Acusan omisiones de Fiscalía de Guanajuato; buscan llevar casos ante CNDH y AMLO

María Velázquez, Norma Barrón y Laura Díaz acusaron a la Fiscalía de Guanajuato de cometer omisiones y malos procesos de investigación en sus casos; buscan llevar su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el presidente AMLO.

Por: Daniel Gilberto Martínez Macías

María Velázquez, Norma Barrón y Laura Díaz denunciaron omisiones y malas investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la CNDH. Foto: especial

María Velázquez, Norma Barrón y Laura Díaz denunciaron omisiones y malas investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la CNDH. Foto: especial

Guanajuato.- Víctimas de impunidad, malos procesos de investigación y nula respuesta de la Fiscalía General de Guanajuato para dar justicia, buscan llevar sus casos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tener resultados.  

María José Velázquez Navarro, víctima de violencia sexual, Norma Patricia Barrón Núñez, víctima indirecta de desaparición y Laura Elena Díaz Infante, víctima de violaciones al debido proceso también esperan exponer sus casos a las Naciones Unidas y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

“Esto es para romper el cerco mediático impuesto por el control de la publicidad oficial que hay en Guanajuato y visibilizar estos casos graves”, señaló Raymundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y Justicia desde el Centro Pro Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Fiscalía inventó 'suicidio' de su esposo

Laura Elena Díaz Infante, víctima de violaciones al debido proceso, explicó su caso, donde la Fiscalía inventó un presunto suicidio como causa de muerte de su esposo Jorge González Topete, el 19 de noviembre del 2015, como culpa por un presunto fraude millonario. 

Sabía que eso era mentira. Lo que me dijeron las autoridades de cómo murió no era lógico para mí”, insistió Laura en rueda de prensa. 

Tras cobrar un seguro de vida que le dejó su esposo, y con sus propios medios, hizo una investigación para desmentir la versión del envenenamiento que la Fiscalía de Guanajuato señaló como causa de muerte de su esposo.

Denunció que descubrió varias lagunas e irregularidades en la carpeta de investigación de la muerte de sus esposo, entre ellos que fue un familiar lejano a quien la Fiscalía autorizó la incineración del cuerpo de Jorge Topete, el envenenamiento asistido y el cambio en la escena del crimen ocultando detalles para encubrir un asesinato. 

“Siempre me han cerrado las puertas en la Fiscalía”, dijo Laura, quien se acompañó de su abogado quien también exigió justicia. 

Cuando Laura Elena desmintió al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y presentó las pruebas ante un juez penal, ordenó reabrir el caso y realizar una investigación adecuada. 

Como no ocurrió, Laura Elena demandó al Fiscal por reparación integral y moral por la “invención” de los hechos en que supuestamente murió su esposo. 

A dos años de presentar la demanda, este recurso aún no se resuelve pues es la propia Fiscalía la que juzgará el caso. 

“Lo cierto es que no solo sufrimos la perdida de mi esposo y padre de mis hijas, sino también que se nos ha obstaculizado el derecho a la verdad, exigimos que la Fiscalía diga la razón de su proceder pues obstaculiza los derechos humanos, en este estado donde nací no hay acceso a la justicia”, finalizó. 

Ignora Fiscalía pruebas de buscadora

También se presentó el caso de impunidad de Norma Patricia Barrón Núñez, víctima indirecta de la desaparición de su hijo Kevin Damián Martínez Barrón, de 17 años y a su esposo Juan Rodríguez Calcanás de 34 años el 1 de junio de 2019, en Irapuato. 

“Fueron secuestrados por un grupo de civiles armados. Confiamos en hacer la denuncia y van dos años y seis meses que no obtenemos verdad y justicia y pese a pagar el rescate que nos pidieron no se ha logrado la liberación”, explicó. 

Contó que los secuestradores le pidieron un rescate de un millón de pesos, pero pagó 950 mil pesos en tres partes: el 4 de junio, el 11 de junio, cuando le mandaron una fotografía de ambos, y el 26 de junio. Pero en la última fecha no le dieron testimonio de vida y ni de su paradero.

Aunque la Fiscalía Estatal supo que daría el pago, el respaldo para investigar al grupo nunca lo tuvo. 

Con sus propios recursos identificó en qué vehículos se movían los secuestradores y quienes presuntamente pertenecen a un grupo delictivo que opera con gran fuerza en Irapuato. 

Afirmó que también gracias a su propia investigación logró identificar a los secuestradores de su pareja y de su hijo.

Asegura que uno de ellos es familiar de su pareja sentimental, quien fue la persona que pidió el rescate, pero a pesar de que ella le dio los elementos a la Fiscalía del Estado, no giraban la orden de aprehensión contra él y sus presuntos cómplices.

“Ellos cuentan con los datos de todas las personas que investigamos y solo hay una orden de aprehensión para uno de ellos que fue quien planeó el secuestro y en el juicio solo se aplaza, la próxima audiencia será antes de terminar diciembre”, dijo Norma. 

La Fiscalía reviró y buscó a los responsables luego de varias manifestaciones de los 15 colectivos de búsqueda de la entidad pero fue hasta que la presión política que ejercieron los hizo actuar y se giraron órdenes de aprehensión contra Simón H. y Arturo A. 

“Tenemos nombre de la banda y personas que los cuidaron y quienes los ejecutaron probablemente, esta banda grande que pertenece al cartel y sin embargo la Fiscalía no hace caso a girar órdenes de aprehensión”, dijo. 

Hoy Norma es integrante del Consejo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y miembro del colectivo A Tu Encuentro.

No me voy a detener hasta dar con mis familiares. Es un derecho y ya basta de impunidad tenemos derecho a vivir libres y con dignidad y no de que la Fiscalía nos victimice. Tenemos derechos. Nosotros somos las víctimas, no somos los delincuentes”, sentenció. 

Reclasifica Fiscalía delito de su agresor

El caso más reciente fue de María José Velázquez Navarro, quien también denunció que fue víctima de violación por el panista Jorge Romero. 

El exdiputado local estuvo en prisión preventiva por el cargo que se le imputó en contra de Regina, joven que también lo denunció por el mismo delito, pero la Fiscalía solicitó la reclasificación de violación por abuso sexual, por lo que el político salió libre

Jorge Romero me violó enfrente de su chofer, a pesar de negarme me llevaron a un motel, siempre tuve miedo”, dijo María José. 

“Si bien mi caso no ha tenido movimiento, en el caso de Regina (la primera mujer que denunció violación) se dictó prisión y la misma Fiscalía dejó libre a Jorge, siendo todos estos hechos que determinan la impunidad que vivo”, señaló la víctima.

No son los únicos casos

Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, también denunció otros casos de impunidad y encubrimiento como el de Leonardo Reyes Cayente, migrante guanajuatense asesinado en San Miguel de Allende por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en diciembre del 2018.

“La Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa carece de independencia, en un estado donde se encubre al gobierno, a policías estatales como el grupo táctico operativo que ejecutaron al joven migrante”, sentenció. 

También señaló que la Fiscalía no ha resuelto los casos de tres buscadores de desaparecidos asesinados en los últimos tres años y que siguen esperando justicia y responsables.  

MCMH

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