Opinión

821 denuncias por tortura; 0 sentencias en Hidalgo

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Por: Víctor Valera

Primero, lo subieron a una camioneta donde fue acusado de matar a una persona, recibió golpes. Después, llegaron a un llano. Acostado, le vendaron las manos y escuchó amenazas de lanzarlo a una barranca.

Rompieron su playera para taparle la boca, introducir agua y sentarse sobre sus pies y pecho, documentó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) sobre este incidente ocurrido en 2013 y del cual responsabilizó a agentes de la Coordinación de Investigación, ahora adscrita a la procuraduría. 

Emite Derechos Humanos recomendación por tortura a procuraduría

Durante cinco años ciudadanos iniciaron 821 averiguaciones previas por el supuesto delito de tortura ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH); sin embargo, en dicho lapso de tiempo no existen sentencias ni reparación del daño.

Es decir, tal delito sigue impune a pesar de que fue tipificado en el Código Penal de Hidalgo, además de las recomendaciones de la CDHEH que denuncian dicha práctica.

Las cifras de averiguaciones previas iniciadas por supuesta tortura fueron reveladas la semana pasada por la organización Observatorio contra la Tortura, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El análisis puede ser consultado en https://sintortura.org/. A través de solicitudes de información a las fiscalías de justicia del país, documenta un incremento en la denuncia contra la tortura en Hidalgo, ya que en 2014 fueron 12 carpetas de investigación, mientras que 2018 contabilizó 208.

Incluso, en 2017 el estado ocupó el segundo lugar en denuncias por tortura (318), superado por la Ciudad de México.

Según el análisis, Hidalgo no cuenta con una instancia especializada en la procuración de justicia respecto a este delito. De 2015 a 2018 la procuraduría realizó 37 peritajes médicos y psicológicos para la documentación de las secuelas de posible tortura. 

También contabiliza nueve quejas clasificadas como posible tortura en la entidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La procuraduría ocupa los últimos lugares en producción y acceso a la información pública sobre la investigación del delito de tortura, así como los recursos humanos y financieros con los que cuentan, a través de la evaluación de los datos proporcionados al Observatorio. 

En enero de 2018, la CNDH inició una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asegurar que el Congreso local disminuyó el castigo contra la tortura y no garantizó la debida reparación del daño. El Poder Legislativo contestó que se trataba de un tema de interpretación.

Para el Congreso local la tortura no es un delito grave: CNDH

De cualquier forma, la tortura cómo método para obtener confesiones o datos de investigación, es un delito que las autoridades estatales no deben tolerar.

Y tú, ¿qué opinas?