Opinión

Perspectiva

Antier en Baja California Sur

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Foto: Grupo AM

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Los Cabos es una muestra de lo que se puede hacer bien y mal en el país. En pocos años se convirtió en uno de los destinos turísticos más sofisticados del mundo. Hay grandes hoteles de lujo, la mejor pesca deportiva y gloriosos mares y playas adornados con campos de golf de clase mundial. Ese territorio  y belleza natural, coexiste con una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, comparable a la de Venezuela, Honduras o el Salvador: más de 80 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Si la tendencia permanece, en poco tiempo tendrá el mismo destino de Acapulco, sólo que más serio porque depende en gran medida de un turismo internacional más afluente. Apenas el fin de semana hubo 18 homicidios. Una cifra aterradora para un estado que apenas rebasa los 800 mil habitantes, algo más grande que Celaya o Irapuato.

¿Cómo es posible que el Gobierno tolere tanta violencia en una zona tan delimitada y casi cercada por el mar y el desierto? La atribuyen a guerras entre narcos, entre crimen organizado de Sinaloa y de Jalisco. Cualquiera que sea la explicación, no debiera permitirse.

El contraste de prosperidad turística y miseria humana por tanta muerte no pueden coexistir por mucho tiempo. Además, cómo se explica que en Yucatán, península turística también, el indice de criminalidad sea comparable al de Suiza o al de países desarrollados como Canadá. La diferencia es de ochenta a uno. Los yucatecos anuncian su paz como un atractivo indiscutible para inversionistas en bienes raíces, para gente que quiera mudarse a Mérida y escapar del miedo. En México se puede vivir en más paz que en Chicago o Los Ángeles o en infiernos parecidos a Honduras y Venezuela.

Si se da una vuelta por el sitio de INEGI encontrará toda la información de lo que pasa mes a mes, si abre las páginas de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontrará todos los datos sobre el crimen: robos de auto, asesinatos dolosos, secuestros o extorsión. La información fluye precisa y horrenda. En febrero de 2007 la criminalidad de homicidios dolosos llegaba a 6 por cada 100 mil habitantes. A finales de sexenio de Felipe Calderón rebasó los 24, se cuadruplicó en 72 meses. Al principio de la presente administración se redujo el índice pero al final tendremos un 2017 con la mayor cantidad de asesinatos de nuestra historia desde la Revolución.

Tal vez por eso Vicente Fox se expresaba tan mal de su sucesor Felipe Calderón a quien le entregó el país relativamente en paz. La presente administración también fracasó en su esfuerzo. Por más dinero que se invirtió en seguridad, nunca hubo el logro político de unificar policías, coordinar esfuerzos y, sobre todo, legislar para aprovechar las Fuerzas Armadas con claridad. Por el contrario, el nuevo sistema penal permite avenidas más anchas para los criminales y caminos empedrados para ministerios públicos y jueces. El penalista Paulino Lorea lo resume con fina ironía en un “aviso de ocasión”: la impunidad está a la venta y es barata.

El problema de la inseguridad es político. Ningún tema puede ser del mayor ámbito político como la justicia y la seguridad pública porque es el fundamento del Estado. Si se fracasa en ese mandato, lo que tenemos es una gran pobreza del ejercicio político.

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