Opinión

Un vistazo a la historia reciente del Poder Judicial (Continuación)

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Por: Mtro. Paulino Lorea Hernández

Un vistazo a la historia reciente del Poder Judicial (Continuación)

Un vistazo a la historia reciente del Poder Judicial (Continuación)

El retorno a la sobriedad

La mesura y sobriedad con que siempre trabajó el Lic. Mario Gutiérrez Covarrubias le ganaron la confianza y afecto de los miembros del Tribunal, así como también de Juan Carlos Romero Hicks, siendo de esta manera que al concluir el periodo que hubiera correspondido culminar al Lic. Héctor Manuel Ramírez, fue electo por sus compañeros para cubrir un periodo completo de dos años. 

Podríamos aseverar que esta etapa fue como una transición entre administraciones muy hiperactivas y hasta cierto punto turbulentas, con cambios que se avecinaban para la completa modernización de las áreas tanto en su aspecto de control administrativo a cargo del Consejo del Poder Judicial más maduro y con consejeros cada vez de mayor experiencia, y en lo jurisdiccional se clamaba y se preparaba la gran reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública para la implementación de los denominados juicios penales orales, pero también adicionada con los juicios orales mercantiles y familiares. 

También durante ese lapso coincidió la terminación del periodo de siete años de varios magistrados de tal manera que pocos fueron ratificados y en el Tribunal se vislumbraron nuevas caras casi en un 50%, situación que coincidiría entre los años 2012 y 2013, aunque con un control casi al 100% de Magistrados afines al PAN, inclusive de militantes notorios, pocos opositores y apartidistas.

El Magistrado Mario Gutiérrez Covarrubias siempre se distinguió por ser un hombre sin estridencias ni protagonismos, de trato muy cordial y amable y repelente a cualquier tipo de conflictos; participativo en los múltiples eventos académicos o de carácter gremial con los Colegios de Abogados; tuve la oportunidad de convivir y participar varias veces con él y dejaba a los auditorios complacidos con sus intervenciones, haciéndose acompañar en ocasiones por algún compañero magistrado del área penal para que lo apoyara en las consultas o cuestionamientos que sobre dicha materia se le formulara, por no ser experto en esa área, pero sobresaliente en el conocimiento del Derecho Privado.

Feneció el periodo constitucional del Gobernador Romero Hicks, pero la administración a cargo del Presidente del Supremo Tribunal, Gutiérrez Covarrubias, se prolongaría hasta ya iniciado el sexenio a cargo del Gobernador Juan Manuel Oliva. 

En el último mes del periodo de Gutiérrez Covarrubias se especulaba sobre quienes podrían ser sus sucesores y se mencionaba a varios magistrados entre ellos a la Maestra en Derecho María Raquel Barajas  Monjarás, mujer que podría arribar dándole un sesgo positivo, nuevo, diferente a la administración de justicia por su significación de género. También se rumoraba en el ambiente no tanto jurídico sino político que estaba todo arreglado desde meses antes por el entonces Secretario de Gobierno muy poderoso e influyente con el Gobernador del Estado, hasta antes de su ruptura, me refiero a Gerardo Mosqueda Martínez; durante mucho tiempo se manejó en los corrillos políticos que la Magistrada Raquel Barajas había sido impuesta, no solamente recomendada por Gerardo Mosqueda para mantener un área de influencia directa en los asuntos litigiosos complicados en los cuales tuviera algún interés con las partes el Gobierno del Estado. 

Lo cierto es que tales apreciaciones fueron simples comentarios de columnas políticas y de resonancia en cafeterías y reuniones sociales. Lo que sí quedó de manifiesto fue una operación de desactivación de posibilidades para arribar a la presidencia en contra de algunos otros de los magistrados que se mencionaban, tales como a Sebastián Barrera Acosta y el Magistrado Zago Merlo; este último saldría al terminar su periodo y el primero de los mencionados nos extraña que siendo tanto él como su familia de raíces muy identificadas con el Partido Acción Nacional, no se le haya apoyado, como tampoco sucedió en otras elecciones sucesivas, hasta su salida y olvido.

