Mujeres en riesgo

La tragedia de Debanhi cimbra también al feminismo en Guanajuato.

Homicidio, desaparición, violación; violencia por la que saldrán a protestar.

En Irapuato la gente vive con miedo y las autoridades piden “hablar bonito”

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Por: León Jacobo Robespierre

Todas son Debanhi  

La muerte de la joven de 18 años, Debanhi Escobar, en Nuevo León, luego de dos semanas reportada como desaparecida, ha cimbrado al país y nos recuerda tristemente que en México, y también en Guanajuato, la violencia muchas veces tiene rostro de mujer.

El interés nacional está ahora en la historia de Debanhi y las preguntas que envuelven su muerte que tiene en jaque a la Fiscalía General de ese Estado.

En Guanajuato, las mujeres también mueren y desaparecen en la impunidad. 

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Las cifras oficiales publicadas hasta el primer bimestre del año sobre violencia contra mujeres en todo el país, tienen a Guanajuato en primer lugar en víctimas mujeres de homicidio doloso con 61, le siguen Michoacán 52, Estado de México con 41, Baja California con 37 y Chihuahua con 35. El total nacional es de 426.

Eso indica que el 14.3% de asesinatos de mujeres en el país suceden en el estado. 

En la tasa de víctimas mujeres de homicidio por cada 100 mil mujeres, Guanajuato se ubica en cuarto lugar con 1.88; después de Zacatecas, Michoacán y Baja California, según los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

Aunque clasificados como feminicidio de enero a marzo en Guanajuato son cinco.

Un caso muy difundido de impunidad es el de Nadia Verónica Rodríguez, la estudiante de la Universidad Iberoamericana de León asesinada un 8 de marzo del 2020 (irónicamente Día Internacional de la Mujer) en Salamanca. Las balas alcanzaron el auto que conducía. Familia y amigos piden justicia. No la hay aún.

El Informe del Fiscal

La impunidad es el origen de la inseguridad y la violencia. El fiscal Carlos Zamarripa presentará este miércoles 27 su tercer informe anual como autónomo al Congreso del Estado. Vamos a ver si lo invitan nada más a compartir el té,  en privado, sino a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Por cierto esta semana el Fiscal y el gobernador Diego Sinhue estuvieron en Washington D.C, EUA, en reuniones con representantes de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos). El propósito era fortalecer el rastreo de armas. Ya lo veremos.

Marchan hoy en León

Para alzar la voz contra la violencia feminicida y las desapareciones de mujeres, la Red Feminista de León está convocando a una concentración hoy a las 4 de la tarde en el Arco de la Calzada. La consigna que une a todas es una: ¡Ni una más!

Otra cara de la tragedia de violencia hacia las mujeres es el dato de 156 mayores de 18 años sin localizar entre el 2017 y 2021, según la ficha de búsqueda publicada en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobierno. 

En lo que va del 2022 ya son 44 mayores de 18 años y 25 menores desaparecidas.

Hoy en Guanajuato hay 14 colectivos de familiares de desaparecidos y son mujeres quienes están al frente de las búsquedas de sus hijas, hijos, esposos, padres. Mujeres que exigen a la autoridad el derecho de todos a ser buscados.

Otros datos de preocupación son el incremento de carpetas de investigación en el delito de violación en enero-febrero 2022 son 140 denuncias, en comparación con mismos meses del 2021 que se registraron 113, que es un incremento del 24%.

De violencia familiar en ese periodo pasaron de 1,462 a 1,847, un alza del 26.3%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Por todo esto y más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) -órgano de la Secretaría de Gobernación-, la declaratoria de Alerta de Género para Guanajuato, solicitud que está a días de resolverse.

Diputados que ya no hacen su trabajo

En esta Legislatura hay algunos diputados locales que de plano ya no quieren hacer su trabajo y se lo pasan a otros. Es el caso del panista Martín López Camacho. Le explicamos por qué.

