Prisión preventiva por extorsión garantiza más denuncias: PAN

La diputada por el PAN Susana Bermúdez argumentó que muchas víctimas de extorsión no denuncian o retiran sus denuncias al saber que sus extorsionadores enfrentan proceso en libertad, por temor a represalías.

Por: Cutberto Jiménez Mayagoitia

Prisión preventiva por extorsión garantiza más denuncias: PAN

Prisión preventiva por extorsión garantiza más denuncias: PAN

Guanajuato.- De enero del 2021 a febrero de 2022, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato ha dictado 30 sentencias condenatorias por el delito de extorsión.

Sin embargo, argumentó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Susana Bermúdez Cano, la gran mayoría no denuncia o retira las denuncias por temor a las represalias porque los delincuentes no enfrentan el proceso penal desde prisión.

“Las víctimas y testigos no dan continuidad al proceso. Al preguntar si quien los extorsiona está en libertad, quieren retirarla, eso inhibe la denuncia. Con esto se busca dar una garantía de que el proceso de la denuncia llegue al final”, sostuvo.

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Se trata, insistió, de ponderar en primer lugar los derechos de las víctimas del delito, que son quienes demandan la mayor protección del Estado.

Este es uno de los argumentos por los que el Congreso del Estado aprobó enviar la iniciativa al Congreso de la Unión para que incluyan la extorsión en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional que ameritan prisión preventiva de oficio.

El jueves pasado la mayoría panista (19 votos) en el Congreso Local aprobó la iniciativa que, al requerir de una reforma constitucional es necesaria la aprobación de la Cámara de Diputados y Senadores y luego de la mayoría de legislaturas. Es pues un largo y complejo proceso, que la legisladora local defiende hay que intentar.

Esta iniciativa se presentó en el último tramo de la anterior Legislatura por el entonces coordinador de la bancada panista en el Congreso, Jesús Oviedo Herrera.

De las 30 sentencias emitidas los últimos 13 meses por extorsión, 24 se dieron en procedimiento abreviado, cinco en juicio oral y una en el sistema penal tradicional.

Hay muchos casos de extorsión, pero pocas denuncias

En el primer bimestre del 2022 las denuncias por extorsión son 1,401 en el país y 63 en Guanajuato, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con información que es remitida por las fiscalías de los estados.

En entrevista la diputada irapuatense, Susana Bermúdez, acepta que es una propuesta que divide opiniones, la oposición la rechazó cuestionando que ayude a combatir este delito y porque abre la puerta a vulnerar la presunción de inocencia.

“Como política criminal responde a una realidad y exigencia social. Y de la presunción de inocencia coincido en parte, pero no creo sea argumento suficiente”.

Otra razón para pedir esta reforma federal, agregó, es el múltiple daño colateral que ocasiona la extorsión, al tratarse de un delito que no es sólo patrimonial sino multi ofensivo.

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La panista irapuatense mencionó que en la consulta que se hizo para allegarse de elementos en el análisis y dictamen se pronunciaron a favor de la reforma la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso. 

No obstante otras como el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y universidades, no la respaldan.

Susana Bermúdez comentó que ya antes legisladores de Morena y el PRI también presentaron iniciativas en el mismo sentido, por lo que considera que hay argumentos para que el tema se ponga nuevamente en la mesa del debate público.

Por último sostuvo que no es una propuesta aislada, pues ya antes aprobaron un incremento a la pena de 4 a 15 años de prisión y hasta 50% más de pena con algunas agravantes; se legisla en que sea un delito multi ofensivo y no sólo patrimonial; y debe trabajarse en la capacitación a las fiscalías y en contar con una Unidad Especializada Anti-Extorsión en la Fiscalía del Estado y de la República.

“Es una medida necesaria, proporcional y racional”, concluyó la legisladora local.

MCMH

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