Guanajuato suspende el aborto legal y seguro; activistas acusan retroceso
Guanajuato es uno de las 10 entidades que no ha legislado para despenalizar y legalizar el aborto, la ley local solo permite que una mujer pueda practicarse un aborto en caso de violación, por enfermedad o porque esté en riesgo su vida.
Con información de Dulce Muñoz, María José Soto, Salma Hernández y Karen Guerrero.
Guanajuato.- El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo dio marcha atrás a la disposición vigente desde hace tres años de atender y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) a solicitar la interrupción legal, gratuita y segura del embarazo.
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2021 para despenalizar el aborto, el gobierno de Guanajuato tuvo que atender a todas las mujeres que solicitaran la interrupción legal del embarazo. Esto a pesar de que el Congreso del Estado se ha negado a actualizar sus leyes.
Toda resolución de la Suprema Corte está por encima de las leyes estatales.
Guanajuato es uno de las 10 entidades que no ha legislado para despenalizar y legalizar el aborto, la ley local solo permite que una mujer pueda practicarse un aborto en caso de violación, por enfermedad o porque esté en riesgo su vida.
En la mayoría de los 21 estados que ya han legislado en esta materia, el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.
La resolución de la SCJN, emitida hace cuatro años, reconoció el derecho a decidir de las mujeres, “declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, reconoció el derecho a la autonomía reproductiva y refrendó la defensa del aborto en condiciones seguras como un asunto de derechos humanos” precisa el documento: Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México.
Asimismo, la Corte declaró inconstitucional la posibilidad de que una mujer sea encarcelada y procesada penalmente por practicarse un aborto y exime de responsabilidad legal a toda aquella persona que provoque el aborto con el consentimiento de las mujeres como puede ser el caso del personal médico.
Diego autoriza la práctica del aborto
En el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego de la resolución de la Suprema Corte, organizaciones civiles y de mujeres exigieron su derecho a un aborto legal y seguro. Las autoridades se vieron obligadas a cumplir el mandato así que la Secretaría de Salud de Guanajuato instruyó a su personal a atender las solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo de todas las mujeres que acudieran a los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y red de hospitales.
Debido a que los legisladores locales, principalmente del PAN, se han negado, en la legislatura anterior y la actual, a modificar las leyes estatales, la Secretaría de Salud mantuvo casi en secreto este servicio. Personal de esta dependencia confirmó que se realizaban los procedimientos a todas las mujeres que lo solicitaban, pero sin difundir la disponibilidad de este servicio.
Las cosas cambiaron cuando asumió el cargo el doctor Gabriel Cortés Alcalá como secretario de Salud de Guanajuato, el 26 de septiembre del 2024 pues el personal recibió la orden de practicar el aborto exclusivamente en casos de violación o porque se encuentre en riesgo la vida del feto o la mujer.
Se acabó el servicio
Periodistas de AM acudieron a CAISES y hospitales en León, Guanajuato, Celaya y San Francisco del Rincón y corroboraron que cuando una mujer solicita la interrupción legal del embarazo, ya no se le brinda el servicio y apoyo médico.
En un CAISES de León, la respuesta fue que desde enero recibieron la instrucción de ya no otorgar este servicio, “tenemos cerrada la agenda”, informó una enfermera y pidió acudir al Hospital Materno Infantil de León. En dicho hospital, desde enero de este año, también se suspendieron los procedimientos de interrupción del embarazo.
En el Hospital Materno Infantil de León, ubicado en la colonia Jol Gua Ber, AM corroboró que el servicio también fue suspendido. La periodista preguntó por el servicio de interrupción del embarazo y un guardia de la entrada principal le pidió que pasará al área de Urgencias.
Ahí otra guardia, preguntó a AM el servicio que requería, le pidió registrarse y esperar turno para pasar a un consultorio médico.
Minutos después, la guardia pidió a la solicitante que entrara a la oficina de Trabajo Social, donde una mujer informó que desde enero pasado se dejaron de realizar los procedimientos debido a que en Guanajuato todavía no es legal el aborto.
Desde que entró este secretario (Gabriel Alfredo Cortés Alcalá) ya no se hace. No es que él haya dicho, sino que el área legal de la Secretaría revisó y se dio cuenta que en la ley de Guanajuato no es legal. Si te lo hago me pueden hasta correr", dijo.
La trabajadora social recomendó regresar al centro de salud a donde había acudido la primera vez y donde también ya se había informado que ya no dan ese servicio.
En el Hospital General de Guanajuato capital, el personal también descartó la posibilidad de dar el servicio. “Tenemos detenido todo ese proceso porque no tenemos personal, la última fue hace un mes, pero después de ahí se detuvo todo. La indicación es que como no tenemos personal, pues no hay capacidad… está como en pausa”, comentó el personal médico.
AM también comprobó que en Celaya tampoco se está dando esta atención a las mujeres. “De parte de la Secretaría de Salud no, ya quitaron ese servicio, antes si contábamos con ese servicio, pero ya este año nos lo quitaron, hubo la orden de que se retirara ese servicio en Guanajuato”, explicó un doctor en Celaya.
