Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes en un principio acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.

El pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró originalmente 20 órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, el 14 de septiembre la misma FGR volvió a ir con el juez y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.

Durante los 26 días en que esos mandamientos estuvieron vigentes, ni la FGR ni el Ejército ni ninguna otra corporación federal detuvo a uno solo de los militares.

Las únicas órdenes de captura que la FGR decidió no retirar son las de cuatro militares que, coincidentemente, se entregaron a partir del mismo día de la cancelación de las aprehensiones contra sus compañeros.

Hoy solamente están en la cárcel y procesados el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.

Según la causa penal 15/2022, el militar de más alto rango contra el que la FGR se desistió de la acción penal es el Coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería.

Al igual que el General Rodríguez Pérez, Hernández Nieto fue señalado de manera vaga y aislada por el testigo protegido "Juan", quien afirma que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba la "nómina" del 41 Batallón de Infantería a un militar al que identifica por su grado de Coronel y el apellido Nieto.

Pero no está claro el criterio de la FGR para desistirse sólo de la orden contra Hernández Nieto y no la de Rodríguez Pérez.

El resto de los militares a quienes les cancelaron las órdenes pertenecen al 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Las restantes fueron giradas contra los ex Alcaldes de Iguala y Cocula, José Luis Abarca y Erick Ulises Ramírez Crespo, así como contra la esposa del primero, María de los Ángeles Pineda Villa.

También se giraron las capturas contra Iñaky Blanco y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex Procurador y ex Secretario de Seguridad Pública estatales, así como cuatro funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, incluida su ex presidenta, Lambertina Galeana Marín.

Además, el juez ordenó las capturas de 4 agentes de la Policía Ministerial, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuatro directores y subdirectores de policías municipales, 25 agentes municipales de Huitzuco, 1 de Iguala, 2 de Tránsito de este mismo municipio y 11 presuntos miembros de Guerreros Unidos.

Lamentan perdón a militares implicados en caso Ayotzinapa y piden a FGR indagar 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien acompaña a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, se dijo preocupado por el desistimiento, "en extremo inusual", que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión que había solicitado contra 16 militares, presuntamente implicados en el caso.

"Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. Estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILC)", afirmó en un comunicado.

Reforma publicó hoy que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes en un principio acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.

El pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró originalmente 20 órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, el 14 de septiembre la misma FGR volvió a ir con el juez y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.

Según la causa penal 15/2022, el militar de más alto rango contra el que la FGR se desistió de la acción penal es el Coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería.

Al igual que el General José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón y quien está preso, Hernández Nieto fue señalado de manera vaga y aislada por el testigo protegido "Juan", quien afirma que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba la "nómina" del 41 Batallón de Infantería a un militar al que identifica por su grado de Coronel y el apellido Nieto.

El Centro Agustín Pro también lamentó la filtración del informe completo de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), pues aseguró que su contenido aún está bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Recordamos que, ante filtraciones, debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa", dijo.

El centro de derechos humanos rechazó, además, la denuncia que hizo la Secretaría de Gobernación ayer contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por dictar sentencias a favor de varios implicados en el caso Ayotzinapa. El organismo consideró que estas decisiones absolutorias se deben a omisiones de los fiscales y los Ministerios Públicos.

"Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues sus acciones y omisiones pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo", indicó en su comunicado.

Desconocen padres de los 43 informe de Comité de la Verdad 

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la comisión presidencial para la Verdad y señalaron que éste debe ser revisado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Nosotros no sabemos qué dicen los chatos, porque están en blanco y negro y no sabemos qué dicen", afirmó María de Jesús Tlatempa Bello, mamá de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 desaparecidos.

Lo mismo confirmó Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", que hasta ahora los padres de los 43 estudiantes desaparecidos sólo han tenido acceso al expediente con partes medulares tachadas y que hoy reveló Reforma.

"Como los familiares lo han manifestado públicamente, ellos tampoco supieron cuando se estaba trabajando y no fueron llamados y no participaron el informe final de parte, así que de parte de los padres tampoco tienen información", dijo en entrevista posterior a un mitin en el Monumento a la Revolución.

"Ahora, si uno ve ese informe, hay mucha información que no se entiende porque todo está testado, ni siquiera las fechas".

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HLL