Opinión

Las medicinas como bien público

Uno de los efectos perniciosos del neoliberalismo es la privatización de la salud.

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Por: Martha Lucía Mícher Camarena

Si algo compartimos los seres humanos es el valor superior de la salud sobre otros bienes, por ello nuestra Constitución en su artículo cuarto lo reconoce y establece la obligatoriedad del Estado de explorar distintas modalidades de organización y administración para que este derecho sea viable.

Uno de los efectos perniciosos del neoliberalismo es la privatización de la salud. Se ha hecho a través de distintas estrategias: subrogando servicios, abandonando la posibilidad de producir equipo médico, trasladando a empresas particulares el suministro de insumos y una de las más perniciosas es que se propició un oligopolio en la distribución de medicinas. Los datos que nos proporcionaron en el Senado hablan del acaparamiento por parte de sólo 10 empresas del 80% de los 335 mil 981 millones de pesos que el Gobierno gastó en medicamentos en seis años, del 2012 al 2108. A este pequeño grupo de empresas el Senador Ricardo Monreal le denominó el Cártel de las Medicinas. No todas las empresas farmacéuticas se encuentran en esta categoría, por supuesto también las hay honestas y empáticas con los problemas de salud de mexicanos y mexicanas.

La racionalidad del mercado neoliberal, que no tiene ética sino lucro y ganancia, se ha topado con la vuelta del Estado en la 4T, que con fuerza y determinación ha decidido no doblar las manos frente al oligopolio de las medicinas, a pesar, y esto se debe reconocer, de los problemas de abasto focalizados que ha traído esta reestructuración. 

En el Senado se adicionó un párrafo quinto al artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de establecer un nuevo procedimiento para facilitar la compra a organismos intergubernamentales internacionales de bienes o prestación de servicios relacionados con la salud. El convenio suscrito con la Oficina de las naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) hará posible que el Estado mexicano cuente con mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar el derecho humano a la salud.

Tal y como se ha señalado hasta el cansancio, esta modificación no excluye el concurso de las empresas mexicanas en el proceso de venta de medicamentos. Podrán participar en las licitaciones siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad y honestidad que exigen estos organismos y el Gobierno de México. Las grandes distribuidoras ya no podrán desplazar a las pequeñas de motu proprio, se emparejan las reglas del juego.

Esta es una buena noticia para las personas con menores ingresos, pues en algunos sectores más precarios, el 41% de sus ingresos se destinan a la salud y buena parte a la compra de medicamentos; los gastos catastróficos de salud han dejado a mucha gente pobre en la calle.

Pero al mismo tiempo es una mala noticia para los  empresarios de Guanajuato y otros estados que al amparo de sus vínculos subterráneos con la esfera del gobierno han visto a la salud como una oportunidad de enriquecimiento y lucro desmedidos, pues la venta de medicamentos y otros insumos a sobreprecio se les va a acabar. Normalizaron las reglas del neoliberalismo y se convirtieron en mercaderes de la salud. Ellos son de los principales opositores a la modificación legal que afectará positivamente la vida de millones de mexicanos y mexicanas. Enhorabuena por la medida que demuestra la fuerza de un Estado al servicio de la gente.

DA

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