En todos los casos que corroboró AM, a nadie se le orientó sobre qué hacer o a dónde acudir.
Alineados a la Federación
A nivel nacional existe el programa Aborto Seguro en México, el cual es coordinado por el Centro Nacional de Seguridad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) que depende de la Secretaría de Salud Federal.
En 2023, personal de esta dependencia federal realizó una supervisión a la Secretaría de Salud de Guanajuato, que entonces estaba a cargo del Daniel Díaz Martínez para dar seguimiento al programa de Aborto Seguro en México.
En esta revisión se supervisó que Guanajuato cumpliera con el programa Atención del Aborto Seguro en México, documento que se elaboró tras el fallo de la SCJN con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Salud Federal y la Organización Mundial de la Salud.
La revisión concluyó que: “es necesario reconocer que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con una estructura organizada sólida. Por lo observado, se puede afirmar que realiza acciones afirmativas en favor del derecho a la salud en general y en particular a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres."
Un ejemplo de ellos es que el Secretario de Salud del Estado de Guanajuato ha manifestado públicamente que derivado de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de septiembre de 2021 y la publicación del Lineamiento para la Atención del Aborto Seguro en México 2021 y luego 2022, todo el país debe garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de este tipo sin criminalizar, sin estigmatizar y ni ser punitivos”, señala el informe derivado de la supervisión.
Y agrega: “El estado de Guanajuato notificó un servicio de Aborto Seguro en 2021 y desde el 2022 se opera el componente de Aborto Seguro a través de una red de servicios que incluye a los 47 hospitales para brindar atenciones con apego al Lineamiento Técnico de Atención al Aborto Seguro en México”.
No hay datos
No existe una estadística de cuántos de los abortos que atendía la Secretaría de Salud de Guanajuato correspondían a solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo, pues la dependencia no cuenta con un desglose por tipo de atención y causa de la solicitud.
En respuesta a una solicitud de información a esta dependencia de los datos estadísticos de interrupciones del embarazo y servicios de Aborto Seguro, por todo tipo de causas y desglosado desde el 2016 a la fecha, la Secretaría de Salud solo entregó datos totales por hospital. No es posible saber en cuántos de esos casos fue por decisión de la mujer de no querer ser madre.
La dependencia únicamente informó que del 2016 al 10 de febrero del 2025 realizó 95 interrupciones de embarazo por violación.
Datos oficiales de la Dirección General de Información en Salud precisan que en 2024, la red de clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud atendió un total de 11 mil 770 casos de aborto. Esta cifra incluye todas las causas, entre ellas por salud de la mujer o inviabilidad del producto, por violación, por decisión voluntaria de la mujer. La mayoría de los casos corresponden a atenciones por abortos espontáneos o posteriores a partos que tuvieron alguna complicación y se tuvo que realizar también un procedimiento de legrado para evitar una complicación de salud a la mujer.
Nos ajustamos a la ley estatal, asegura Secretario
En entrevista con AM, el secretario de Salud Estatal, Gabriel Cortés Alcalá, reconoció que se suspendieron las atenciones de Interrupción Legal del Embarazo, pues afirmó que en la ley de Guanajuato no se contempla esta opción.
Sin embargo, el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México establece que la atención no depende de los permisos otorgados por los códigos penales, sino que es una obligación constitucional y que las autoridades de salud están obligadas a proteger la salud y la autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.
El Secretario argumentó que como dependencia acatan la legislación estatal que permite atender la solicitud de aborto de una mujer solo en casos de violación, por inviabilidad del producto o porque esté en riesgo la salud de la madre.
Cuando hay una situación de violación nosotros estamos obligados a apegados a la Norma 046 y promover la interrupción del embarazo, pero en alguien que lo quiere hacer de manera voluntaria sin manifestar el hecho de que haya sido violentada o haya quedado embarazada en contra de su voluntad, en el estado de Guanajuato no está permitido, eso es ilegal”, afirmó.
¿Usted dio la instrucción de que no se siguieran realizando estos procesos?, preguntó AM.
“No, no, no, la realidad es que ninguna decisión se toma de manera arbitraria, nosotros tomamos decisiones de manera colegiada con la parte jurídica del Gobierno del Estado, la parte jurídica de la Secretaría de Salud en conjunto con el Instituto de las Mujeres de Guanajuato”, dijo.
“Nos vamos a limitar a lo que las leyes nos vayan permitiendo. ¿Qué es lo que se hacía antes, el año pasado, los años antepasados?, la verdad es que soy muy respetuoso de lo que se haya hecho, lo que sí le puedo decir es que al día de hoy lo hacemos conforme a la legislación estatal”, respondió.
Luego afirmó que otra razón por la que ya no se realizan estos procedimientos, sobre todo ambulatorios, es porque el Gobierno federal no les ha enviado el misoprostol, principal medicamento que se otorga a las pacientes.
