Opinión

Notarios en la mira

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Por: León Jacobo Roberspierre

Notarios en la mira

Notarios en la mira

Revisan a 30

Antes de salir a la luz pública la trama entre la Caja Libertad y el famoso abogado Juan Ramón Collado Mocelo estaban en revisión 30 notarías públicas de varias ciudades del estado. Unas porque cayeron en la trampa o ayudaron a robar terrenos, casas o alguna otra construcción.
Ni siquiera el Gobierno se ha escapado de notarios coludidos con los pillos porque para apoderarse de inmuebles ajenos se necesita un notario-cómplice o un notario-incapaz. No hay de otra.
A esto súmele que el INE expide credenciales como si fueran tortillas; muchas veces no revisa documentos y lo mismo acepta recibos o actas de nacimiento sin checar datos. 
Un notario leonés conserva cuatro credenciales de elector con igual foto pero diferente nombre. Así prueba el descuido del Instituto Nacional Electoral que expide identificaciones a quien se para por enfrente. 
Las notarías en revisión no fueron seleccionadas al azar sino por número de quejas. El maestro Luis Miguel Aguirre Aranda tomó las más demandadas y ahí mandó a sus expertos. Ya saben los “elegidos” que si les descubren una transa pierden el fiat y podrían acabar tras las rejas.
Cuando Carlos Medina Plascencia gobernó Guanajuato hizo una limpia memorable: canceló 22 fiats. En los siguientes sexenios no pasó nada, uno o dos.
Durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, un grupo de notarios expuso la urgencia de revisar cada oficina pero no les hicieron caso y los fraudes inmobiliarios subieron como la espuma.
Actualmente los robos de inmuebles son frecuentes, en especial en León y en Guanajuato capital.  
La Fiscalía General tiene en la mira a una banda con domicilio en León, aunque los notarios aseguran que operan dos o tres grupos con las mismas tácticas.
Nada menos hace unos días un notario denunció que un hombre pretendía vender un terreno que no le pertenece. Entre otras cosas el abogado descubrió la falsa identidad del supuesto dueño.  
Otro “modus operandi” de las bandas son los contratos Proforma que consiste en que el pillo simula que es dueño de un terreno o vivienda  y demanda porque no le ha sido escriturado, pero proporciona un domicilio falso del demandado para que nunca reciba las notificaciones.
Al final de cuentas, el juez le concede la propiedad al delincuente porque no se presentó el demandado.

Castigos de ‘a peso’

Que conste… no es una broma.
El ex tesorero municipal, Roberto Pesquera Vargas, tras huir por el mundo durante casi cuatro años, por fin fue juzgado por la justicia divina de los panistas.   
Tiene que pagar menos de 35 mil pesos por no entregar comprobantes de taxi y por el mismo delito no puede trabajar en la Presidencia Municipal este año ni la mitad del 2020, si mal le va. Le queda el recurso de apelar para que le rebajen las penas.
Roberto puede alegar que sólo gastó 25 mil pesos en taxis el 11 de octubre de 2013 en la Ciudad de México porque rentó limusina con conductor de lujo para ir a la Secretaría de Hacienda y olvidó el comprobante en el asiento.
Lo increíble es que el Municipio tardó cuatro años para concluir que el ex Tesorero debe reembolsar los viáticos y para no hacer el ridículo le agrega “gastos de cobranza”. Más le costó a Pesquera evadir la justicia.
Bárbara Botello Santibáñez también corrió con mucha suerte -asegura Ricardo Sheffield Padilla- gracias a su astucia y a sus amigos en el Gobierno. Según confesión de un ex colaborador de la ex Alcaldesa, el saqueo de las arcas públicas solamente en Obra Pública fue mayor de 300 millones de pesos.
La mina de oro de Bárbara y Cía., eran los constructores pero se entretenía con moches a compras y contratos menores como anteojos, juegos para parques y letrinas.
En absolutamente todo, Bárbara pedía moche. Cuando le instalaron un enchufe en el baño de su despacho, ordenó que la nota fuera por mayor cantidad. 
Y ahora resulta que después de cuatro años de auditorías, infinidad de promesas de “hacer justicia”, la ex alcaldesa está por vencer a todos.   
Tuvo la astucia de “arreglar” que la detuvieran, sin orden de aprehensión, entre jaloneos y frente a tres cámaras de video que grabaron cada detalle. Con la película en mano se hizo víctima y presentó denuncia por “arbitrariedad de las autoridades”.
Ahora resulta que cambiaron los papeles y los leoneses no merecemos una explicación.

