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Para el Congreso local la tortura no es un delito grave: CNDH

Por este motivo la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de los diputados

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El Congreso de Hidalgo disminuyó el castigo contra la tortura y no garantizó la debida reparación del daño.

El Congreso de Hidalgo disminuyó el castigo contra la tortura y no garantizó la debida reparación del daño.

El Congreso de Hidalgo, que dirige María Luisa Pérez Perusquía, disminuyó el castigo contra la tortura y no garantizó la debida reparación del daño, lo cual provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciara una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 

En Hidalgo la tortura se castiga con prisión de tres a 12 años y multa de 200 a 500 días, de acuerdo por lo aprobado por los legisladores, cuando a nivel federal el castigo es de diez a 20 años de cárcel y con multa de 500 a mil días
 

También los legisladores locales contemplaron una pena menor para los servidores públicos que encubran la tortura.
 

La acción de inconstitucionalidad agrega que el Congreso local no contempló dentro de los fines de la tortura obtener información o una confesión, por investigación criminal, como medio intimidatorio o por razones basadas en discriminación.
 

REPARACIÓN DEL DAÑO

Incluso, la CNDH señaló que el Congreso de Hidalgo no contempló dentro de la reparación del daño garantizar la no repetición del delito en sus dimensiones individual, colectiva, material y moral, previstas en la Ley General en la materia.
 

La ley local remite directamente a la responsabilidad del agente y no a la responsabilidad de la entidad federativa de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de tortura, cuando sean responsables sus servidores públicos.
 

Ante ello el espectro de protección es menor y por ende trastoca los derechos de las víctimas de estos delitos, apunta la comisión.
 

Tras la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura el pasado 26 de junio de 2017 los Congresos locales debían armonizar su Código Penal para homologar la investigación de este delito.
 

Sin embargo, la CNDH concluyó que los diputados locales provocaron inseguridad jurídica tanto para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, como para las víctimas de tales delitos.
 

Por tanto, la comisión estimó que los diputados de Hidalgo violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 

Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que inicia la CNDH, luego que el 23 de agosto de 2017 promovió una inconformidad en contra del artículo 301 fracción IX del Código Penal para Hidalgo, misma que fue radicada con el número de expediente 109/2017 y que a la fecha se encuentra en trámite.
 

VERSIÓN DEL CONGRESO DE HIDALGO

En el marco de la reforma a la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se incluyó la reforma al artículo 322 bis del Código Penal, cuya última reforma fue en el 2013 que en su texto refería a la tortura, materia que se encuentra contenida a partir de junio de 2017, en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, por lo cual se reformó para sancionar acciones de los servidores públicos que, sin llegar a la tortura, coaccionaran el actuar de las personas, puesto que la tortura como tal, está regulada en la Ley General.
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la reforma sigue aludiendo al delito de tortura.
 

Se trata de un tema de interpretación y apreciación, por lo que se analizará y valorará argumentar la permanencia de la reforma o legislar en la materia.

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