Aseguró que las decisiones en la Secretaría de Salud siempre se toman con apego a la ley, no son unilaterales o para imponer una ideología.
¿Qué opina usted del aborto voluntario? Le preguntó AM. “Yo soy médico y soy pediatra, pero este es un punto de vista muy muy personal y no es institucional, yo estoy a favor de la vida y amo a mis hijos y en ningún momento se me hubiera ocurrido no tener a alguno de ellos, esa es mi respuesta, no es distinta a cualquier otra, soy respetuoso de la vida y también soy respetuoso de la decisión de la persona y soy respetuoso de las leyes que nos rigen, federales y estatales”.
AM también preguntó a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, a través de Comunicación Social del Estado, sobre la suspensión del programa Interrupción Legal del Embarazo. La respuesta fue también por escrito y contradice la versión del Secretario de Salud.
La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato mantiene su compromiso de garantizar el acceso a los servicios de salud con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. No se ha suspendido ningún servicio, ya que todas las mujeres tienen derecho a recibir atención médica integral y oportuna. La prestación de estos servicios se realiza en apego a los principios de legalidad y no discriminación, asegurando acompañamiento e información clara para el ejercicio de sus derechos en materia de salud”.
A la pregunta de si ella dio la instrucción de suspender el servicio, la respuesta entregada a AM dice: “No se ha emitido ninguna instrucción en ese sentido. La Secretaría de Salud opera con base en el marco normativo aplicable y bajo los protocolos establecidos por las instancias competentes. Como institución pública, su actuación se fundamenta en los principios de legalidad y respeto a los derechos de las mujeres, asegurando que todos los servicios médicos se presten conforme a la normatividad vigente y con un enfoque de atención integral”.
“No es posible que ella esté retrocediendo”
Verónica Cruz, representante de la organización feminista Las Libres, calificó la suspensión del servicio de interrupción legal del embarazo como un retroceso en materia de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Imagínate: que mejor los gobernadores hombres entendieran que la gobernadora que se dice feminista (...) tienen la obligación de garantizar el derecho (al aborto) porque ya no es un delito. “Yo sí sé que él (el secretario) es el que ha negado (la atención) incluso ha negado en caso de víctimas de violación, que además la norma 046 es clarísima; es cosa de él.
“El Secretario de Salud es un ignorante porque cada mujer hoy que quisiera interrumpir un embarazo no deseado se va a amparar y la Corte y cualquier juez y cualquier juzgado la va a amparar y los va a obligar a dar el servicio y justo eso entendía el secretario anterior, que nadie se necesita amparar para garantizar el derecho”
Dijo que hace unas semanas recibió el reporte de la cancelación de este programa, buscó sin éxito una reunión con la Gobernadora. Aún no logra la cita.
No es posible que ella esté retrocediendo en los derechos que ya habíamos ganado, que nadie nos los otorgó, sino que hemos luchado por ellos”, dijo Verónica Cruz.
“Es un tema más de moral, de violarle los derechos de las mujeres, porque les importa más su creencia personal católica que la garantía de un derecho, ellos tienen la obligación de garantizar un derecho, ¿qué están haciendo otra vez?, imponiendo sus creencias y violando sus derechos."
No pueden negarlo
La consultora y abogada independiente, Xóchitl Velázquez, señaló que la decisión del Gobierno de Guanajuato de negar a las mujeres el acceso a un aborto legal y seguro puede traer responsabilidades para el personal médico, pues una ley estatal no está por encima de una decisión de la SCJN y tampoco por encima de un derecho humano.
En 2022, la abogada formaba parte de IPAS, organización no lucrativa que trabaja para asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción en territorio nacional, y tras la decisión de la SCJN participó en una capacitación al personal médico de Guanajuato sobre los alcances legales de esta decisión.
Si yo médica recibo a la usuaria y está en el rango (menos de 12 semanas de embarazo), tengo que decirle qué se puede. Si, por el contrario, me niego y avanza el tiempo, entonces quien puede incurrir en responsabilidad es el propio personal de salud y ahí se les puede revertir a ellos”, afirmó.
La doctora Susana Patricia Collado Peña, quien participó en la elaboración del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México 2022, también aseguró que el estado no tiene impedimento legal para realizar los procesos de aborto a las mujeres que lo soliciten y existen sentencias de la SCJN que respaldan este derecho.
“Ya ninguna mujer ni personal de salud, puede ser criminalizado de manera absoluta por atenciones de aborto y esto tiene que decirse claro y fuerte, con todas sus letras porque puede ser que alguien malintencionado establezca una demanda en contra del personal de salud, pero no va a proceder por la simple y sencilla razón de que es inconstitucional criminalizar de manera absoluta la atención del aborto.
¿Por qué? Porque es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, entonces bajo esos argumentos el personal de salud debe de estar tranquilo de que su atención en materia de aborto seguro está cumpliendo con lo que el estado les mandata en aras de respetar los artículos primero y cuatro constitucionales” señaló la especialista.
AAK
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