Con los brazos cerrados

Celaya e Irapuato instalan comités de transición, en León toman tiempo.

Mario Bravo, titular de Seguridad, podría librar la ‘limpia’ en el gabinete.

Desfalco de 2 millones a Instituto de Vivienda de Celaya, caso sin aclarar.

Avatar del

Por: León Jacobo Robespierre

La 'sana distancia' entre Alejandra y Héctor

En Irapuato y Celaya ya fue instalado el comité de transición, en León todavía no.

Pero eso no es problema pues la Ley Orgánica Municipal marca que sea por lo menos un mes antes del relevo (10 de octubre), así que no corre prisa. 

Lo que sí es problema es que entre los equipos del alcalde en funciones, Héctor López Santillana, y el de la electa, Alejandra Gutiérrez Campos, no parece haber sintonía. Son del mismo color azul, pero no todo es miel entre los compañeros.

No hay un conflicto abierto, pero no les gusta juntarse.

Parece que a López Santillana no le gusta que Alejandra repita que gran parte del equipo actual no seguirá, que se requiere de un gobierno más cercano y eficiente. 

La pregunta ya no es quiénes se van, sino quién o quiénes podrán salvarse.

Los que hacen maletas son el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y el tesorero Enrique Sosa, funcionarios del círculo cercano de Héctor, pero no de Ale.

También se va el contralor Leopoldo Jiménez, de quien Alejandra declaró que debía investigarse su actuación en el asunto de las denuncias de acoso por las que se despidió al Director de Desarrollo Institucional.

El oftalmólogo Luis Alanís, administrador de servicios -cuya figura dentro de la estructura orgánica municipal también está en veremos su continuidad-, adiós.

También en el Instituto Municipal de Planeación (Implan) donde tiene años al frente la arquitecta Chela Amaro se prevé un relevo y un nuevo impulso a sus tareas.

El que puede quedarse es el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, en cuya permanencia pesa la opinión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Fue su Jefe de Escoltas y lo mandó a León como funcionario de toda su confianza.

Eso sí, si se queda, tendrá que haber cambios en el equipo directivo. Uno es en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública que dirige Fernando Rodríguez. La transformación de esta institución es una de las promesas de la campaña de Ale.

Hace unos días Alejandra visitó el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro Garza García, la recibió el alcalde Miguel Treviño. Entre otras cosas conoció lo que se prometió para León y no pudo arrancar por diferencias con la Fiscalía: que todos los policías reciban denuncias y también investiguen.

También constató que la formación dura 9 meses (no seis como aquí) y regresan frecuentemente a capacitación; los agentes tienen nivel de licenciatura; sueldo neto mensual base de $21,000: cafetería y gimnasio digno y abierto a todo el público.

Eso sí, no es lo mismo un municipio de 132 mil habitantes frente a uno de 1 millón 770 mil habitantes, uno rico y León con apuros presupuestales. 

Directores inquietos

El 14 de junio Alejandra se reunió en privado con Héctor en Palacio Municipal, posaron para la fotografía y sonrieron. Estuvieron el secretario particular, Gonzalo León; y el tesorero Enrique Sosa, quien le expuso el estado actual de las finanzas.

A Alejandra la acompañaron los próximos síndicos José Arturo Sánchez Castellanos y Leticia Villegas Nava, y la regidora Jared González, las últimas dos repiten.

Y ya que estaban en los pasillos de la Presidencia los llevaron al Centro de Inteligencia Urbana que comanda el administrador de servicios, Luis Alanís.

Al término de la cita Alejandra dijo: “En seguridad va a haber varias reuniones, porque esa no es de un ratito, ya estamos justamente en el calendario para las reuniones con las dependencias y específicamente con seguridad van a ser varias”.

Después volvieron a coincidir un sábado para festejar en una comida con la estructura panista el triunfo electoral en la Velaria de la Feria. Héctor desbordaba entonces felicidad.

Desde entonces no se supo de ninguna otra reunión de ambos, ni tampoco de la Alcaldesa electa con titulares de dependencias, ni con el de Seguridad, como lo dijo.

