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VENEZUELA

Detienen al exministro de Petróleo Tareck El Aissami por corrupción tras un año de su renuncia

El Aissami, también expresidente de PDVSA, fue detenido para ser presentado e imputado en las próximas horas, indicó el fiscal general Tarek William Saab en una declaración a la prensa, sin mencionar la fecha exacta de su captura.

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Detienen al exministro de Petróleo Tareck El Aissami por corrupción tras un año de su renuncia
VENEZUELA. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. Agencia AP

Caracas.- El fiscal general de Venezuela anunció el martes que fue detenido el exministro de Petróleo Tareck El Aissami más de un año después de su renuncia luego del arresto de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos, con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Aissami estaría vinculado con una trama millonaria de corrupción focalizada inicialmente en PDVSA y que se habría extendido a otras empresas estatales.

En marzo de 2023 El Aissami renunció a su cargo argumentando que lo hacía en virtud de las investigaciones “que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA” y con el objetivo de “apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”. Desde entonces su paradero era desconocido.

El Aissami, de 49 años, puso además desde entonces a disposición su cargo en la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El Aissami, también expresidente de PDVSA, fue detenido para ser presentado e imputado en las próximas horas, indicó el fiscal general Tarek William Saab en una declaración a la prensa, sin mencionar la fecha exacta de su captura.

El Ministerio de Comunicaciones publicó imágenes de Tareck El Aissami esposado y caminando por un pasillo flanqueado por agentes.

El fiscal general dijo a periodistas que el arresto de El Aissami tomó tiempo debido a los diversos pasos de la investigación.

A partir de recientes delaciones de al menos cinco testigos protegidos --cuya identidad no fue revelada— junto a El Aissami fue detenido Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una empresa estatal creada en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender otras situaciones especiales.

“Valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores de empresas de maletín los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares”, acotó el fiscal general.

También fue capturado el empresario Samark José López vinculado de manera directa con El Aissami y Zerpa.

“Esta red usó todo un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de la adquisición de criptoactivos”, que seguidamente eran usados para obtener bienes, inmuebles e invertirlos particularmente en el sector de la construcción.

Los detenidos serán imputados de los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El Ministerio Público indicó que en relación con el caso están detenidas 54 personas y sobre otras 17 pesan órdenes de aprehensión.

Todos los investigados están relacionados con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde la Fiscalía detectó a una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana. Esta última está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.

“Estos manejos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló El Aissami: Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana”, resaltó Saab.

El Aissami —que fue sancionado por Estados Unidos como presunto capo de la droga— vivió un rápido ascenso en el poder durante las últimas dos décadas que lo llevaron a ocupar varios de los más importantes cargos en las áreas de seguridad y economía del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez y de su sucesor y actual presidente Nicolás Maduro.

Ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores durante el mandato de Chávez (1999-2013) y fue designado por Maduro ministro de Petróleo en abril de 2020. Venía de desempeñarse como vicepresidente de la república bajo el mandato del sucesor de Chávez.

Las acusaciones de Washington contra El Aissami no hicieron mella en su carrera. Por el contrario, fue catalogado como un héroe por el oficialismo. Pero la detención de varios de sus allegados lo arrastró al ojo del huracán.

En momentos difíciles recibió el encargo de diseñar el entramado con el que poder sortear las sanciones de Washington para impedir que la administración de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.

Entre los 43 detenidos el año pasado, destacaba Joselit Ramírez, un cercano colaborador de El Aissami y superintendente nacional de Criptoactivos, un instrumento usado ampliamente por el gobierno de Maduro para comercializar los recursos petroleros y mineros del país sudamericano en el exterior.

Las autoridades venezolanas no han dicho exactamente cuánto dinero perdió el Estado como resultado de las transacciones clandestinas.

Pero documentos internos de PDVSA obtenidos por The Associated Press el año pasado muestran que a la petrolera estatal se le debían 10.100 millones de dólares hasta agosto de 2022 de 90 empresas comerciales, en su mayoría desconocidas, que surgieron como importantes compradores de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para forzar a Maduro a abandonar el poder.

Otros 13.300 millones de dólares, correspondientes a 241 envíos, se debían directamente al gobierno como resultado de una maniobra contable de PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobrar las facturas impagas a la administración de Maduro, en lugar de regalías en efectivo.

Todo el cargamento de petróleo se vendió en consignación con un gran descuento debido a las sanciones, que han ahuyentado a los comerciantes más establecidos. Para evitar a los bancos occidentales, Venezuela empezó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes de trueque o criptomonedas, pero no todos pagaron.

JFF 

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