Cobran 102 mil al mes para detener corrupción en Guanajuato, pero no lo hacen

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) cobra más de 100 mil pesos al mes (cada uno) de los integrantes pero no paran la corrupción en Guanajuato.

Por: Catalina Reyes Colín

El Comité de Participación Ciudadana Cobra 102 mil pesos al mes para combatir la corrupción en Guanajuato pero no lo hace.

El Comité de Participación Ciudadana Cobra 102 mil pesos al mes para combatir la corrupción en Guanajuato pero no lo hace.

Guanajuato capital - Cada uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) cobra más de 100 mil pesos al mes, pero no paran la corrupción en Guanajuato.

Actualmente 12 profesionistas guanajuatenses se disputan un lugar y un sueldo de 102 mil pesos mensuales en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado para combatir la corrupción de gobiernos municipales y el Estado.

Desde el 11 y hasta el 22 de octubre, los aspirantes son entrevistados por diputados locales quienes elegirán al nuevo consejero que permanecerá en el cargo 7 años. Los aspirantes:

  1.  Lic. Leopoldo Jiménez Soto.
  2. Antonio Olguín Torres
  3. José Socorro Quevedo Ramírez
  4. Luis Lorenzo Sandoval Ascencio
  5. Ma. de los Ángeles Yudico Herrasti
  6. Alejandro Armando Rodríguez Zamarripa
  7. Gerardo Alonso Romero
  8. Rosalía Murrieta González
  9. Glafira Báez Márquez
  10. Ángel Josue Morales Villagómez
  11. Héctor José Alvarado Rojas
  12. Isis Galván Zavala

El Comité Ciudadano fue creado en 2017 como parte del Sistema Estatal Anticorrupción que a su vez agrupa a siete instituciones creadas para investigar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de leyes.

Actualmente cinco ciudadanos forman parte del Comité entre ellos Hilda Mariza Venegas Barboza quien concluye periodo el 10 de noviembre.

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En 4 años no han presentado alguna denuncia por corrupción, pero sí cobran su sueldo

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción:

  • Hilda Mariza Venegas
  • Julio César Rodríguez Fonseca
  • Katya Morales Prado
  • Andrea Ludmila González Polak
  • Giovanni Appendini Andrade
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) cobra 102 mil pesos al mes cada uno y no paran la corrupción. FOTO: Facebook.

El trabajo del CPC no se ve. En cuatro años no han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción. Tienen como pretexto que carecen de facultades legales para hacerlo y sin embargo, ha sido notorio que desechan toda petición de investigación.

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Fernando Revilla Guerrero dijo a AM que cuando era integrante del Comité, trató de impulsar  una denuncia de por qué la Presidencia Municipal de Guanajuato no cobraba a Telecom, los derechos de uso de la vía pública por cableado, que sumaban 62 millones de pesos.

También propuso investigar el préstamo que hizo el Gobierno del Estado a particulares para comprar un terreno destinado a construir el nuevo estadio.

Otro caso de presunta corrupción fue ignorado por el CPC: investigar la empresa FMV contratada por el gobierno de Miguel Márquez, para servicios de publicidad por 4.47 millones de pesos.

El CPC no tiene oficina ni personal. Los consejeros no disponen de viáticos.

Su mayor responsabilidad es formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción que tiene como fin establecer políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y los municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Hay muchos casos de posible corrupción y ninguno se investiga

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El actual Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Estatal Anticorrupción no ha promovido la investigación o seguimiento de ningún caso de corrupción en el Estado en los últimos tres años. 

AM revisó las actas de las 12 sesiones del primer semestre del año, y en ninguna se incluyó algún posible acto de corrupción. Legalmente no pueden hacerlo pero sí pueden proponer al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, algún exhorto.

Los exhortos tienen por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.

En una ocasión, en 2018, la entonces presidenta del CPC,  Arminda Balbuena Cisneros propuso revisar la asignación directa de la construcción del libramiento de Silao, sin haber hecho licitación, por parte del entonces gobernador Miguel Márquez, a una empresa filial del Grupo México. 

La recomendación al Poder Ejecutivo para revisar la concesión si se dio. También lo hizo la Universidad de Guanajuato. Ambos dictámenes concluyeron que el proceso fue legal.

Empresa 'fantasma' presuntamente facturó 189 millones y nadie investigó

El Comité de Participación Ciudadana celebró su tercera reunión ordinaria en agosto, algunos atentos a sus teléfonos celulares.

En febrero de 2020, Fernando Revilla presentó una investigación de empresas “fantasma” que facturaron 189 millones de pesos al Gobierno del Estado, con información obtenida del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La denuncia se presentó ante el Comité Coordinador, con la petición de crear una comisión de la verdad que investigara.

En un primer momento, el Comité Coordinador sí aceptó, pero en una segunda sesión, a la cual no se presentó la entonces titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes, lo rechazó.