Martín López Camacho es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Como tal, encabezó el proceso de dictamen de la iniciativa de reforma que envió en octubre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para reformar la Ley de Movilidad del Estado, que acaba de ser aprobada en el pleno el jueves, con el fin de eliminar los permisos gubernamentales como requisito para que los taxis ejecutivos operen. 

Como parte de dicho proceso, encabezó dos reuniones con concesionarios y dueños de taxis verdes y representantes de plataformas tecnológicas, realizadas el 25 y 29 de marzo, estuvo presente, dio la bienvenida, pero no se encargó de la conducción de la reunión de trabajo, como le correspondía por ser presidente de la comisión, sino que le pasó la chamba al secretario técnico de la comisión Juan Manuel Jiménez Martínez. Y eso que ambas reuniones duraron alrededor de dos horas, cada una. Martín sólo se sentó a escuchar.

Con esto el diputado celayense incumplió el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala: “Las reuniones de Comisión serán dirigidas por su Presidencia. La falta de la Presidencia será suplida por la Secretaría”.

Pero en ninguno de los dos casos el presidente se ausentó, sino que estuvo presente en todo momento. Seguramente Martín López no ha leído este artículo. 

En su defensa el diputado dirá que ambas reuniones no eran sesiones de comisión, sino lo que en el Congreso llaman “mesas de trabajo”, o sea reuniones de trabajo en las cuales no se someten a votación los dictámenes. 

Pero sí son las reuniones donde se debate, analiza y acuerdan los contenidos de los dictámenes, y son parte del proceso legislativo, así que también son parte de la obligación de todos los diputados que presiden comisiones. Además que el artículo precisa: “reuniones de comisión” no “sesiones de comisión”. Y las mesas de trabajo son reuniones de comisión. 

Pero eso no fue todo. Sino que el mayor descargo de su trabajo lo hizo Martín López el 4 de abril, cuando se llevó a cabo otra mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad para decidir qué sé integraba y qué no de las peticiones hechas por taxistas verdes, representantes de plataformas y usuarios a la reforma a la Ley de Movilidad.

Lo que durante años se había hecho -y se sigue haciendo en otras comisiones de esta misma Legislatura- cuando existen representantes de dependencias gubernamentales, del Poder Judicial o de organismos autónomos en las mesas de trabajo para decidir cuáles temas incluir y cuáles no en alguna reforma legal, el presidente de la comisión va señalando artículo por artículo o propuesta por propuesta, se debate a favor y en contra y después el presidente de la comisión señala si se acepta o no la propuesta en cuestión. Y así, una por una hasta concluir. 

Si era necesario, dedicaban varias horas en reformas fundamentales que implicaban muchos artículos a modificar. Incluso la diputada panista Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de Gobernación, continúa con este método de trabajo. 

Que decidan los empleados

Pero en esta ocasión nada de eso se hizo. López Camacho quiso evitar la fatiga y dejó toda su responsabilidad en manos de dos personas: el secretario técnico de la comisión Juan Manuel Jiménez y de Alejandro Sierra Lugo, director Jurídico de la Secretaría de Gobierno.

Primero, el secretario técnico enumeró todas las peticiones que no procedía incluir en la Ley de Movilidad. Y después, Alejandro Sierra, ¡representante de otro Poder!, dio a conocer la lista de todas las peticiones de taxistas, representantes de plataformas y usuarios que sí procedía incluir en la ley. 

O sea, un funcionario del Gobierno del Estado le estaba dictando al Poder Legislativo lo que sí pasaba y lo que no, cuando esa decisión debían haberla tomado los cinco diputados de la comisión. 

O en otras palabras, Alejandro Sierra estaba haciendo la chamba de Martín López en primer lugar y de los demás integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones: los panistas Bricio Balderas Álvarez y Rolando Alcántar Rojas, el ecologista Gerardo Fernández González y la morenista Alma Alcaraz Hernández.