Promesa presidencial

Qué buena onda del presidente de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, y del cuñado Enrique Aranda Anaya, se pusieron de acuerdo para no cruzarse en sus respectivos caminos.
El “Cuñado” no volverá a participar en concursos de SAPAL hasta que Jorge termine su presidencia. Pero lo caído… caído está, así que hará el sacrificio de construir el colector sanitario del arroyo del Muerto presupuestado en 47 millones de pesos.
Para buena suerte de Enrique Aranda y sus colaboradores,  tiene chamba asegurada este año y el próximo aunque no concursen por ahora en SAPAL. Su empresa obtuvo el contrato para construir el Conjunto Habitacional Las Américas. Una obra de 64 millones que financia el Municipio.
La licitación del conjunto Las Américas acabó anulada porque unas empresas cobraban muy caro y otras presupuestaron tan barato que parecía que harían edificios de cartón. Finalmente la obra fue asignada al pariente incómodo.

Trenes de tres millones 

A ver si concluida la revisión de cuentas de la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibañez y su ex tesorero Roberto Pesquera Vargas, el contralor Leopoldo Jiménez Soto se da prisa para auditar la compra de dos trenecitos para el Zoológico.
Cada trenecito costó tres millones de pesos y consiste en dos vagones de fibra de vidrio y acero jalados por un motor marca Kubota con máxima velocidad de 15 kilómetros por hora. 
Ambos vehículos están listos para empezar a jalar pero se encuentran “inmovilizados” porque ex directivos del Zoológico se brincaron las trancas, no concursaron la compra y contrataron a la primera empresa sugerida por el ahora presidente de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez.
La verdad estaba difícil que le dijeran “no” a Juan Carlos después de que les ayudó a conseguir los seis millones de pesos con el Gobierno estatal. 
Los ex directivos no contaban con la llegada de nuevos consejeros presididos por Alejandro Arena Barroso, quien empezó por revisar las finanzas. 
Entre las cuentas por pagar encontró el contrato de seis millones con la anotación de que se adeudan tres. Buscó la licitación o estudios de mercado y nada…  Los trenecitos se mandaron hacer al “vapor” y costaron como si tuvieran máquinas automatizadas para moverlos y no tractores.
Lo peor es que los trenes están parados hasta que Leopoldo Jiménez revise papeles y máquinas y decida el camino a seguir: si regresan a su destino y fingen que no han comprado nada, si el fabricante baja el precio o los trenes quedan en el olvido.

Intercambian culpas por explosión de ducto

Mal y de malas andan los integrantes del ayuntamiento de Celaya. Los regidores panistas quieren cerrar el asunto de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras que los opositores exigen aclarar el accidente que costó la vida a una persona.
Los tres independientes: María de la Salud García Rodríguez, Mónica Delgado Delgado y Mauricio Hernández Mendoza;  los dos de Morena: Bárbara Varela Rosales y José Luis Álvarez Alfaro; y el regidor del Verde, Juan Carlos Oliveros Sánchez, no se dan por vencidos y un día sí y otro también, exigen cuentas a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, quien ya no quiere queso sino salir de la ratonera.
Elvira se resiste a todo lo que sea informar, a pesar de que fue diputada local y lleva una carrera en la política.
Aunque más bien la diputación le sirvió para perfeccionar su técnica de no informar. Como presidenta de la Comisión de Hacienda escondía todo.
Ahora como Presidenta Municipal se niega a responder a regidores de oposición quienes reclaman conocer cómo ocurrió la explosión, quién supervisaba la limpieza del río Laja y si hubo responsabilidad del Ayuntamiento.
Las preguntas de los opositores provocaron el enojo de los panistas quienes tuvieron la ocurrencia de salir a responder las preguntas de los periodistas con el único afán de defender a Elvira.
Rebeca Lomelín Velasco, coordinadora de los blanquiazules, no encuentra la punta del hilo y habla y habla. Estuvo acompañada por sus compañeros Aldo Sahib Velásquez Velázquez y Angélica Ramírez Barba y la síndica Adriana Audelo Arana. 
Los panistas, sin aclarar el accidente, acusaron a sus compañeros del PRI y Morena de lucrar políticamente con el accidente y de paso declararon que los guanajuatenses no estamos preparados para entender cómo ocurrió la explosión.
Pero no es la primera vez que Rebeca acusa de ignorantes a los ciudadanos; su mal humor es frecuente. Nada menos hace unos días perdió los estribos cuando fue criticada en redes sociales. Se puso igual que cuando algún regidor de Morena, tricolor o verde, hace alguna propuesta.
Eso sí, frente a las cámaras, Rebeca es la persona más educada y conocedora de cualquier tema.
En fin, hace falta que reaparezca el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García quien, por alguna razón, permanece en su despacho. Podemos suponer que tiene prohibido salir para no robar cámara a la Alcaldesa.