Una mujer en la presidencia del Tribunal

Durante los 4 años de gestión de la Maestra María Raquel Barajas Monjarás, debido a que fue reelecta por dos años más que se cumplieron en enero de 2012, no me consta si efectivamente hubiera sido influida o sometida en alguna de sus labores, por el entonces Secretario de Gobierno Gerardo Mosqueda; sin embargo, lo que si fue perceptible para la comunidad jurídica en el Estado fue el gran influjo que tuvo en todas las áreas de justicia el licenciado Fernando Torres Graciano, durante los cuatro años que fungió como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y quizá desde antes durante su liderazgo en el Congreso Estatal. La explicación a este fenómeno político radica en los triunfos avasalladores de su partido en las últimas dos elecciones, de tal manera que tuvo la mayoría en el Congreso del Estado en esos dos últimos trienios, luego entonces, todos los nombramientos y designaciones pasan por la aprobación del Congreso del Estado en ternas que propone el Gobernador como titular del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por conducto de su Presidenta, de tal manera que podríamos afirmar la manipulación directa en todas las designaciones por parte de este personaje tan destacado al obtener un poder político desmesurado en aquellos años. Es más, debido a esta notoria injerencia en las designaciones de magistrados y consejeros por parte de Torres Graciano, hubo múltiples quejas sobre “el empanizamiento” de todas las áreas de justicia en el Estado, llámese Poder Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y otras instancias; así fue como arribaron personajes al Consejo del Poder Judicial como Víctor Federico Pérez, Joel Estrella y Vicente Esqueda, todos procedentes del Jurídico de Banamex.

Desconocemos si en las decisiones por mayoría tomadas en el Congreso, haya estado de acuerdo el Gobernador Juan Manuel Oliva, o bien, si fue indiferente a todo ese gran número de magistrados y administradores de justicia que fueron “seleccionados” en las ternas propuestas al Congreso; o si olímpicamente Torres Graciano le comió el mandado y sutilmente obtuvo para sí esas posiciones; lo cierto es que era del dominio público y específicamente en el ambiente jurídico el que los empresarios, políticos o personajes de cierta relevancia social acudían en auxilio de peticiones de justicia con Fernando Torres Graciano, más que con el Gobernador Juan Manuel Oliva o con el Secretario de Gobierno, para que éste, llamara o intercediera ante jueces, magistrados y consejeros sobre algún asunto en particular, o recomendando abogados litigantes a modo para patrocinar  sus asuntos. Aunque todavía nos faltaba mucho por ver en la trayectoria de Fernando Torres Graciano, que había rebasado notoriamente por la derecha a Juan Manuel Oliva, según el análisis de los politólogos, ese pudo ser su error, para fracasar en la elección de candidato a Gobernador, optando por Miguel Márquez Márquez (Tres M).

20 años del PAN en el Poder Ejecutivo y su influencia en lo judicial 

Pues bien, el gran reto para la Presidenta Raquel Barajas Monjarás durante los años de su gestión fue sin duda la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, denominado o conocido por los amables lectores como “los juicios penales orales”, conforme a la reforma constitucional del mes de junio del año 2008. Aquí no escatimamos un aplauso y reconocimiento a la labor que desarrolló la eminente Magistrada (afiliada al PAN, pues hasta candidata a diputada fue promovida años después), aunque también la haríamos extensiva a sus compañeros que la apoyaron sin regatearle esfuerzo alguno, como lo fueron, por mencionar algunos, la Magistrada Imelda Carbajal y el propio Magistrado Sebastián Barrera. También logró la implementación de este sistema en la región norte del Estado a partir del 1 de septiembre de 2011, y los resultados a la fecha están a la vista; continuar su obra sobre esta materia fue un desafío para la siguiente administración, pues faltaban otras tres regiones para instaurar este nuevo sistema, hasta culminar con el área más difícil y complicada como era la de León y los municipios que la integran. 

