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Feminicidio, tarea urgente sin resolver del nuevo gobierno mexicano

Una serie de intentos de secuestro en el sistema de transporte subterráneo de la Ciudad de México ha provocado alarma entre las mujeres.

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FOTO: CUARTOSCURO

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Una serie de intentos de secuestro en el vasto sistema de transporte subterráneo (Metro) de la Ciudad de México ha provocado alarma entre las mujeres este año, en un país donde se cometen nueve feminicidios cada día.

Mientras que las autoridades de la capital aún carecen de evidencias para demostrar que existe un patrón de secuestros por parte de bandas del crimen organizado, las denuncias y reportes se presentan casi a diario, como la nota publicada por EL UNIVERSAL el miércoles que destacó el caso de María Guadalupe “N”.

La joven de 20 años fue plagiada por un hombre en los alrededores de la estación Candelaria al este de la ciudad y cerca de la Cámara de Diputados, para ser llevada a un carro donde fue atada con sus agujetas.

Sin embargo, María Guadalupe resultó liberada por sus captores después de que descubrieron que tiene una cicatriz por una cesárea, de acuerdo con su declaración ante el ministerio público.

María Salguero Bañuelos, autora de un mapa del feminicidio que expone la terrible dimensión de este crimen en el país, indicó a la reportera de investigación Aurora Villaseñor que entre 400 y 600 niñas fueron registradas como desaparecidas en sólo dos años por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).

“La policía del Metro y del Metrobús hace todo lo que está a su alcance para evitar denuncias de las víctimas. Los intentos de secuestro apenas se están conociendo”, enfatizó.

Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), elaboró el mapa con base en reportes periodísticos luego de encontrar patrones sobre las zonas y edad de las desaparecidas; por ejemplo, dijo, “fue estrepitoso el aumento de casos en Guanajuato, en un mes registré 47 feminicidios”.

Su mapa ha sido reconocido por ONU Mujeres y el Senado mexicano; el año pasado la primera organización, junto al Instituto Nacional de las Mujeres, difundió un estudio en el que advierte que las mujeres son asesinadas con más violencia y crueldad que los hombres al menos desde 2016.

El documento también recomendó armonizar los protocolos de acción para las instituciones de impartición de justicia, a n de combatir la impunidad; mejorar la atención pública y los servicios para las mujeres y niñas víctimas de violencia, además de investigar con perspectiva de género todas las muertes femeninas debido a causas externas.

El homicidio de mujeres en México atrajo la atención internacional durante los años 90, con más de 370 casos registrados en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. No obstante, al gobierno le tomó casi 20 años incluir al feminicidio en el Código Penal.

En 2012, el Congreso aprobó penas de cárcel de 40 a 60 años para el homicidio de mujeres por razones de género, e instruyó a los estados a armonizar sus leyes respectivas con la legislación federal.

Cuatro años antes, en un fallo histórico respecto al caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su incapacidad para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal de las mujeres.

La mitad del país

Pese a estos avances, la situación se ha agravado y 18 de las 32 entidades federativas de México, que representan 56% del país, están declaradas formalmente bajo Alerta de Violencia de Género.

De su lado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que un promedio de 9.48 feminicidios se registran a diario.

El Estado de México, Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos se cuentan entre las entidades más peligrosas para las mujeres en el país, donde 60% de los casos de feminicidio permanecen impunes.

El sábado pasado, miles de mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir el n de los homicidios, intentos de secuestro, desapariciones forzadas y violencia de género, al resaltar que más de 133 feminicidios se han perpetrado en lo que va del año.

Activistas del ONCF—formado por 43 organismos no gubernamentales que trabajan en 23 estados—armaron que la protección y garantía de los derechos femeninos no constituye una prioridad para el Estado mexicano.

“Las políticas públicas en este tema se han reducido irresponsablemente al discurso y no a su aplicación real, con un impacto positivo en la vida de las mujeres”, recalcaron.

El Senado aprobó en diciembre un paquete de reformas que permitió agregar a la categoría de delitos graves el feminicidio, el abuso sexual de menores, las desapariciones forzosas, la portación de armas de fuego y el robo a casa habitación, así como los relacionados con crímenes electorales, corrupción y robo de combustible.

Sin embargo, de manera sorprendente,  la Cámara de Diputados confirmó las acusaciones mencionadas, al eliminar de la propuesta de ley seis de los nueve delitos graves, entre ellos feminicidio, abuso sexual de menores y robo a casa habitación.

El grupo parlamentario de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, está listo para debatir la inclusión del feminicidio en la lista de delitos graves que ameritan detención preventiva ociosa en las modificaciones al artículo 19 constitucional, dijo a la prensa Wendy Briceño Zuloaga, titular de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara baja del Congreso.

En el Congreso de la Ciudad de México, también controlado por Morena, el legislador Nazario Norberto anunció que presentará una iniciativa de ley para tipificar el feminicidio como un delito grave, que puede ser castigado con 25 años de cárcel sin libertad condicional o derecho a fianza.

Si hubo una relación de subordinación laboral, afectiva o familiar entre el perpetrador y la víctima, el delito sería castigado con 30 a 60 años de cárcel, en contraste con los 20 a 50 años prescritos por el Código Penal vigente, añadió Norberto.

Claudia Sheinbaum, primera alcaldesa de la Ciudad de México, ha asegurado que erradicar la violencia de género es una prioridad de su incipiente gobierno de tres meses.

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