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Las heridas abiertas del infierno de Tlahuelilpan

A un año del estallido de una tubería que causó 137 muertes, el robo de combustible ha caído en México pero persisten las dudas sobre la actuación de las autoridades en la tragedia.

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Por: El País

Emmanuel Mendoza, víctima del estallido, se coloca una máscara de silicona(El País)

Emmanuel Mendoza, víctima del estallido, se coloca una máscara de silicona | El País

El sombrero de charro de Emmanuel Mendoza lleva un año guardado en lo alto del armario. Se lo pone poco. Este jinete empedernido de 19 años y cuerpo delgado vive pegado a una máscara de silicona. Debajo de la sudadera azul, viste ropa especial de licra y, en vez de botas de montar, calza zapatos con plantilla para poder sostenerse de pie. Desde hace un año, cuando fue víctima del estallido de una tubería en el pueblo de Tlahuelilpan, no enciende el gas de la estufa. Tampoco los fogones de la cocina. Ve la tele, va a terapia y al anochecer se sienta al fresco junto a su madre. Mira el cielo y a veces piensa en aquella noche en que casi lo engulle el fuego.

El viernes 18 de enero de 2019, Mendoza se encontraba en la tienda de su madre en Tlahuelilpan, un municipio agrícola de unos 20.000 habitantes, en el centro de México. Sobre las seis de la tarde (hora local) vio a gente correr con garrafones por las calles. Gritaban: “¡Vengan, se regala gasolina!”. Por curiosidad, él y su padre se acercaron al campo de alfalfa verde de donde venía el jaleo. Un chorro de varios metros salía a presión de una tubería, agujereada para robar combustible. Los ladrones ya se habían ido. En su lugar, una muchedumbre llenaba bidones o miraba la escena. Entre ellos, había militares, policías y personal de Pemex, la petrolera estatal, que no sabían qué hacer para contener a tanta gente.

A los pocos minutos de llegar Mendoza, la fuente estalló, se transformó en llamarada y de un lengüetazo le abrasó el 70% del cuerpo. Sintió un ardor en la espalda; después, el frío de la noche al arrancar en moto hacia la clínica. “Me salí de la milpa [terreno dedicado al cultivo]; ya no me preocupé de mi papá, me preocupé de mí”, recuerda. Identificaron el cadáver del padre gracias a la medalla de la Virgen que llevaba colgada del cuello. A él le practicaron cinco cirugías e injertos de piel y pasó meses inconsciente en un hospital de Texas, lejos de su familia y de su yegua marrón claro. De vuelta en México, no para de hacerse preguntas: “¿Por qué no prendió antes el fuego? ¿Por qué los militares permitieron entrar a la gente si era peligroso? No hay respuesta”.

El estallido dejó 137 muertos y muchas dudas sobre la actuación de las autoridades en una región con una economía tambaleante, alimentada por el robo de combustible. También supuso la primera gran crisis del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se había propuesto combatir el huachicol que vaciaba a Pemex de unos 56.000 barriles diarios. Para algunos, la tragedia fue consecuencia de un plan mal ejecutado; el Gobierno cerró las tuberías para evitar más robos y provocó escasez de combustible en gran parte del país en Tlahuelilpan, muchos se acercaron al lugar de la toma tras varios días sin poder llenar el depósito de sus vehículos. Para el Ejecutivo, en cambio, representó una razón de más para intentar acabar con un negocio millonario que estaba fuera de control.

Un año después, el balance es en apariencia positivo. Desde la llegada de López Obrador al poder, el volumen de combustible robado se ha desplomado hasta los 5.000 barriles en promedio y las tomas clandestinas han caído un 22% hasta las 11.318. Durante los últimos 12 meses, se han desplegado 8.600 militares a lo largo de 2.700 kilómetros de tuberías y una flotilla de aeronaves y helicópteros los ha sobrevolado durante más de 8.000 horas. Además, 562 personas han sido sentenciadas por robo de combustible y la fiscalía ha girado 332 órdenes de detención, entre ellas al general León Trauwitz, a quien se cree fugado a Canadá. El militar era el antiguo responsable de seguridad de Pemex y está acusado de formar parte del entramado que presuntamente orquestó el saqueo desde dentro.

Fluvio Ruiz, miembro del consejo de administración de la petrolera durante la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), ve un cambio de época en lo que respecta a la persecución del delito. “La diferencia es que ahora se le da prioridad”, explica. “Antes había sospechas de que el robo difícilmente se hacía sin la complicidad interna, pero nunca hubo nada concreto”.

Pese a los avances, no se ha desvelado cuántos de los condenados son empleados de la petrolera —la fiscalía ha asegurado a este periódico desconocer el dato—. Esto dificulta la evaluación del desmantelamiento de las redes internas. “El huachicol no es algo que se frene por decreto; no basta con cambiar la dirección y poner a un militar a vigilar. Se requiere revisar la estructura y modernizar el sistema de control”, asegura la periodista y experta en el tema, Ana Lilia Pérez. “Hay que intensificar el trabajo de inteligencia”.

Más allá de la persecución al robo, la tragedia de Tlahuelilpan en el Estado de Hidalgo puso al desnudo fallos en la atención de las fugas. La de hace un año roció combustible durante más de cuatro horas hasta que explotó, sin que fuera cerrada. Al capitán de bomberos Ángel Barañano el estallido lo agarró en el despacho, un cubículo oscuro con las paredes cubiertas de coches de bombero de juguete. Se enfundó la chaqueta, heredada de un condado californiano, y fue hacia allá al volante de un camión cisterna. Sin formación para tratar tomas, Barañano tuvo que aprender sobre la marcha cuando se trasladó al municipio; antes del estallido, Tlahuelilpan había requisado y devuelto al Estado cinco millones de litros de gasolina robada. 

“Había demasiados jefes para tan pocos indios”, recuerda este hombretón de 54 años y voz grave. Al llegar a la pradera, intentó apagar los cadáveres con extintores, pero estaban tan impregnados de gasolina que le fue imposible. Quiso intervenir en el incendio, pero Pemex se lo impidió porque todavía no habían llegado los especialistas. Al cabo de unas horas, harto de esperar, se dijo “¿somos bomberos o payasos?”, desobedeció y envió a su equipo a apagar el fuego a manguerazos. 

La autocrítica del Gobierno sobre la actuación de la petrolera y del Ejército ha sido escasa. En mayo, el fiscal general Alejandro Gertz señaló que se habían identificado a los responsables de la toma y apuntó a la existencia de una investigación sobre los “posibles atrasos” de Pemex. Ocho meses después, esta sigue “abierta”, asegura la fiscalía sin dar más detalles. Sobre la pasividad de las fuerzas de seguridad en los momentos previos a la tragedia, no han trascendido esfuerzos por deslindar responsabilidades. López Obrador ha defendido la no intervención de los militares porque estos “no deben confrontarse con los ciudadanos”.

 
 

 

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