Al haber sido la elección el 6 de junio, el periodo de transición municipal es muuuy largo, de cuatro meses, así que tiempo hay, para sentarse, afinar el programa de gobierno y definir el equipo de trabajo.

Alejandra y su equipo tal vez no quieran apresurar encuentros para no generar compromisos con actuales funcionarios cuando todavía no hay gabinete definido.

Uno de los más cercanos a la electa es Daniel Campos, ex director de Desarrollo Social en el primer trienio de López Santillana, y quien precisamente tuvo que dejar el cargo por promover anticipadamente la candidatura de Alejandra en 2018.

Daniel (su esposa Jared repite como regidora) se perfila como secretario particular.

Lo cierto es que entre los funcionarios municipales hay desconcierto, aunque les quedan dos mes y medio hay quienes ya no duermen.

La evaluación de resultados de los actuales funcionarios es clave para armar el plan y definir el nuevo gabinete.

Diputados, relajados

La tercera semana de julio los diputados locales decidieron darse un descanso y lo harán igual la próxima semana. Ambas coinciden con el período de vacaciones institucionales que generalmente se otorga a trabajadores del Gobierno Estatal.

El descanso se lo dieron una semana después de la ‘intensa’ (no se ría) gira de trabajo a Estados Unidos y en la que participaron 11 diputados por cuatro días. 

Desde la instalación de la Diputación Permanente (que es la que atiende los pendientes cuando no hay periodo ordinario) ha convocado una vez a reunión.

Pronto comienza agosto, pero se desconoce si los legisladores tienen programadas reuniones de comisiones o un período extraordinario para sacar pendientes. De ser así ya se habría anunciado, pero hasta ahora no hay noticias.

Parece que lo único que quieren es cerrar con broche de oro la Legislatura, cobrar su fondo de ahorro y parte del aguinaldo e inaugurar la biblioteca legislativa entre el 20 y el 24 de septiembre. El 25 de septiembre es el relevo, 36 nuevos diputados. 

Ruth pluri, “haiga sido como haiga sido”

Finalmente, esta semana la priísta Ruth Tiscareño Agoitia pudo presumir que, a pesar de las docenas de impugnaciones que recibió su designación por parte de Alejandro Moreno Cárdenas como candidata a la diputación plurinominal en el número uno de la lista, ninguna procedió y el miércoles recibió su constancia.

Efectivamente ninguno de los juicios electorales que se iniciaron en contra de esta postulación, procedieron, pero en su triunfo, si bien es legal, quedará el cuestionamiento de que no es legítimo.

Esto, en virtud de que el principal aspecto que le cuestionaron, el no haber cumplido dos años mínimo de residencia en Guanajuato para tener derecho a competir por un cargo de elección popular, como lo marca la Constitución del Estado, para todos los que están pendientes de los asuntos políticos, fue público y notorio. 

Y de eso hay testimonios fotográficos, que ella llegó a Guanajuato el 25 de septiembre de 2019, pues ese día fue presentada como delegada del Comité Nacional en funciones de Presidenta. 

Aunque haya presentado ante el IEEG para acreditar que tenía por lo menos dos años de residencia una fe notarial del notario público Daniel Chowell Zepeda

Así que si el miércoles la potosina pudo recibir su constancia como diputada local electa de Guanajuato fue porque la semana pasada se terminaron de desahogar las últimas impugnaciones de las priístas detractoras de Tiscareño Agoitia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Habló por fin, pero muy débil

Y después de haber guardado silencio durante todo el proceso electoral sobre este asunto, fue hasta el martes pasado, en conferencia de prensa, cuando Ruth, también Presidenta del PRI estatal, hizo una tibia defensa de su postulación. 

Dijo que a ella la invitaron a participar en el proceso, se inscribió en una convocatoria en la que se pudieron inscribir quienes quisieran, la propuesta se mandó a la Ciudad de México y se decidió por mayoría.

“Ustedes pueden ver las resoluciones de los tribunales y eso es precisamente lo que le dicen a quienes impugnaron”, afirmó.

Tiscareño admitió que efectivamente llegó a Guanajuato en septiembre de 2019, pero que la residencia es algo diferente, pero no explicó en absoluto cómo es que vivió en Guanajuato por más de dos años.

