los constantes robos que hay en la zona.


Aunque es un problema que ha venido aumentando con el paso del tiempo, en medio de un ambiente de tensión, la comunidad estudiantil reconoció que su director, Ignacio López Valdovinos, haya tomado el toro por los cuernos y admitiera que era una situación alarmante, por lo que aseguró que se cambiarían las estrategias en conjunto con el Gobierno Municipal.


Son dos formas de ver la situación de inseguridad que se vive en Celaya, mientras la alcaldesa se distancia cada vez más de la ciudadanía, en la institución educativa más importante de la ciudad se unieron para intentar resolver la emergencia.


La tercera manifestación llegó ayer, cuando cerca de 200 conductores de Uber se manifestaron pacíficamente, tras el asesinato de su compañero Alejandro durante un ataque a balazos del jueves, frente al centro de monitoreo de Tránsito de Celaya, en el que murió un elemento de la corporación.


La marcha inició alrededor de las dos de la tarde en la esquina de la calle Hidalgo y la avenida Francisco Juárez, continuando por la calle Chaurand Concha e Ignacio Camargo hasta llegar a la avenida Lázaro Cárdenas, para acompañar a Alejandro y familiares al panteón y exigir seguridad. En la marcha llegaron conductores de Irapuato, León, Guanajuato y San Miguel de Allende.


Tras sepultar a Alejandro, los conductores se dirigieron al Jardín Principal para protestar afuera de la Presidencia Municipal.


 


 


El viaje del secretario


 


En medio de la crisis de inseguridad en Celaya la alcaldesa Elvira Paniagua tuvo la idea de enviar en su representación a República Dominicana al secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González. Pero no solo caló en los celayenses la poca sensibilidad sino la forma en que se dio.


La última vez que se le había visto en público al Secretario de Seguridad Ciudadana fue cuando salió a decir que no tenía el reporte del robo violento de al menos dos camionetas afuera de una institución educativa. Esta situación fue la gota que derramó el vaso para que más de 500 personas salieran a manifestarse pacíficamente el martes pasado. Cuando la Presidenta Municipal recibió a la comitiva más de uno se preguntó dónde estaba el secretario para atender las peticiones.


De no ser porque el Departamento de Prensa de la provincia de Verón Punta Cana informa que firmaron un acuerdo de hermanamiento con Celaya y en su representación había ido Juan José González González, probablemente nadie se hubiera enterado del hecho.


¿Qué hacía el secretario en un paraíso turístico firmando un supuesto acuerdo de hermandad del cual nunca había informado el Gobierno Municipal de Celaya? Esa fue la pregunta que nos hicimos todos, incluso los miembros del Ayuntamiento, cuando salieron a la luz las fotografías del funcionario recibiendo reconocimientos y realizando una ponencia sobre seguridad.


Con la noticia ya en todos los medios de comunicación locales, el área de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Celaya informó que había ido en representación de la alcaldesa y él había cubierto todos los gastos del viaje, hospedaje y comida.


Visiblemente molesta la alcaldesa tuvo que salir a explicar la situación, pero con declaraciones poco afortunadas. Desde que no tenía por qué avisarle al Ayuntamiento sobre su agenda, hasta que los robos y asesinato de un agente de Tránsito ocurrirían estando o no estando el secretario, la alcaldesa no supo detallar los términos del acuerdo de hermandad asegurando que ella no acudió porque prefirió quedarse a atender la manifestación pacífica.


¿Qué puede aportar Punta Cana a Celaya en cuestión de seguridad y viceversa?, es una pregunta que no supo contestar la alcaldesa y que deja ver el mal manejo que ha tenido en materia de seguridad. Además, si el secretario acudió comisionado por la alcaldesa, ¿por qué pagó él los gastos?, Paniagua Rodríguez dice que porque no hay mucho dinero, de ser cierto, ¿qué no hubiera sido mejor no haber ido? Realmente, suena todo absurdo, como la explicación de que el director de Protección Civil, José Luis Ortiz, puede desempeñar dos trabajos, uno de médico de guardia en el que por las noches tiene que atender emergencias médicas y al día siguiente, así sin dormir, tiene que estar a cargo de la dependencia que vigila la integridad de Celaya y sus habitantes.


 


 


Ya hay plan


 


Habrá quien esté o no de acuerdo, quienes piensen que no es bueno, pero la verdad es que donde ya tienen un plan bien definido de seguridad es en Irapuato, y tenerlo es mil veces mejor que no tenerlo, como en Celaya.


