Se deslindan comunidades indígenas de Guanajuato por toma del INPI en Querétaro
El pasado 24 de marzo, un grupo de 25 personas tomaron las oficinas del INPI en Querétaro desalojando al personal.
Guanajuato.- Autoridades de las comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato se deslindaron de la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro; dicen que fueron tomadas por un grupo sin representación legítima y que están obstaculizando el Plan de Justicia.
Por medio de una rueda de prensa ofrecida en el municipio de San Miguel de Allende, las autoridades comunitarias denunciaron que el pasado 24 de marzo del presente año, un grupo de aproximadamente 25 personas tomaron las oficinas del INPI en Querétaro desalojando al personal que se encontraba laborando en ese momento.
Estas personas, según relataron, están pidiendo que se destituya a María del Carmen Álvarez Juárez, actual titular del INPI en Querétaro, por no haber consultado para su nombramiento y se reinstale a Doroteo Mendieta Osornio, mencionando desvíos y omisiones del componente indígenas del recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM) y otros proyectos para comunidades indígenas impulsados a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI).
Nos deslindamos de las personas que tomaron las oficinas supuestamente en representación de las comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato, dado que nuestras comunidades no fueron consultadas y nunca autorizaron tal acción.
"Responsabilizamos de igual manera a los compañeros si hay algún retraso en algún proceso para lo que se está trabajando”,dijo Nadia Rodríguez, subdelegada de El Xoconoxtle de la Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso de Cieneguilla en Tierra Blanca.
Las autoridades comunitarias reconocieron el trabajo realizado por parte del Gobierno Federal encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas encabezado por el director Adelfo Regino Montes.
Aseguraron que como representantes conocen bien sus facultades y saben que no es atribución suya nombrar a ningún titular.
“Nosotros sabemos cuáles son nuestras facultades porque precisamente cuando fuimos elegidos no se nos dijo que como responsabilidad sería en nombrar a un titular; sin embargo, es importante que se aclare este tema porque algunos compañeros piden que sean ahora las autoridades comunitarias quienes les nombren”, comentó Saddam Enríquez, delegado de Río Laja y coordinador de autoridades del Pueblo Otomí de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional.
Juan Daniel Torres, autoridad Tradicional de Misión de Chichimecas en San Luis de La Paz, agregó que es la primera vez que llegará el recurso de manera directa a las comunidades, por lo que rechazó enérgicamente la desinformación que ha surgido a raíz de este derecho constitucional.
“Es importante recalcar en este punto que una vez que nosotros fuimos o se nos otorgara el recurso ya directo como un cuarto nivel de gobierno, hay muchos funcionarios públicos interesados y están interviniendo en las comunidades para crear divisionismo comunitario”, dijo.
Saddam Enríquez contextualizó que anteriormente, los proyectos que llegaban a las comunidades podían ser sujetos de beneficios individuales, pero ahora, a través de las reglas de operación del PROBIPI y FAISPIAM, se plantea que sean proyectos que empaten en un tema colectivo.
“Ahora la diferencia es que finalmente ese recurso público va a llegar a las comunidades y no queremos que se desvirtúe este gran hecho que precisamente a través de la voluntad de la presidenta de Claudia Sheinbaum se está llevando hoy por primera vez en nuestro país”, comentó.
Toma de las oficinas del INPI obstaculiza el Plan de Justicia
Durante la rueda de prensa, las autoridades comunitarias también mostraron su preocupación por la obstaculización del Plan de Justicia, el máximo órgano de gobierno de las comunidades indígenas.
Queremos aclararles esos puntos porque el máximo órgano de gobierno dentro de nuestras comunidades, que es la propia asamblea y lo que nosotros llamamos una organización regional que comprende a la parte noroeste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro, que es el plan de justicia, consideramos que lo más prudente sería haber consultado a las comunidades antes de llevar a cabo una acción que pueda repercutir”, añadió Saddam Enríquez.
Los representantes también se deslindaron por las acciones posteriores que pudieran realizar este grupo de supuestos ´falsos representantes´ al tomar ahora las oficinas de la Ciudad de México.
Nosotros nos deslindamos si los compañeros hacen alguna otra acción en el sentido de que plantean tomar otras medidas en la Ciudad de México. Nos deslindamos también de eso, no compartimos lo que ellos piensen”, concluyó Nadia Rodríguez.
JRL
AManece Guanajuato
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