Supervisan entrega de tarjetas y fondos sociales en Hidalgo
Del 21 al 30 de abril comenzará la entrega de tarjetas a beneficiarias y beneficiarios de los programas Pensión para el Bienestar.
Con corte al 13 de abril, en Hidalgo se han entregado 26 mil 199 tarjetas del programa Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior. Esta entrega forma parte de un operativo que contempla la distribución de más de 46 mil tarjetas en 260 planteles entre el 9 y el 30 de abril.
A la par, se anunció que del 21 al 30 de abril comenzará la entrega de 5 mil 800 tarjetas a beneficiarias y beneficiarios de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, quienes realizaron su incorporación en febrero.
Las notificaciones se harán por teléfono, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a llamadas o mensajes oficiales.
El delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, aseguró que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinado a comunidades indígenas tendrá una ejecución directa por parte de las propias comunidades, bajo un esquema de asambleas, comités y comprobación de gastos con cuadernillos.
Este modelo replica lo ya establecido en los programas La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, y se presume como un ejercicio de “transparencia comunitaria”.
Sin embargo, aunque se destacó que en Hidalgo se han censado más de 252 mil personas adultas mayores lo que representa un avance de 72 por ciento en el Censo de Bienestar.
La razón: el 10 por ciento del FAIS se distribuye a nivel nacional, priorizando a las comunidades indígenas y afromexicanas, y no por entidad federativa.
Aunque en Hidalgo se incorporaron más localidades beneficiarias, el monto total asignado al estado disminuyó al ampliarse el padrón a nivel nacional.
Pese a que las comunidades beneficiadas podrán recibir desde poco más de 80 mil pesos hasta más de 6 millones, el ejercicio de recursos queda bajo su total responsabilidad, sin intermediación directa del gobierno estatal o municipal.
Mendoza Zenteno insistió en que ningún servidor público debe influir en las decisiones comunitarias ni imponer obras, proveedores o contratistas.
