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Opinión
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Tuzobús: negocio de unos cuantos.

Diseño: Grupo AM

Desde que inició operaciones, el Tuzobús siempre fue cuestionado por la mala calidad del servicio, lento e incómodo; también enfrentó señalamientos de que benefició a través del negocio de las concesiones a unas cuantas personas en detrimento de los trabajadores del volante y los usuarios.

Luego de cinco años de padecer las modificaciones en las rutas del transporte convencional, mejor conocidas como combis y colectivas, además de las incomodidades que provocó el carril confinado que quitó espacio a las calles y avenidas de Pachuca, esa especie, el negocio de unos cuantos, quedó más que confirmada.

El Corredor Felipe Ángeles, empresa que opera el Tuzobús, está compuesto por 501 concesionarios, de acuerdo con la anterior administración que inauguró el proyecto, pero al revisar los nombres que conforman esta sociedad se contabilizan poco más de 200.

Tal situación quiere decir que los integrantes de esta empresa tienen a su nombre más de una concesión, lo que podría contradecir a la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo.

El artículo 172 de dicho ordenamiento señala: “Ninguna persona física puede ser titular de más de cinco concesiones para prestar el Servicio Público de Transporte Colectivo o Individual de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades; las que excedan de este número serán nulas de pleno derecho”.

Al momento de formar el Corredor Felipe Ángeles alguien cuidó este aspecto, ya que existen concesionarios que tienen cinco acciones (o concesiones) como es el caso de Nicolás García Cruz o como Liliana Flores Flores que suma cuatro.

Sin embargo, a través de sociedades anónimas o personas morales, pueden acumular hasta 161 acciones del Tuzobús como es el caso de Autotransportes Urbanos y Suburbanos de Hidalgo propiedad de la familia de Joaquín Gutiérrez García, quien preside el consejo de administración.

El mismo ordenamiento apunta: El organismo de Transporte Convencional será el encargado de sancionar el acaparamiento o la acumulación ilegal de las concesiones,  permisos y convenios de los Servicios de Transporte Público, Privado y Complementario, y de los Servicios Auxiliares y Conexos”.


La ley sigue ahí y los acontecimientos toman su curso. Recientemente el gobierno del estado atrasó la puesta en marcha de la base Central de Autobuses y responsabilizó de ello a la empresa operadora, al argumentar que no compró los vehículos necesarios para garantizar el servicio. 

Y ayer en la mañana las autoridades anunciaron que sancionarán a esta empresa por demorar la asistencia médica a los pasajeros de una colectiva que volcó.

La mesa está puesta para que la actual administración tome las riendas de este transporte, lo democratice entre los concesionarios, aquellos que tienen una o dos acciones en la empresa operadora del Tuzobús y viven de su trabajo diario.  

Esto, implica tocar los intereses de los verdaderos dueños, los principales accionistas, por lo que es complicado que ocurra, o solo se afecte a un grupo para beneficiar a otro.