Consolidó también la parte correspondiente a la Justicia Alternativa, pues el nuevo procedimiento contemplaba el desahogo forzoso de una etapa precisamente sobre medios alternos de solución de los conflictos; inclusive concluyó la actualización de la consulta electrónica por internet, quedando pendientes las notificaciones por vía electrónica, así como la consulta completa de los expedientes hasta su sentencia ejecutoriada; también concluyó y adaptó la obra inmobiliaria para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, lo cual no es poca cosa; por lo que podríamos mencionar estos aspectos como lo principal y relevante de su trabajo, aunado a un notorio cambio en la actitud del personal del tribunal en general, más amable, más humano, más atento y caluroso, así como también un mayor grado de eficiencia en las resoluciones de segunda instancia en lo que respecta a los ejercicios hasta el año 2010, habría que ver el efecto con el gran número de cambios que hubo de magistrados en las Salas tanto civiles como penales, pues para esas fechas resultaba inexplicable el que existiera un gran número de magistrados supernumerarios, o sea, para que lo entienda el amable lector, magistrados provisionales, sin que se designara a los titulares, pero además había algunos que ya llevaban más de tres años fungiendo como tales y no se les otorgaba la titularidad, dando preferencia a otros nuevos sin experiencia. 

Según nuestras cuentas, existieron nueve magistrados en esas circunstancias; acaso en esta situación radicó la estrategia para el control de la votación para Presidente en el mes de enero de 2012.

La sucesión que hubo para el 4 de enero en la Sesión del Pleno del 2012 para elegir al nuevo Presidente, nunca se había visto tan resuelta y anunciada en favor del Magistrado Alfonso Fragoso Gutiérrez, con lo cual en su momento, nos congratulamos por ser coterráneo de esta ciudad, amigo y compañero en la Universidad Iberoamericana durante más de 20 años, pero no podemos dejar de observar que la preparación de su arribo al parecer fue un paso muy medido y estudiado durante el año por la propia Presidenta Raquel Barajas y por el poderoso personaje político que ya mencionábamos Fernando Torres Graciano, desconocemos con qué motivos o intenciones, pero lo cierto es que aquí nuevamente se vió desplazado en su poder y decisión nuevamente el Gobernador Juan Manuel Oliva, quien por lo visto o ya no tenía influencia entre los miembros del Poder Judicial, o se desentendió de esa área, o la Magistrada Raquel Barajas y el propio Torres Graciano “lo convencieron o lo chamaquearon”. Por ello a nuestro parecer resulta incongruente el expresar que el Poder Judicial y las áreas de administración de justicia en el Estado “se empanizaron”, como lo acusan los diputados priistas, puesto que de ser así se estuvieran imponiendo o designando a notables panistas con mayor trayectoria y méritos partidistas, lo cual ocurriría si el sucesor de Raquel Barajas en todo caso lo fuera alguien tan identificado por panista como Sebastián Barrera Acosta, y no Alfonso Fragoso quien no tenía filiación panista; pero tengo la impresión de que todos estos movimientos no tuvieron nada de carácter institucional ni de intereses partidistas, sino que fue asunto de facciones de poder y de intereses eminentemente personales, de acumulación de influencia y liderazgo en un grupo determinado, quienes así lo planearon y lo preparon para tener un control para los siguientes 6 años, situación que nadie percibió a tiempo para haberla atemperado, disminuido o frenado, pues es obvio que tal concentración de poder en una persona o grupúsculo en materia de justicia, a nadie convenía en el Estado. 

Pero los acontecimientos en el 2012, nos deparaban sorpresas, pues abruptamente desapareció la influencia de Torres Graciano, no fue candidato a la gubernatura y solo le quedaron las piezas que había colocado y su estrella dejaría de refulgir los siguientes años, logrando la Senaduría y ahora la Diputación federal, pero ya sin influencia en las decisiones de gobierno y de partido.

Último periodo 2012-2019

Como mencionamos, si bien Alfonso Fragoso Gutiérrez, no era afiliado al PAN, sí era apreciado y afín a la dirigencia, así como a los gobernantes; esa simbiosis con el Gobernador Márquez se notaba a leguas; muchos recursos al Poder Judicial, en los cuatro años de gestión quizá fueron en los que más construcciones y equipamiento mobiliario ha habido; se crearon y funcionaron los edificios para las Salas de Oralidad Penal en las cuatro Regiones, incluyo las de León y San Francisco del Rincón, porque las obras culminaron casi en ese periodo de 2012-2015 y solo se inauguraron en 2016.