En respuesta a otro de los cuestionamientos de sus detractores dentro de su propio partido, afirmó que ella sí tiene trabajo político en el estado, pues renovó el año pasado los comités municipales que no se habían renovado en 10 años y todos los consejos políticos municipales, en los que participaron 7 mil personas. 

Precisó que fueron sólo 12 mujeres quienes se inconformaron contra su designación y que fue contra toda la lista, no sólo a ella. Esto es parcialmente cierto, pues la mayoría de las impugnaciones sí fueron sólo contra ella, por las razones mencionadas, y otras sí contra toda la lista. 

Y que sí llegó a Guanajuato para buscar la unidad de los priístas y para renovar la dirigencia estatal, pero no fue posible porque estaban muy enfrentados y los tiempos ya no daban.  

Futbol fresero, el cuento de nunca acabar

La situación del estadio Sergio León Chávez sigue dando de qué hablar, ahora es la Asociación Civil del Club Deportivo Irapuato la que asegura que hubo malos manejos en la compra de butacas para el recinto.

Y es que aseguran que las butacas que se colocaron en las gradas del estadio se compraron por 20 millones de pesos, 13 millones de pesos más caras de lo que hubieran costado con un proveedor que tuvo acercamiento con la AC.

Juan Manuel Albo Moreno, en representación de la AC, explica que un proveedor nacional, de San Luis Potosí, propuso un presupuesto de 7 mil butacas con respaldo con un valor de 3 millones 45 mil pesos y 13 mil butacas con respaldo corto con un costo de 4 millones 355 mil pesos.

Asegura además que previo a dicho presupuesto, se acercó una empresa española certificada que ofrecía más de 26 mil piezas de este mobiliario por 696 mil dólares.

Albo Moreno culpa directamente al polémico regidor panista, el ex árbitro profesional y hoy comentarista deportivo, Francisco Chacón. Lo invitó a demostrar dónde quedaron los 13 millones de pesos excedentes que era recurso público.

Remató que si no explica la situación, sacarán todas las "raterías" que hizo Paco Chacón, a quien dijo que se le ve como "el salvador del futbol" en Irapuato. Órale.

Habrá que esperar a conocer la respuesta tanto de las autoridades estatales como de las municipales que tanto presumieron el nuevo brillo del estadio hoy sin equipo.

Celaya, el desfalco

Un nuevo desfalco millonario al interior de la administración pública en Celaya enciende las alarmas sobre el cuidado de los recursos públicos en el Municipio. 

Con el inicio de semana, el gobierno celayense tuvo que informar sobre el robo de 2 millones de pesos a una cuenta bancaria del Instituto Municipal de Vivienda.

Visiblemente nervioso, su director, Fermin Gutiérrez explicó que el desfalco se dio a través de 50 operaciones realizadas en un mismo día y no fue hasta que la institución bancaria emitió una alerta que se dieron cuenta de lo que pasaba.

De inmediato se generaron varias dudas sobre la vulnerabilidad en el proceso para el retiro de estos recursos, sin embargo el funcionario no quiso responder escudándose en que el proceso de investigación lo estaba llevando la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

También respaldó el trabajo de sus colaboradores afirmando que no había indicios para dudar de que el robo viniera desde el interior de la paramunicipal.

Días después, la alcaldesa Elvira Paniagua aseguró que las investigaciones se estaban centrando en un posible hackeo a la cuenta bancaria de la dependencia descentralizada. 

Pero este tipo de situaciones no son nuevas en el gobierno celayense. El año pasado, la Jumapa ya había sufrido un hackeo a su sistema operativo y un intento de extorsión para restablecer la información del organismo operador del agua en Celaya que al final de cuentas no se consumó.

A nadie se le olvida tampoco que durante la administración del exalcalde Ismael Pérez Ordaz ocurrió el desfalco de 4.7 millones de pesos en el DIF por parte de su Director Administrativo quien al final fue procesado por peculado. 

Opinión

Opinión en tu buzón

Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

8am
En esta nota:

Y tú, ¿qué opinas?