Opinión

¿Todos los que compren una factura irán a la cárcel y serán considerados como delincuentes organizados?

GOL TRIBUTARIO

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Por: Lic. Juan Antonio Aguilar

Una nueva preocupación se ha generado entre los contribuyentes, derivada de la nueva reforma que eleva el delito de “tráfico de facturas” a un grado de delincuencia organizada. Presentada por el Ejecutivo Federal, y discutida y aprobada en la Cámara de Senadores, la reforma modifica el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Lo anterior afecta principalmente aquellos que puedan verse involucrados con la publicación de uno de sus proveedores en el Diario Oficial de la Federaciónen la famosa lista negra como una Empresaque Factura Operaciones Simuladas (EFO’s).

 En principio, los contribuyentes que hayan celebrado solamente una o pocas operaciones con una empresa que vende facturas, no irán a la cárcel y, por supuesto, no se le considerará como delincuente organizado, salvo que actualice el delito de defraudación fiscal equiparada vigente.

 Lo anterior se debe a que esta reforma, sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados, establece que será caso de delincuencia organizada cuando las cifra, o valor del monto de lo defraudado, superen los 7.8 millones de pesos. Lo equivalente a una facturación de poco menos de 24 millones de pesos si solo se considera el ISR o de 17 millones si consideramos IVA e ISR. No obstante, no han fijado si ese límite es anual o no.

En el supuesto de que un contribuyente facture de manera “simulada” los montos mencionados arriba, la Procuraduría Fiscal de la Federación tendrá la carga de la prueba, y deberá acreditar fehacientemente que esos gastos se simularon y se efectuaron con el único propósito de evadir el pago de contribuciones (Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado). A diferencia de lo que sucede en el ámbito administrativo, en el que la carga de la prueba es para el contribuyente y no para la autoridad hacendaria.

Sin embargo, siempre y cuando el contribuyente pueda sostener de forma efectiva que: haya adquirido esos bienes o recibido los servicios amparados en la factura, haya celebrado contratos, y cuente con diversas documentales que acrediten su dicho; el asunto permanecerá exclusivamente en el ámbito administrativo, y no se convertirá en penal.

Más allá de lo desproporcionada que puede ser la sanción, el deber de combatir estás prácticas ilegales es una realidad; pero nuestras autoridades también tendrían que trabajar de manera seria en la eliminación de la corrupción de muchos funcionarios de la Federación, así como en mejorar la regulación del artículo 69-B del Código Tributario Federal, en aras de optimizar la protección los derechos humanos básicos de una empresa que supuestamente deduce operaciones simuladas.

En este orden de ideas, nuestro Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Senadores, ha presentado una iniciativa que mejorará en buena medida la regulación del 69-B y que actualmente se encuentra pendiente de aprobación. Se planea que proporcione mejores elementos de defensa a los contribuyentes operando dentro del marco de la ley fiscal.

Esta reforma que incrementa las penas, más allá de incentivar la recaudación, la está inhibiendo. Yo me pregunto: ¿Qué sucedería si la actual Administración, emitiera un decreto de descuento en el pago de impuestos, para aquellas empresas debidamente establecidas, que hayan celebrado operaciones con alguna facturera, y les diera la opción de autocorregirse y pagar v.gr. la mitad de los impuestos supuestamente omitidos, sin que exista la posibilidad de que pisen la cárcel?

Para mí, la respuesta es clara: Habría un pico recaudatorio muy importante, el cual no creo que sea inferior al 40% de lo recaudado actualmente, y, sin duda, ayudaría al actual gobierno a cumplir con mayores planes de gasto público.

 

Y tú, ¿qué opinas?