No obstante, una gran labor y avances del Presidente Fragoso Gutiérrez lo fue el crecimiento, capacitación y funcionamiento de todas las áreas del Supremo Tribunal con el factor humano, un esfuerzo titánico que rinde frutos día a día por su magnitud. La ayuda de varios Magistrados en esta etapa fue crucial, pero en conjunto se lograron los objetivos: construcciones por doquier, en Celaya, Irapuato y León, ampliación en San Miguel de Allende y creación de Salas de Oralidad en otros Municipios alternos. 

Al final de esta gestión de cuatro años se soltaron los demonios por la sucesión del Presidente, varios Magistrados aspiraban al más alto puesto, entre ellos la Magistrada Claudia Barrera y cinco más, José Luis Aranda, Daniel Chowell, Martha Susana Barragán, Héctor Tinajero y Diego León; pero algunos columnistas de política, sobre todo de Guanajuato Capital, filtraron que todo estaba arreglado en favor de la Magistrada Claudia Barrera, Irapuatense, recomendada por un empresario influyente y amigo del Gobernador Márquez, lo cual desató una ola de reclamos y cierta inconformidad entre los aspirantes y grupos de apoyo. 

Desconozco qué ajustes o mecanismos de consenso se utilizarían, pero el problema vino a atemperarse el día de la Sesión del Pleno en enero de 2016 y en la votación resultó electo nuevamente el Magistrado Miguel Valadez Reye, una garantía de eficiencia, respetado y con ascendencia, calmando las aguas turbulentas.

Al inicio de su administración, Miguel Valadez, se dedicó a dar el toque final a varias de las obras que ya venían avanzadas y organizando las correspondientes inauguraciones, pero todavía le aguardaba un tigre adormilado que tenía que despertar y era la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Región “A”, León y los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima y Manuel Doblado, con casi la tercera parte de la población de todo el Estado.

El día llegó y fue el 1º de junio de 2016 cuando se inauguraron las Sañas de Oralidad Penal, se insacularon y presentaron a los Jueces Penales para las mismas, y el Sistema arrancó con mucho éxito, bajo la batuta, el rigor y mano firme del Magistrado Valadez, con disciplina por parte del personal y la solemnidad requerida. Dos años se van rápido y el periodo transcurrió sin estridencias, destacando en la colaboración con el Presidente en diversas actividades los Magistrados Tinajero, Aguilera Troncoso, y del área civil Aranda y Diego León, muy activos.

Finalmente, a la elección del periodo 2018-2019, llegaron como aspirantes, casi los mismos de hacía dos años, a excepción de dos de ellos; cerraron fuerte Claudia Barrera, Daniel Chowell de larga trayectoria en las áreas de Seguridad y Procuración de Justicia, así como en la docencia universitaria y Diego León por su identidad generacional con el grupo gobernante; pero los mecanismos de negociación  y operadores del Gobernador Márquez con injerencia indiscutible en este Poder Judicial, funcionaron  a la perfección y resultó electa la actual Presidente, Magistrada Claudia Barrera, quien pese a las críticas y ataques sufridos en su primera aspiración, ahora ha llevado a buen puerto el quehacer del Supremo Tribunal, con mesura, atingencia, aunque no exenta de algunas inconformidades y reclamos por parte del Colegio de Abogados, tanto del Estado como de León, por las decisiones de algunos Jueces Penales del Sistema de Oralidad, que han causado polémica. 

Nos parece que si bien la Magistrada Barrera no es especialista en esta materia, bien podría apoyarse con sus compañeros de la Magistratura del área penal para fijar posturas impecables, que bien podrían ser los ex Presidentes Valadez y Fragoso, y otro con vasta experiencia como el Magistrado Chowell Arenas.

A casi seis meses de la siguiente sucesión o reelección de presidenta, ya algunos empiezan a inquietarse y promoverse para ser incluidos en las opciones, se menciona mucho por ejemplo al Magistrado Víctor Federico Pérez en esa actividad que podría ser prematura. 
 

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