Guanajuato capital.- El pleno de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que, a diferencia de lo determinado por el Tribunal Electoral de Guanajuato, el presidente municipal de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña no incurrió en violencia política de género contra la regidora Celia Valadez Beltrán, de Fuerza por México.

Por tanto, los magistrados electorales federales revocó la orden del Tribunal Local de inscribir al presidente municipal en los registros de personas sancionadas por violencia política de género, la instrucción de que pidiera una disculpa pública al igual que la mayoría de los miembros del ayuntamiento, y la orden de que tomaran un curso en materia de género.

"Porque ciertamente se demostró la omisión de convocar a una regidora debidamente a una sesión, que la mayoría de quienes integran del ayuntamiento rechazaron la petición de la suspender la sesión correspondiente, y que el Comité de Adquisiciones se integró sin la regidora.

"Sin embargo, no se advirtió que la conducta del Presidente Municipal y de algunos integrantes del ayuntamiento tuviera por finalidad demeritarla, denostarla o exhibirla, y menos que esto fuera por el hecho de ser mujer", señaló un comunicado de prensa del Tribunal.

El 28 de enero, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato resolvió que Alejandro Navarro ejerció violencia política de género contra la regidora Celia Valadez en la primera sesión de Ayuntamiento el 10 de octubre de 2021, al dejarla fuera del Comité de Adquisiciones municipal.

El Tribunal Estatal exigió al Gobierno de Guanajuato capital repetir la sesión de ayuntamiento y emitir una disculpa pública a la Celia Carolina Valadez e incluirla en el Comité de Adquisiciones. Asimismo, inscribió a Alejandro Navarro Saldaña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política en Razón de Género del INE.

La sentencia del Tribunal Estatal responsabilizaba a Navarro Saldaña y a diversos miembros del Ayuntamiento por la comisión de violencia política de género.

En acatamiento a dicha resolución, por primera vez en la historia, el Gobierno de Guanajuato capital repitió una sesión de Ayuntamiento para incluir a la regidora en el Comité de Adquisiciones.

Pero sí existió violencia

No obstante, en su sesión del jueves por la noche, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Federal Electoral advirtió que en el caso sí existió violencia política y no únicamente actos de obstaculización del cargo, porque la omisión de citarla conforme a ley se agravó con el hecho de no suspender la sesión para que la regidora se impusiera de la documentación necesaria para emitir su voto de forma informada.

En su intervención, la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho destacó que la resolución se dirige a respondernos si todos los casos de obstaculización del ejercicio del cargo son o deben considerarse en automático violencia política de género.

O si, por otro lado, aun cuando la persona que reciente este tipo de conductas que da a conocer como lesiva de derechos político electorales sea mujer, puede también estarse frente a la configuración de una conducta diversa o distinta a la violencia política de género que pudiera dar lugar a reparaciones integrales del derecho que tenemos todas las mujeres de vivir una vida y tener una participación política en cargos públicos libre de violencia y de tratos inequitativos.

AM