Guanajuato capital.- Ante las propuestas de diputados locales del PVEM y Morena de realizar auditorías a la última administración del panista Héctor López Santillana en León, ninguno de los 21 diputados del PAN lo defendió.

Ni siquiera los cinco diputados que representan a los mismos distritos de León.

Esto ocurrió durante la sesión del pleno del Congreso del Estado de este mediodía.

Gerardo Fernández, del PVEM, y Alma Alcaraz, de Morena, presentaron, cada uno por su lado, propuestas de punto de acuerdo para pedir a Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) realice una auditoría al último trienio del gobierno de Héctor López Santillana, de octubre de 2018 a octubre de 2021. Aunque la diputada de Morena planteó que sea sólo por los años 2019, 2020 y 2021.

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Y es que ambos diputados consideran que existieron presuntos actos de corrupción en esa administración.

Gerardo Fernández pidió que esta revisión sea exhaustiva, pues propuso que se revisen: todos los aspectos de la situación financiera y patrimonial, obra pública, adquisición de bienes y servicios, deuda pública, manejo de fondos y valores, y administración de recursos humanos.

Reconoció que León ha sido exitoso, "pero en los últimos años su prestigio ha sido lesionado. En la gestión se puede presumir corrupción y egos."

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"En estos tres años se pone en duda indudablemente (sic) la honorabilidad del manejo de los recursos públicos. Es momento de hacer un alto, y en su caso, investigar y sancionar a los responsables", demandó.

Por su parte, la diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena, señaló que en la última administración de Héctor López Santillana se dispuso de un gran presupuesto, "pero lejos de ser pulcra, la pus sale. Y ya para que la administración de un color le saque los trapos sucios a otra del mismo color, algo está pasando".

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Los dos diputados coincidieron en sustentar sus peticiones de auditoría en tres hechos públicos de presunta corrupción, ocurridos durante la segunda administración de López Santillana:

1. La venta a escondidas de un terreno de mil metros del Jardín de Niños Juan Aldama
2. el descuento de 2.5 millones de pesos de Impuesto Predial al Club Campestre.

Y la existencia de "moches" a los proveedores en la Dirección de Desarrollo Institucional, que derivó en el robo de 97 mil 370 pesos el año pasado, por lo cual se presentó una denuncia penal.

Y aunque el tema no fue puesto a discusión, es costumbre en el Congreso que cuando se hacen este tipo de señalamientos por una fracción de un partido, los diputados del partido aludido salgan en su defensa.

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AM