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Sin autonomía el Instituto de Estudios Legislativos

Al carecer de presupuesto propio sólo sirve de apoyo técnico

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Congreso del Estado de Hidalgo.

Congreso del Estado de Hidalgo.

A pesar de que Hidalgo cuenta con un Instituto de Estudios Legislativos, cuyo objetivo tendría que basarse en “dar información a los legisladores para la toma de decisiones”, este sólo es un órgano técnico del Congreso del estado.


Según el Instituto Belisario Domínguez (IBD), órgano encargado de realizar estudios derivados de la agenda legislativa, los institutos de investigación parlamentaria de cada entidad dependen de un congreso local. 


Por lo tanto, no cuentan con autonomía presupuestal. Lo que, según el IBD, hace que “ningún caso que investiga el instituto sea de carácter obligatorio para que los legisladores consideren las investigaciones”. 


En el caso de Hidalgo, el Instituto de Estudios Legislativos, es un órgano técnico administrativo del Congreso, a cargo de un director general “que designará el Presidente de la Junta de Gobierno en los términos de su Reglamento, y contará con el personal que requiera para el desempeño de sus funciones, de acuerdo al Presupuesto que el propio Congreso del Estado le asigne”. 


Mientras que en entidades como Querétaro, la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa depende de su mesa directiva; sin embrago y de acuerdo a lo que plantea el estudio Belisario Domínguez, estados como Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán cuentan con un reglamento interno, “lo que institucionaliza las funciones y perfil” de cada instituto. 
 

RECURSOS FINANCIEROS

El estudio “capacidades institucionales de los institutos de investigación parlamentaria a nivel local en México”, señala que estos no tienen la asignación de un presupuesto fijo, incluso, desconocen el presupuesto.


Tal es el caso de Coahuila, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. Asimismo, ninguno de los institutos de investigación parlamentaria en México cuenta con un patrimonio propio, “ya que no son organismos autónomos, sino que dependen del propio poder legislativo local”. 


Entre otras observaciones que plantea dicho estudio, es que no existe personal suficiente porque en algunos casos sólo existen dos investigadores por instituto parlamentario. 

Además, el modo de contratación no se realiza por concurso abierto o público, sino por la invitación de los legisladores, según el IBD.

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