Vacunación: aquí todos contamos

En México, la responsabilidad sobre los sistemas de salud en su mantenimiento y gestión recae en gran medida en el estado y los programas de salud gubernamentales.

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Por: Dr. Juan Manuel Cisneros Carrasco

En México, la responsabilidad sobre los sistemas de salud en su mantenimiento y gestión recae en gran medida en el estado y los programas de salud gubernamentales. Estos sistemas y sus componentes, deberían garantizar el derecho universal del acceso a la salud de los ciudadanos, independientemente de alguna afiliación a seguridad social o capacidad económica.  

Entre sus objetivos, estarían el de mejorar las condiciones de salud de la población, abatir las desigualdades, dar garantía de un trato adecuado en los servicios, promover la justicia en materia sanitaria y adaptarse y evolucionar junto al cambio de necesidades y expectativas de los usuarios. Entre sus ventajas están el acceso a servicios gratuitos, atención preventiva y tratamientos a largo plazo sin elevados costes médicos que conducen a la ruina económica o el apoyo a las empresas para reducir sus gastos en la cobertura de atención en salud para sus trabajadores. 

Si bien los servicios de salud pública tienen un área de influencia de gran proporción y se encargan de multitud de procesos y procedimientos de atención sanitaria, no son un ente único y son parte de un sistema mucho más grande que abarca otro componente que ha sonado mucho a últimas fechas: la medicina privada. 

Este sector abarca a ese conjunto de individuos, organismos e instituciones que desarrollan sus actividades en el campo de la salud con bienes de propiedad particular. En nuestro país, suele basarse principalmente en la prestación de servicios de manera directa en consultorios médicos y unidades hospitalarias que, en efecto, tienen fines de lucro. 

Desde hace décadas, esta porción del sistema sanitario ha fortalecido sus capacidades para la prestación de servicios a través de infraestructura y financiamiento, cada día con día más impacto y penetración en los usuarios que, incluso teniendo seguridad social, utilizan los servicios privados. Lo anterior se debe en gran medida a una respuesta más rápida incluyendo servicios clínicos y pruebas diagnósticas, así como una atención de mayor personalización y la capacidad de elegir al prestador del servicio médico y el centro de atención.  

La población suele recurrir a la medicina privada en multitud de ocasiones, debido a que no están satisfechos con la atención recibida en las instituciones de salud pública puesto que el trato no fue el adecuado, hay desacuerdo en el diagnóstico y tratamiento propuesto, existieron problemas en disponibilidad y efectividad de tratamientos o medicamentos o simplemente porque no percibieron mejoría en su estado de salud. 

Ahora bien, ante esta afrenta epidemiológica de carácter internacional como lo es el COVID-19, estos dos componentes de los sistemas sanitarios, los públicos y privados, debieron de unir fuerzas y esfuerzos para intentar mantenerse firmes en las capacidades de atención a la población para no colapsar y prevalecer como instituciones y empresas. Sus integrantes, profesionales clínicos de multitud de categorías, debieron trabajar de manera conjunta para hacer frente a este desafío colosal. Los entes privados se sumaron a los despliegues de atención del sector salud público y se establecieron alianzas y acuerdos para la redistribución de atenciones, participando en las acciones de conversión hospitalaria destinando infraestructura, tecnología y personal para procesos de atención COVID y no COVID, demostrando que el sector público y privado en el entorno sanitario son complementarios y se necesitan mutuamente. 

De ello, al ser en este momento entidades hermanadas por un mismo desafío, sus integrantes deben ser tratados con equidad, apelando a los componentes de justicia. No hay diferencia en el “valor” o “arrojo” por ser un médico que laboró y colaboró en los servicios públicos o privados y no hay una ponderación de cuál prestador de servicios es más importante derivado de su dedicación a una institución gubernamental o a una empresa médica.  

Es lamentable la polarización que ha ocasionado el acceso a la vacunación para COVID-19 para los sectores públicos y privados, cuando todos tendrían que ser personal con acceso a esta herramienta de reducción de riesgo. Han aparecido comentarios y opiniones cretinas (necias y estúpidas) que lamentablemente se han traducido en políticas públicas, sumándose la percepción de la población que incluso parece volcarse en contra de los prestadores de servicios privados por considerarlos rapaces o voraces en el afán de conseguir un recurso de salud, entendiendo (de manera equivocada) que la percepción económica (idealizada en muchas ocasiones como muy alta) justificaría el retraso o incluso restricción para este producto biológico, con voces que llegan a pregonar el “aguántense que para eso les pagan y les pagan bien”. 

Surreal el escenario con respecto a este tema. Es imperativo el acceso a este recurso para los profesionales clínicos en todas sus variantes. No hay más. 

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre.

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