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Va CNDH contra ley de ‘halconeo’ de Guanajuato

CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal con la que se estableció el tipo penal de “halconeo”.

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Por: Yajaira Gasca

A los ciudadanos, exfuncionarios y funcionarios públicos que den información privilegiada para dificultar o impedir las funciones de seguridad pública podrán recibir hasta 13 de cárcel.

A los ciudadanos, exfuncionarios y funcionarios públicos que den información privilegiada para dificultar o impedir las funciones de seguridad pública podrán recibir hasta 13 de cárcel.

Guanajuato capital.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal con la que se estableció el tipo penal de “halconeo”.

La reforma a los artículos 222-a y 222-b del Código Penal fue propuesta por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), la cual se aprobó en julio pasado.

La demanda contra el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de Guanajuato fue presentada el pasado 2 de septiembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se considera que viola la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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De acuerdo con el documento, la norma aprobada violenta el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de acceso a la información y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.

A juicio de este organismo constitucional, los artículos 222-a y 222-b, en los cuales el legislador local pretendió sancionar la actividad, conocida coloquialmente como ‘halconeo’, resultan ambiguos e imprecisos, de manera que la descripción típica no aporta suficientes elementos que acoten adecuadamente las conductas sancionadas a aquellas que se pretendieron prohibir, de modo que existe una disociación entre el fin legítimo de la norma: prohibir el ‘halconeo’ y las posibles conductas comprendidas por el tipo”, señala la demanda.

La reforma, que fue aprobada por el pleno del Congreso por una unanimidad, establece sanciones de hasta siete años de prisión cuando se  cometa  por un ciudadano; nueve años cuando se trate de un funcionario público y 13 cuando se trate de un ex funcionario.

En el caso de que el delito sea cometido por servidores públicos, la iniciativa también establece que serán destituidos e inhabilitados. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial el pasado 2 de agosto.

La CHND consideró que las modificaciones legales generan una transgresión al derecho fundamental de seguridad.

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