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Fernando Revilla asegura que la propuesta de “echar para atrás” la investigación surgió de Pablo López Suloaga, entonces representante del Poder Judicial, quien dijo que esas facultades eran de cada dependencia y que el Comité Coordinador no tenía por qué investigarlo. 

Los demás integrantes lo apoyaron. Sólo Revilla Guerrero y Javier Pérez Salazar, auditor Superior del Estado de Guanajuato votaron a favor, pero no fue suficiente. El asunto se desechó en marzo de 2020. 

El CPC está integrado por ciudadanos pero rechaza las denuncias ciudadanas.

El 17 de mayo de este año, Roberto Saucedo, abogado y activista social,  solicitó al CPC que presentaran una denuncia ante la Fiscalía del Estado y ante el Consejo del Poder Judicial contra la juez que sentenció a Juan Omar Ramírez Villegas a una pena de tres años de trabajo comunitario, a pesar de que mató a un guardia de seguridad.

El crimen del cual fue víctima Christian Omar González ocurrió la madrugada del 28 de mayo de 2017 afuera del bar Red Mosquito, en León.

Me contestan: no, no vamos a denunciar, porque no tenemos atribuciones. Pero lo que vamos a hacer es que se los vamos a enviar y que ellos decidan”.

Saucedo lamentó la respuesta.

Comité de Participación Ciudadana es poco transparente

No obstante que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana -CPC- deben ser ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, ninguno de los cinco actuales cumple con este requisito establecido por el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Así lo afirmó Fernando Revilla Guerrero, quien fue integrante del CPC de noviembre de 2017 a noviembre de 2020, presidente del mismo los últimos meses de su encargo, y quien conoció a la mayoría de ellos desde que los nombraron.

Señaló que bes contadora y profesora en la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) de la UG.

Dijo que Katya Morales Prado es abogada y se dedica a litigar con empresarios. Nunca había trabajado en Gobierno del Estado.

Que Andrea Ludmila González Polak tampoco tiene experiencia en esta área, sólo es profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus León. Y que Giovanni Appendini Andrade también trabaja en un despacho. 

No están seleccionados conforme a capacidades técnicas. La vinculación de amistad entre Andrea, Katya y Giovanni es el criterio que están utilizando. Esta es la fórmula para nunca estar en desacuerdo.

“Esta fórmula está pesando más que las capacidades, se privilegian más los lazos de amistad. Y eso no sirve (para el combate a la corrupción). Cuando hay que incomodar, hay que incomodar”. 

El currículum de cada uno de los integrates es un misterio

Ni siquiera se puede conocer el currículum de estos cinco ciudadanos porque éste no se publica en la página de internet del Sistema Estatal Anticorrupción, sólo su fotografía, sin ningún contenido.

Y cuando el abogado Roberto Saucedo Pimentel solicitó por acceso a la información, los loros de cada uno en combate a la corrupción y rendición de cuentas, le respondieron que no tienen esa información.

‘’Nosotros no investigamos; responde Hilda Marisa

Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hilda Marisa, presidenta del CPC, afirmó que ni ella, ni sus compañeros, son investigadores. 

Nosotros damos seguimiento a denuncias. Nosotros como Comité de Participación no somos investigadores.

“Cuando nos marcan copia, la turnamos a la institución en que se denuncia, pero no se pone a consideración del Comité Coordinador, invitamos a la ciudadanía a que denuncie (...) Vinculamos a la sociedad civil, a la ciudadanía y las instituciones”, afirmó. 

Pero ya en casos concretos, dijo que el 3 de agosto pasado puso sobre la mesa la propuesta de que se abriera una carpeta de investigación sobre probables hechos irregulares sobre la designación del contralor municipal de Yuriria

Renunció el anterior contralor y en su lugar fue nombrado el Secretario del Ayuntamiento, quien dejó ese puesto y quien también había sido dirigente del PAN en Moroleón.

Por lo que ella considera que podría haber un conflicto de intereses. El Comité Coordinador ya aceptó investigar. 

Mencionó que se ha dado seguimiento a las denuncias de Paloma Robles Lacayo en la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual tuvo una reunión con el titular de ese órgano. Pero no se ha puesto a consideración del Comité Coordinador. 

En el Comité Coordinador no se ha aprobado que se haga una investigación como tal. Nosotros no podemos invadir atribuciones”, justificó. 

Y también dijo que han tratado otro asunto del Poder Judicial, pero no recordó de qué se trataba. “No recuerdo quién era. Te mentiría, me agarras fuera de la jugada”, dijo a AM. 

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Hemos concentrado nuestra actividad en construir la política estatal anticorrupción. Ya está aprobada, pero está en edición”, afirmó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

Comentó que para construirla se realizaron previamente cuatro foros regionales en los municipios de: Santa Catarina, Cuerámaro, Villagrán y Salvatierra, pues de ahí son los contralores municipales que forman parte del Comité Coordinador.

PCCD

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