Opinión

Columna Jurídica

Entre sugerencias te veas.

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Año con año la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo rinde un informe de actividades en el que se busca evidenciar el quehacer institucional de las diferentes áreas que integran el Poder Judicial al que, por supuesto, le interesa difundir a la sociedad hidalguense porque, en palabras de la Presidenta del Tribunal utilizadas en el mensaje inicial del informe 2016-2017, el deber de informar no solo es un mandato legal, sino también es una cuestión de ética y moral de transparentar el trabajo, someterlo a la opinión pública y tener una mayor cercanía con los justiciables.

El pasado 30 de abril se efectuó esta ceremonia protocolaria en las instalaciones del Tribunal Superior de esta entidad, en donde diversas personalidades del quehacer jurídico y político de nuestro estado acompañaron a la magistrada presidenta Blanca Sánchez, quien dio cuenta de las actividades realizadas, los proyectos generados y el ejercicio de los recursos públicos en el Poder Judicial durante los últimos doce meses para luego permitirle al titular del poder ejecutivo de Hidalgo tomar la palabra y agradecer a todo el personal del poder judicial por el trabajo realizado y encomendar a los integrantes de este, la correcta impartición de justicia. 

Lo curioso (por no decir preocupante) de aquel evento ocurrió en voz del propio gobernador, quien, cegado por una aberrante concepción populista del derecho penal y denotando poco conocimiento acerca del sistema acusatorio adversarial mexicano, se permitió “sugerir” a la encargada del máximo órgano judicial de la entidad hidalguense un par de ideas que, a su parecer, pueden disminuir con los cada vez más elevados niveles de delincuencia que se perciben en la sociedad.

La primera sugerencia consistió en pedirle a los jueces (de control, quiero creer) colocarse en los zapatos de las víctimas al momento de deliberar sobre la legalidad o ilegalidad en la detención de una persona. La segunda sugerencia fue efectuar reuniones entre el poder judicial (jueces, secretarios, magistrados) y los Ministerios Públicos, con la finalidad de homologar criterios y evitar la absolución de personas señaladas de cometer delitos.

Si usted no conoce de leyes, le pudiera sonar adecuado y hasta necesario el tomar en serio dichas sugerencias y no lo culpo, créame. La inseguridad acompañada de la corrupción que actualmente estamos padeciendo permite creer que cualquier medida que vaya acompañada de aumentar las penas, los castigos y las sanciones es idónea para acabar con esos problemas. Sin embargo pregúntele a su abogado de confianza su opinión respecto a lo planteado por el gobernador.

Su respuesta seguramente le va a sorprender y como andamos en plan de sugerencias, yo le sugiero al titular del ejecutivo que la próxima vez que acuda a un foro judicial, no se olvide que los imputados también tienen derechos y uno de ellos es el del “debido proceso”.

Que no se olvide de los altos índices de tortura cometidos por policías y que sugiera adoptar medidas urgentes para erradicar este mal y asegurarse de que médicos oficiales, peritos y agentes del ministerio público dejen de apartar la vista ante este fenómeno generalizado.

Y no, no estoy defendiendo a la persona que sin el menor escrúpulo priva de la vida a su víctima, ni tampoco al juez corrupto que deja en libertad a diestra y siniestra o al policía que hace mal su chamba y detiene por detener sin el mínimo indicio o al Ministerio Público que le acomoda el informe al policía para que “cuadre” todo y no se caiga la detención.

Estoy defendiendo el derecho a la justicia que todos, víctima e imputados, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, todos tenemos por igual. Así que, como última sugerencia, gobernador: menos populismo penal y más enfoque al respeto del debido proceso.

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  • Oscar Mora
8am

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