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Deuda rebasa ingresos

Gobierno debe más de 8 mil mdp y municipios más de 2 mil mdp.

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Justifica Gerardo Zavala iniciativa a la Ley de Deuda P

Justifica Gerardo Zavala iniciativa a la Ley de Deuda P

Conforme al último reporte oficial sobre la deuda pública de las entidades federativas, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guanajuato adeuda en total ocho mil 487 millones de pesos, seis mil 318 millones corresponden al estado y dos mil 77 millones de pesos a los gobiernos municipales.
La entidad presupuestó para el ejercicio fiscal 2014, 62 mil 154 millones 896 mil pesos, de los cuales 55 mil 141 millones provienen de recursos electorales y sólo siete mil 13 millones de recursos fiscales propios.
Si bien la deuda del Estado no rebasa los presupuestado en sus propios ingresos fiscales, sí lo iguala, y el Estado ha respaldado más de la mitad de la deuda de los municipios, aseguró el diputado Gerardo Zavala Procell.
Basado en estas cifra, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó la presentación de la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La propuesta tiene el objetivo de que la deuda pública del estado y los municipios sólo se apruebe si es avalada por dos terceras partes del Congreso local y que los empréstitos a corto plazo sea pagado dentro del ejercicio constitucional de un municipio.
“Esta iniciativa ya fue aprobada en el Congreso de la Unión por la Cámara de Diputados, hace falta que la Cámara de Senadores la complemente con la aprobación correspondiente; sin embargo, nosotros nos queremos adelantar para darles certeza a los guanajuatenses de que las entidades públicas...no caigan en la tentación por ejemplo de distraer la deuda pública o los empréstitos en otra cosa diferente a la inversión productiva, llámese gastos corrientes”, explicó Zavala Procell.
La iniciativa también contempla que no se solicite financiamiento seis meses antes de que vaya a terminar una administración, y que se le dé un seguimiento al comportamiento de la deuda con una rendición de cuentas trimestral al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

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