Por cierto, la diputada que brilló por su ausencia en todas estas mesas de trabajo para reformar la Ley de Movilidad fue la morenista Alma Alcaraz Hernández, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Ni siquiera se asomó un rato. 

Irapuato, las cifras hablan

Irapuato sigue entre las ciudades con una mayor percepción de inseguridad, la quinta entre 90 en el país. No se niega que haya acciones para atender la problemática, pero claramente no están dando resultado.

La mala percepción disminuyó ligeramente de diciembre de 2021 a marzo de 2022, al pasar de 89.0% a 87.6% de mayores de 18 años que dijeron sentirse inseguros.

En la encuesta de septiembre 2021 alcanzó un 91.7% de percepción de inseguridad, esa fue la primera vez que el Inegi incluyó a Irapuato en la medición trimestral de la Encuesta Nacional Seguridad Pública Urbana.

Esta estadística llega de la mano con los más de 30 asesinatos que se han cometido en la ciudad fresera durante abril, principalmente esta última semana, en la que ya van varios hechos delictivos de alto impacto.

También coincide con el arribo de 300 nuevos elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que vienen de Celaya y que prometen sumarse a la coordinación estratégica para atender los delitos que más afectan a la ciudadanía irapuatense.

A la alcaldesa Lorena Alfaro no le gusta hablar de los datos del Inegi, pues aunque no lo dijo de manera directa, sí reprochó a quienes replican la información de la mala percepción de seguridad. Insiste que hay que hablar bien de Irapuato, lo repitió en varias ocasiones, además de decir que al hablar mal se dan un “balazo en el pie” 

Celaya, huele mal

Los malos olores siguen como uno de los graves problemas sin resolver en Celaya ante la falta de mano dura por parte de las autoridades. 

En las últimas semanas, el incremento en las temperaturas ha vuelto a despertar otro de los graves problemas que tiene Celaya como es el de los malos olores. 

Durante más de una década, los celayenses se han tenido que acostumbrar a convivir con olores fétidos provenientes principalmente de empresas instaladas al norte de la ciudad. 

Como sucede con la inseguridad, por años, las autoridades municipales y estatales prefirieron voltear para otro lado y dejaron crecer un problema que se salió de control. 

Una de las justificaciones que dieron los gobiernos en turno es que a nivel federal no existe una norma que pudiera regular los malos olores por lo que era responsabilidad de las empresas realizar ajustes en su producción para evitar seguir causando daños al medio ambiente y a la salud de las personas. 

Durante años se responsabilizó únicamente a la empresa Bachoco de ser la generadora, pero a la par de la industrialización en la ciudad otras empresas comenzaron a descuidar sus procesos y las consecuencias fueron muy perceptibles. 

En los últimos años el problema se ha ido agravando y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) le ha faltado poner mano dura al aplicar sanciones y sobre todo diseñar una estrategia, junto a la iniciativa privada, que pudiera revertir esta situación.

Fue hasta octubre del año pasado cuando las empresas Bachoco, Sensient Flavors y Coprice firmaron un compromiso con el Gobierno del Estado para mejorar sus procesos y con ello erradicar la emisión de contaminantes y malos olores. 

Desde el día de la firma había muy poca claridad de los alcances del convenio y cuáles serían los objetivos a corto, mediano y largo plazo ya que la propia María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la SMAOT, se negó a hablar del tema. 

A seis meses de la firma de este convenio, los celayenses no sólo no perciben los resultados sino que el problema se ha incrementado por la mala calidad del aire ocasionada también por el gran número de quemas que se registran.

Las autoridades dicen que las empresas están cumpliendo con lo acordado pero esto llevará bastante tiempo ya que tendrán que invertir recursos para cambiar sus procesos de producción. Así que, por ahora, a taparse la nariz solamente.

Y tú, ¿qué opinas?

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