‘No’ rotundo a AMLO

El proyecto del Gobierno federal de “pensionar” al Seguro Popular, integrar el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y asumir el manejo de los sistemas que están ahora a cargo de los gobiernos locales, fue recibida con muchas reservas por el Gobierno de Guanajuato.
Al hacer el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la operación de los sistemas de salud cambiarán de manos “siempre y cuando, de manera libre y voluntaria, los Gobernadores lo acepten”.
Para pronto, Guanajuato contestó que “no”. Consultado por am, el Gobierno local dijo que nuestro instituto de salud pública es “ejemplo nacional por su manejo transparente y de rendición de cuentas” y expresó su convicción de seguir adelante con su manejo.
Como sea, el anuncio provocó preocupación. Un profundo conocedor del sistema, el legislador panista Éctor Jaime Ramírez Barba, que ha sido Secretario de Salud e integrante de la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados, consideró que la medida “es tiránica”.
“Ni pensar que Guanajuato va a entregar a la Federación el hospital que se inaugura el 1 de agosto”, dijo poniendo un ejemplo inmejorable de lo que significaría el cambio para las guanajuatenses.
Habrá que esperar que Guanajuato mantenga su decisión sin problemas con “Doña Fede”.

Durmiendo con el enemigo

La detención de dos elementos activos de la Policía de Irapuato ponen en evidencia a Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana y al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.
Un robo a mano armada delató lo mal que podrían estar las cosas en la corporación de seguridad fresera, que ha dejado claro que no puede controlar la situación de violencia e inseguridad en la ciudad, ni a sus propios elementos. Estos “pillos”, como los llamó Ortiz Gutiérrez, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán juzgados, según dijo él mismo, con todo el peso de la ley.
La noticia de la detención llegó acompañada con el anuncio de que se invertirán 100 millones de pesos en el nuevo y mejorado Plan de Seguridad, que incluirá probablemente la compra de un helicóptero para la vigilancia de la ciudad. Esto podría ser una medida ostentosa para mostrar que si le están echando ganas a la seguridad, en medio de un clima de inconformidad de la ciudadanía, que a diario se entera de robos, asaltos y asesinatos.
Este proyecto incluye la contratación de nuevos elementos de Seguridad, y por ahí se ha escuchado que se sumarían ex policías federales, presunción que ni afirmó ni negó el Presidente Municipal, que entre risillas dijo que luego daba más detalles de ese tema.

Que no le roben la gloria

Por cierto que a Ricardo Ortiz no le gustó que se dijera que a nivel nacional se iba a replicar el “Modelo Policial de León”, pues sin tardarse salió a decir que no, que ese modelo se había hecho primero en Irapuato y que no, que no era hecho por el gobierno leonés.
Eso sí, quiso aclarar que lo había dicho con todo respeto, pues aunque se le suelte la lengua, siempre quiere dejar claro que es institucional.
Si bien el modelo policial sí se hizo primero en Irapuato, éste se asemeja al modelo que se implementó en Morelia, Michoacán, a donde el Alcalde viajó el año pasado para conocer cómo funcionan la justicia cívica.
Un punto a favor del Gobierno de León es que ellos sí tuvieron la asesoría oficial de Bernardo León Olea, comisionado de Seguridad de Morelia, aunque también participó en el Foro de Seguridad de Irapuato, haciendo confuso de donde salió realmente este modelo policial.
 

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