Aprueban legisladores de Hidalgo prohibir propaganda en obras públicas

La propuesta, que generó una reserva por parte del PRI, contempla la prohibición tanto para colocar propaganda como en la forma en que se publicitan las obras públicas por parte de entes gubernamentales.

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Por: Luis Godínez

Aprueban legisladores de Hidalgo prohibir propaganda en obras públicas(Especial)

Aprueban legisladores de Hidalgo prohibir propaganda en obras públicas | Especial

A pesar de una reserva formulada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó una reforma para prohibir propaganda en obras de infraestructura, en el marco de la última sesión ordinaria de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo.

Lo anterior tiene el objetivo de restringir la forma de publicitar obras de infraestructura y acciones que realicen dependencias estatales y municipales, organismos descentralizados o empresas; de igual manera busca prohibir a servidores públicos hacerse promoción implícita o explícita mediante nombres o imágenes colocadas en obras públicas.

En la última sesión ordinaria realizada este sábado, decidieron adicionar los artículos 9 BIS y 9 TER a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Hidalgo, por medio de la aprobación en el pleno con 16 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones.

LAS MODIFICACIONES

El artículo 9 BIS señala la prohibición en tres puntos:

I. Promoción implícita o explícita de un servidor público o tercero.

II. El nombre, imagen, silueta, fotografía, voz, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido político de militancia, creencias religiosas, asociaciones y/o organizaciones civiles, antecedentes familiares o sociales de cualquier servidor público.

III. Colores, emblemas, símbolos, lemas, logos o cualquier otro elemento que relacione a los servidores públicos con algún partido político, coalición, candidato, precandidato, candidato independiente o proceso electoral.

El incumplimiento se sancionará conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, electorales o de cualquier otra naturaleza a que haya lugar.

Mientras tanto, el artículo 9 TER contempla lo siguiente: 

En las placas inaugurales o de identificación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas fueron realizados por el gobierno estatal o municipal, con el esfuerzo del pueblo, y que se entregan para beneficio de este.

Se privilegiarán ante todo los escudos de armas de los estados, en lugar de logotipos de los gobiernos estatales o municipales.

Además de incluir información como nombre del fondo o programa presupuestario, origen de los recursos; nombre de la obra de infraestructura, entidad, municipio y localidades beneficiadas; monto de los recursos aplicados y el monto de las demás fuentes de financiamiento.

La imagen y promoción de obras de infraestructura serán únicamente para fines informativos, educativos o de orientación social y es obligación de los funcionarios públicos adoptar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

PRI RESPONDE CON UNA RESERVA

En dicha reserva, el grupo legislativo del PRI, solicita que los artículos en cuestión no sean adicionados, pues aclara que el Poder Legislativo carece de competencia para expedir disposiciones en materia de propaganda gubernamental. 

Agrega que en caso de hacerlo invade las facultades del Congreso de la Unión, por lo que calificó la aprobación de dicho dictamen como inconstitucional.

En el documento emitido por legisladores del PRI se refiere que ambos artículos (9 BIS y 9 TER) violan el régimen competencial establecido en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y en su régimen transitorio, puesto que lo adicionado entra dentro del concepto de propaganda gubernamental y, por tanto, corresponde al Congreso federal.

Lo anterior, argumenta, se debe a la expedición de la Ley General de Comunicación Social en 2018, que establece que el Congreso de la Unión cumple con su facultad exclusiva de regular lo relativo a propaganda gubernamental.

Dicha Ley tiene por objeto reglamentar el modelo de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior el PRI pidió la lectura de dicha reserva antes de la aprobación del dictamen, pero esta solicitud fue rechazada en el pleno con 16 votos en contra y 11 a favor. 

Finalmente la propuesta fue aprobada con 16 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones.

8am

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