Esta semana se presentó el programa de Irapuato y el alcalde Ricardo Ortiz reiteró que su chamba son los delitos del fuero común, como los robos a transeúntes, vehículos, comercios y no los de orden federal, relacionados al crimen organizado.


Y es que mire, Irapuato es el municipio con más asesinatos, pero no así en robos a negocios, casa habitación y de vehículo, donde el rey estatal es Celaya.


Por eso prometió que le va a echar muchas ganas para que al final del trienio hayan bajado los delitos que le competen, pero para eso necesita que modifiquen la Constitución para que los detenidos con arma de fuego se queden en prisión preventiva de oficio.


Todo este discurso, no es nuevo, y es que Ortiz Gutiérrez no deja de repetirlo cada que tiene oportunidad. Empresarios y políticos aplaudieron el 'nuevo' plan del edil. En la Encuesta de Percepción y Victimización destacó que el 85 por ciento de los irapuatenses se sienten inseguros, por lo que el 73 por ciento ha dejado de salir por las noches y el 68 por ciento ha dejado de portar dinero en efectivo.


Otros datos destacados son que el 88 por ciento cree que la seguridad empeorará y que la institución relacionada con la seguridad en la que menos confían es en la Policía Municipal.


Como sea, como ya dijimos, es mejor tener un plan a no tenerlo, y la mayoría de los comentarios que recibió la presentación fueron buenos, como el de Luis Martín Espinoza, nuevo coordinador de la Policía Federal, quien dijo que estaba todo muy 'fresco' y muy bien realizado. Urgen resultados...


 


 


¿Exageración?


 


Luego de que escoltas del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, activarán los protocolos de seguridad para proteger al edil debido a que un auto 'sospechoso' se le cerrara a la camioneta del funcionario, en el bulevar Lázaro Cárdenas, muchos se llevaron la sorpresa de que el hombre de la actitud retadora, como reportó la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio en el comunicado, fuera nada más y nada menos que Marco Navarrete, hermano de la exdelegada de la Sedesol, Claudia Navarrete Aldaco.


Queda la duda de si de verdad el hermano del Claudia se le cerró sospechosamente al alcalde con esa intención, o si fue como dicen por ahí, un abuso de autoridad para dar de qué hablar de la familia.


Y es que Marco hasta grabó a los elementos mientras le realizaban la revisión, les pidió que se identificarán y estos le ignoraron, después de esto la Secretara se Seguridad anunció que dicha revisión fue por seguridad y que siempre respetaron los derechos humanos.


El video fue compartido en Facebook a fin de probar su supuesta 'inocencia' de Marco, sin embargo, nunca sabremos quién le sacó el susto a quién y por qué motivo.


 


 


PAN, ceder un poco


 


La bancada del PAN en el Congreso del Estado no dará marcha atrás al pase automático del Procurador a Fiscal General, pero sí se sabe que están en comunicación con el Gobernador para al menos ceder en reducir el periodo de nueve años y en quitarle al Ejecutivo la facultad exclusiva de remover al Fiscal.


El periodo de sesiones arranca el 15 de febrero y en esa primera sesión se votará la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato, después se publica en el Periódico Oficial, el Congreso emite la declaratoria de entrada en vigor de la misma y el primer Fiscal, Carlos Zamarripa, irá a tomar protesta.


La suerte está echada y eso va a suceder. Lo anterior no impide que posterior a eso el PAN promueva reformas constitucionales en donde se reduzca el periodo del Fiscal y en la que también el Poder Legislativo -con una mayoría calificada- pueda iniciar el proceso de remoción del Fiscal.


La bancada panista de 19, que coordina Jesús Oviedo, tuvo su reunión plenaria el pasado miércoles y jueves en Querétaro, y se volverán a reunir este lunes para terminar de definir su agenda legislativa.


La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la leonesa Libia García, es una de las que impulsa esas reformas, pero ya sabemos que los panistas habrán primero de tomar parecer a Diego.


Así intentarán enviar una señal a la oposición de que escucharon, aunque en la realidad el PAN-Gobierno (todo) ya asumió el costo político del pase automático de Carlos Zamarripa y lo que eso significa en el estado que cerró el año con el mayor número de víctimas de homicidio doloso: 3,290.


Explicarán una y otra vez que ni el Estado y menos una sola persona es responsable de la descomposición, y no les falta razón, pero tampoco han convencido de estar haciendo lo suficiente.