Opinión

Pin Parental, prejuicios y educación

FRENOLOGÍA

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Por: Iván Lozano

Involucrar a padres y madres de familia en la educación de sus hijos ha sido problema constante en el sistema educativo de este país. Común es el desinterés por participar y permanecer pendientes en el proceso de los estudiantes, lo que hacen y aprenden todos los días en los planteles, ya no digamos ayudarlos. Frecuente es el argumento de que la instrucción es responsabilidad única y absoluta de los docentes, que para eso les pagan. Estas condiciones son parte del fracaso educativo nacional, pues el apoyo familiar es fundamental en la formación académica de niñas, niños y adolescentes.

El papel de madres y padres en la educación de los menores de edad ha vuelto a la mesa de discusión debido a la iniciativa del Pin Parental, que busca poner en sus manos la decisión de rechazar contenido educativo que consideren inapropiado, especialmente el relacionado con sexualidad, perspectiva género, derechos reproductivos, diversidad e inclusión. 

La polémica por la impartición de educación sexual en escuelas públicas es ya añeja y su rechazo por amplios sectores de la población ha contribuido a la permanencia amplia de problemas sociales como el embarazo adolescente y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Más reciente es la discusión sobre la perspectiva de género, los derechos reproductivos y la inclusión. 

Desde el 12 de marzo fue presentada por el Partido Encuentro Social Hidalgo en el Congreso de local la iniciativa del Pin Parental, la cual también fue discutida o se encuentra en proceso en otros estados de la República como Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro.   

Grupos que impulsan y respaldan la propuesta señalan que solo madres y padres tienen autoridad para decidir sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, sobre el mismo tema y por medio de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal indicó que el Estado tiene la rectoría en la definición de contenidos educativos, la cual está establecida en el artículo tercero constitucional.

Si lo que quieren es de verdad formar parte activa del sistema y los procesos educativos, contribuir a revisar y mejorar los contenidos que se imparten en aulas, la iniciativa sería una gran oportunidad de mejorar las condiciones de la educación. Sin embargo, el móvil está cimentado en conservadoras posturas morales reticentes al reconocimiento de sectores y circunstancias que, aunque desaprueban, existen, y los menores de edad no pueden permanecer ajenos a la realidad, al contrario, deben contar con herramientas para favorecer el respeto a los derechos y la inclusión, al tiempo de salvaguardar su salud física y emocional. 

Sobre el tema también se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos; recordó que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con autonomía para ejercerlos; es decir, no requieren que otras personas decidan si tal o cual garantía les conviene, en este caso el derecho a una educación que contribuya a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva y responsable.

Sería insensatez evitar que madres y padres tengan injerencia en la crianza y educación de los menores, su intervención es indispensable para mejorar su formación, ¿pero hay que incluir los prejuicios en los criterios de decisión?

ACLARACIÓN                                 
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.
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