Opinión

Pan, circo… Y cárcel

COLUMNA JURÍDICA

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Por: Oscar Mora | Firma Jurídica Díaz

El 2019 está por terminar y con él, se va un año de reformas legales importantes para todos los mexicanos, reformas en su mayoría impulsadas desde y por el Congreso de la Unión y por supuesto, con el visto bueno del Ejecutivo federal (algo normal si consideramos que la mayoría de los legisladores federales comparten la ideología e intereses del presidente de la República).

Una de estos cambios legislativos que llamaron la atención de politólogos, sociólogos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y colegios de abogados fue la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a los delitos que ameritan la tan criticada prisión preventiva oficiosa. Esta reforma, publicada en el diario oficial de la federación el 12 de abril del 2019 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adicionó al catálogo de delitos contenido en dicho numeral constitucional, otros tantos (robo a casa habitación, robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales, etc.) que, según la propia iniciativa y su exposición de motivos resultaba necesario principalmente debido a que en la actualidad existen una serie de delitos que lastiman y laceran a la sociedad y cuya percepción social es, que en caso de que fueran castigados de forma más severa habría mayor seguridad.

Razones de naturaleza populista que los legisladores utilizaron para justificar los cambios tanto a la Constitución federal como a la ley adjetiva nacional, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo artículo 167 se establece, de manera homóloga al 19 constitucional, el listado de delitos en los que el juez de control dentro de un proceso penal bajo las reglas del sistema penal de corte acusatorio y adversarial (v.gr. juicios orales) debe aplicar al o a los imputados (es) esta medida cautelar a fin de evitar que se actualicen los tres riesgos procesales que contempla dicho código, a saber: riesgo de fuga, riesgo contra la integridad de la víctima, ofendidos, testigos o la comunidad y riesgo de obstaculización de la investigación durante el desarrollo del proceso.

Y no es para menos la lluvia de críticas que se recibieron en el Congreso por parte de organizaciones de la sociedad civil e inclusive por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual repudió desde el mes de febrero de este año los cambios que a la postre se efectuaron a nivel constitucional en cuanto al aumento del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa por considerar que para que el régimen de prisión preventiva resultase compatible con los estándares internacionales en la materia, su aplicación debiese partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, agregando dicha Comisión que esta reforma atentaría de manera evidente contra la presunción de inocencia, que constituye garantía judicial más elemental dentro del ámbito penal, y está expresamente reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

A pesar de estos pronunciamientos, el Congreso de la Unión optó una vez más por satisfacer el muy corriente y poco razonable clamor popular de “justicia con cárcel” y utilizó al populismo punitivo como medio de satisfacción temporal el cual, más allá de resolver cuestiones de fondo en materia de inseguridad y prevención delictiva, aumentará el letargo y la somnolencia gubernamental para la consolidación de un verdadero y sólido estado de derecho.

ACLARACIÓN
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

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