Lo que no se mide, no se puede mejorar

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) certifica lo que he estado advirtiendo desde que inició el sexenio del presidente López Obrador y se comenzaron a desmantelar las instituciones sanitarias:

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Por: Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) certifica lo que he estado advirtiendo desde que inició el sexenio del presidente López Obrador y se comenzaron a desmantelar las instituciones sanitarias: los mexicanos están perdiendo se haga efectivo su derecho a la salud, y si el gobierno morenista analiza lo medido, podría sin duda recomponer el rumbo y mejorar el sistema nacional de salud.

El CONEVAL estimados lectores es un organismo autónomo constitucional al igual que el Banco de México o el INE, y fue atacado por el gobierno de AMLO al inicio de esta administración y despedido su director Gonzalo Hernández Licona por considerar los datos medidos “incómodos al sistema”. Pusieron su director a modo y he aquí lo relevante: acaban de publicar sus datos 2020, y con pena, revelan que la realidad se impuso a la imaginación mágica presidencial: hoy millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud, y de ellos, los más pobres han sido los más afectados.

El “Top Ten” de las causas raiz a mi juicio son: 1) Tres años consecutivos disminuyendo, -el ya de por sí bajo- presupuesto de la función salud. 2) Eliminación en 2019 del Seguro Popular perdiéndose la garantía explícita de atención médica para sus 55 millones de afiliados. 3) Sustracción de más de 70 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos para destinarlos al gasto corriente; 4) Eliminación del Programa Siglo XXI para la atención de menores de cinco años; 5) Centralización en la oficialía mayor de Hacienda y luego en la UNOPS la compra de medicamentos e insumos para la salud, fracasando en los tres años causando gran desabasto de los mismos, mas visible gracias a los padres que lo han denunciado, en los niños con cáncer; 6) Manejo criminal de la pandemia y político de la vacunación, causando gastos por familia que rebasaron sus ingresos; 7) Falta de apoyos para fortalecer la economía causando el cierre de empresas y con ello, los servicios de seguridad social; 8) Falla gerencial en la salubridad general y la guarda cuidadosa de la infraestructura en salud, tanto para reconvertir unidades y atender la pandemia como para atender los padecimientos ordinarios, que al dejar de hacerse, han causado gastos y mortalidad en exceso en miles de hogares; 9) Eliminación fáctica del Consejo de Salubridad General y del Consejo Nacional de Salud, causando asincronía entre los tres niveles gubernamentales de salubridad local y general; por último, 10) Incompetencia para el ejercicio del gasto en salud, asignaciones directas opacas y tardías, con subejercicios en todas las instituciones públicas, desatiendo sus obligaciones hacia sus derechohabientes.

Lo medido en el informe de CONEVAL 2020, señala que de las carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 fue un aumento de 12.0% en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Por las causas raiz antes mencionadas, 15.6 millones de personas perdieron el acceso a la atención médica, y ahora, en la tercera ola de la pandemia y con la vacunación a paso de tortuga, 35.7 millones de mexicanos están sin cobertura gastando el ingreso de sus familias ante la enfermedad y cayendo en mayor pobreza, pese a la promesa mágica que se hizo: desde el 1 de enero de 2020, con el INSABI, todos los mexicanos tendrían atención garantizada y medicamentos gratuitos. De 2018 a 2020 los Estados más afectados por la pérdida del derecho a la salud son los más pobres, en Oaxaca la carencia aumentó en 20.7%, en Guerrero en 19.7% y en Chiapas 19.5%, muy por encima del 12% de promedio nacional. 

Otros datos que corroborán lo anterior provienen de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2020 informados por otro órgano autónomo, el INEGI, donde el gasto monetario en cuidados de salud de los mexicanos en el mismo período, 2018-2020, aumentó ¡el 45%! y parafraseando a AMLO, queda claro que el INSABI “Ni fue seguro ni fue popular” y hay que atender las causas raiz para cambiar esta ominosa tendencia.

Ya esta medido, ahora a mejorar, hacer efectivo el derecho a la salud y proteger financieramente a las familias más pobres deben ser la brújula del trabajo legislativo que iniciaremos el primero de septiembre.

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