Opinión

Todo por su nombre

Multas leoninas

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Diseño: Grupo AM

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Qué tan alrevesados están los gobernantes que de ninguna manera quieren dar su brazo a torcer en sus posturas de dictadores de rancho al imponer multas y sanciones muy lejanas de toda realidad, sin tomar en cuenta que con ello se afecta más, que alcanzar un beneficio a la sociedad.

Una clara muestra de esta soberbia es la que se vive en Atotonilco de Tula, en donde el alcalde Julio César Ángeles Mendoza, en repetidas ocasiones ha colocado los sellos de clausura a la planta de tratamiento de las aguas residuales del valle de México, en un intento por obtener más de 200 millones de pesos de supuestos permisos, cantidad que se suma a otra menor cobrada cinco años antes.

Con esta postura de intransigencia que paró esta obra, se ha impedido la limpieza de millones de metros cúbicos que darían una mayor rentabilidad a la tierra, a la producción agrícola y hasta a la propia salud de las 110 mil familias que tiene algún contacto con esas aguas residuales.

Esto va de la mano de la ausencia de medidas regulatorias que deben emanar desde el mismo Congreso del Estado que impidan que el cargo conferido a los presidentes municipales se convierta en un riesgo permanente.

Deberán existir los mecanismos suficientes para regular las cuotas y multas impuestas por los ayuntamientos, quienes muchas veces dentro de su comodidad autorizan graves cargos en contra de empresas, instancias oficiales o hasta de los propios ciudadanos, sin que haya una forma de frenar lo que podría ser considerado como un abuso.

Existen asuntos tan sencillos, pero tan lesivos a la sociedad que deberían ser tomados en cuenta, sobre todo cuando no se tratan de hechos de negligencia o intencionalidad, por ejemplo las multas impuestas en Pachuca por el sólo hecho de no pagar el parquímetro. Cerca de 200 pesos deberá cubrir el ciudadano, cantidad semejante a la que gana en dos días un albañil o un jornalero.

Aunque existen otros cargos tan altos, que podrían ser considerados como impagables por muchos ciudadanos como es el alcoholímetro en donde se necesitan cantidades superiores a los ocho mil pesos. 

  Es muy cierto que hay una irresponsabilidad al conducir ebrio, sin embargo todas esas cantidades de dinero no tienen un fin social, que beneficie con educación a los demás, sólo se trata de un acto recaudatorio.

Dentro de sus lineamientos de ninguna manera consideran la labor social, ya sea con trabajos manuales o hasta educativos dependiendo la profesión u oficio que tenga el infraccionado.

Es tan elevado el cargo económico que los amonestados optan por la vía fácil de la corrupción y aceptan entregar su celular o cuanto puedan conseguir, antes que pagar la multa.

De ninguna manera se trata de justificar, sólo se trata de que los ordenamientos municipales sean revisados por profesionales especializados para luego ser tratados por los diputados, quienes por cierto, muchos carecen de todo principio de responsabilidad según las propias amonestaciones que han recibido de distintas instancias por su trabajo tan ligero.

Vale la pena, con la propuesta de nuevos posibles legisladores, hacer un esfuerzo por conseguir a los menos malos para revisar este entramado de leyes, reglamentos y multas que permitan el crecimiento de una sociedad cansada de la improvisación.

Nimiedades: Algunos que no pudieron llegar a Los Pinos mediante el PRI, ahora buscarán fortuna a través de Morena.

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