Ahora, a chantajear empresas

Tomar una posición aparentemente justiciera por parte de la autoridad municipal, con el fin de cobrarse a lo chino una supuesta deuda de impuestos (derechos por aprovechamiento de la vía pública), nos muestra una serie de eventos que vale la pena analizar.

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Por: Carlos Arce Macías

Tomar una posición aparentemente justiciera por parte de la autoridad municipal, con el fin de cobrarse a lo chino una supuesta deuda de impuestos (derechos por aprovechamiento de la vía pública), nos muestra una serie de eventos que vale la pena analizar.

Lo primero, es que un municipio, no puede intervenir una red de telecomunicaciones, porque se trata de una concesión federal, y gobierno local no tiene facultades para ello. Pero al alcalde capitalino no le importó, llevó a la policía y demás corifeos, y sin importarle mayormente las necesidades de sus gobernados, dejó sin internet a cerca de 17,000 ciudadanos de la zona sur de Guanajuato Capital. Muy orondo, se videograbó y transmitió su chistecito por Facebook Live.

Pero el destino es cruel. De inmediato en las redes sociales comenzaron las protestas por el corte de internet, telefonía, Netflix y TV, que proporciona la empresa Megacable. Dejó sin comunicación, entre otros, a los bomberos, al Congreso del Estado, al Hospital General y al principal Mall de la ciudad, y todo en plena pandemia. Pero sin percatarse, inmerso en su desbocada vanidad de “influencer”, que últimamente ha asumido; lo que hizo fue filmarse cometiendo un delito: ataque a las vías generales de telecomunicaciones y radiodifusión (Art. 306 de la Ley Federal de Telecomunicaciones) ¡Inaudito!

Como lo sentenció en su transmisión, convocó a la cablera a que de inmediato acudiera a pagar 35 millones de pesos, que dice que deben. La empresa se apersonó, negando el adeudo que se invocaba, y pactó litigar por vía civil el asunto. ¿Vía civil un cobro de derechos fiscales? Algo huele mal ahí.

Pero en la supuesta junta conciliatoria, se exigieron otras condiciones: dotar de internet público a plazas y jardines de la ciudad, computadoras regaladas para el centro municipal de seguridad (C-4) y cinco camionetas para la policía. Me extiendo sobre estas atrabiliarias demandas.

Cuando en el gobierno federal se diseñó el despliegue de las redes de comunicaciones que debían sustentar los nuevos servicios de internet, transmisión de datos y tevecable, se identificaron por los concesionarios los problemas que se padecerían en los municipios, especialmente frente a los alcaldes avieso que pudieran exigir pagos ilegales. Ya tenían experiencia en ello. En algunos se trataba de viles “moches” para el funcionario, pero también evolucionó a la exigencia, con tal de permitir la instalación de cableado, de patrullas, ambulancias, vehículos oficiales, computadoras, uniformes, obras públicas y un sinfín de ocurrencias de los gobernantes locales.

Esta práctica, multiplicada por un sinnúmero de localidades, volvería ruinosa la introducción de internet en todo México. De ahí que se propuso una arquitectura jurídica, que pusiera a salvo de estas prácticas a los concesionarios, convirtiendo el tema en asunto exclusivamente federal, resguardado de las intromisiones y desvaríos de alcaldes populistas, poco informados y demagogos, que pretendieran venderle al pueblo como gran idea la ejecución de acciones para cobrarles a las ricas compañías contribuciones multimillonarias, aderezadas con otros regalitos solicitados a capricho de los munícipes.

La exigencia de obsequios y dádivas, contra permisos, se transforma en una extorsión a los empresarios, que, si no se contiene a tiempo, puede cundir en muchos lugares. ¿Desea una empresa instalarse en cierto municipio? ¿Me pide un permiso de construcción? ¿Se requiere redefinir usos de suelo? ¿Hay necesidad de constancia de dotación de agua potable? No se preocupen, mediante la desinteresada donación de patrullas, computadoras, dotación de áreas públicas con internet, podrán lograr lo que deseen.

Se trata del rompimiento del Estado de Derecho. Estamos ante la violación del principio de legalidad que solo permite a la autoridad hacer los que la ley le manda. En ningún lado, hay artículo alguno que permita la exigencia de dádivas. Pero lo que sí existe, es delito de extorsión.

Por último. Cualquier exigencia extralegal, no lo pagará la empresa de sus utilidades, sino los suscriptores del servicio de telecomunicaciones (internet), o sea: usted. ¿Cuánto paga? ¿Quinientos pesos al mes? Pues ahora serán ochocientos.

Las políticas públicas requieren capacidades de pensamiento complejo, para procesar consecuencias que muchas veces no están a la vista. Por eso es urgente tener personas preparadas al mando de la administración. En Guanajuato Capital estamos en el hoyo.

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