Opinión

De migrantes, Pepsi-cola y Criminal Compliance Program

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Por: Oscar Mora | Firma Jurídica Díaz

El pasado 7 de julio, un grupo de aproximadamente 220 personas que iban a bordo de un camión repartidor de refrescos con placas 804-WB-5 (expedidas por SAF), fueron detenidas por policías federales junto con el chofer y el copiloto del camión en el tramo federal Tapanatepec – Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Las personas que iban a bordo de la unidad , según primeros reportes, son de origen centroamericano y se dirigían hacia el norte del país, seguramente para llegar a la frontera con Estados Unidos y convertirse en una más de las tantas historias de migrantes tratando de alcanzar el tan polémico “sueño americano”.

Lo curioso de esta noticia, más allá de si son o no controvertidas las decisiones gubernamentales en cuanto a la política migratoria en México tomadas en esta administración, es que el camión en el que iban a bordo los migrantes centroamericanos aparentemente pertenece a la compañía refresquera multinacional PepsiCo, coloquialmente conocida como Pepsi o Pepsicola, rival directo de otro monstruo refresquero como lo es Coca Cola, ya que tanto las placas de la unidad como el logotipo colocado en el exterior del camión así lo permiten suponer y, como solemos decir: piensa mal y acertarás, supongamos que en efecto dicho camión es de Pepsi y que tanto el chofer como el copiloto son empleados de la compañía. ¿Existe la posibilidad de que penalmente se le pueda sancionar a Pepsi? Bajo este escenario (hipotético, insisto) la respuesta es: Sí. Muy sencillo: el código nacional de procedimientos penales establece en su artículo 421 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y advierte que serán penalmente responsables cuando se cometan delitos a través de los medios que estas proporcionen y además cuando se demuestre que hubo inobservancia en el debido control de la organización (es correcto, hablamos del Criminal Compliance Program). 


Pero eso no es todo: el propio código nacional establece que solo serán atribuibles a las empresas los delitos contemplados en el catálogo para tal efecto de cada legislación sustantiva (códigos penales) aplicable, de ahí que, si consultamos el 11 Bis del Código Penal Federal en su apartado B, fracción II, para maaaala fortuna de Pepsi, el delito de tráfico de personas puede ser atribuible a las empresas. 


¿Qué tendría que hacer Pepsi en este caso? Suponiendo que Pepsi es una empresa socialmente responsable y consciente de la importancia de contar con un programa de cumplimiento normativo, lo natural sería: 1.- Hablar con el departamento jurídico de la empresa y preguntar por el abogado penalista, 2.- confirmar que el camión sea propiedad de la empresa 3.- verificar si el camión tiene reporte de robo, 4.- revisar la plantilla de trabajadores de la empresa y corroborar que chofer y copiloto pertenezcan a la misma, 5.- preparar el Criminal Compliance Program para presentarlo en los próximos días ante la FGR. 6.- Emitir un comunicado donde detallan la situación y eliminan cualquier foco rojo para limpiar los rezagos de la presan negativa en torno al tema, 7.- esperar a que la Fiscalía determine el No Ejercicio de la Acción Penal favorable a la empresa y 8.- continuar cómodamente en sus corporativos desarrollando la estrategia de mercadotecnia para seguir siendo un digno rival de Coca Cola. 


Insisto, suponiendo que todo lo anterior esté en orden. De lo contrario, invito a Pepsi y a las demás refresqueras que sean cómplices del delito de tráfico de personas a echarle una leída al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las sanciones para las empresas que no cuenten con un Criminal Compliance Program y pregunten a su departamento jurídico el significado de la palabra “disolución”. For the love of it.

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