Bárbara Botello sin fuero, pero con amparo
Bárbara Botello Santibáñez. Foto: Archivo.
La ex alcaldesa de León Barbara Botello tiene 11 procesos legales por los que tendrá que responder ahora que ya concluyó el fuero que tenía como diputada federal.
Al menos en un caso hay una orden de aprehensión en su contra, pero a pesar de que su fuero terminó el 31 de agosto la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha podido cumplimentar esta orden debido a que la ex primera edil de León se amparó.
Estos procesos se derivan de irregularidades en la contratación de empresas durante la Administración municipal 2012- 2015 que ella presidió, por las que el daño al erario se estima en alrededor de 165 millones de pesos.
“El fuero se se tiene por ser legisladora, y si se acaba la Legislatura pues se acaba el fuero... Nadie me ha citado, los litigios son en juzgados, no en medios”, respondió Botello Santibáñez cuando se les cuestionó sobre los procesos legales que tiene pendientes en Guanajuato.
En octubre del año pasado, el Gobierno de Miguel Márquez Márquez solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de desafuero contra la diputada priista Bárbara Botello, esto con el fin de continuar con la averiguación previa 101/2015 en la cual se investiga a la ahora ex legisladora por el presunto delito de peculado.
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La denuncia penal derivó de una investigación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que detectó que durante 2013 y 2014 la ex Alcaldesa y otros servidores públicos suscribieron seis contratos de prestación de servicios con empresas, las cuales no realizaron trabajo alguno.
Las empresas involucradas son: Participación en Proyectos GAVA, S.A. de C.V.; Advise Experts Trilogy, S.A. de C.V.; y Asesoría Especializada Especta Aeesa, S.A. de C.V.
Se estima que el daño al erario por estos contratos entregados es de alrededor de un millón 577 mil 600 pesos.
Pero no es el único caso, la Presidencia Municipal ha presentados al menos otras 10 denuncias penales por fraude, cohecho y peculado que la involucran a ella y otros de sus colaboradores, como el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas contra quien también existe una orden de aprehensión, pero también de áreas de la Dirección de Prevención del Delito, Desarrollo Institucional y Dirección de Obra Pública.
En el caso de obra pública la denuncia fue por el contrato directo que se entregó a las empresas que realizaron la ampliación del bulevar Timoteo Lozano, ya que se les asignaron contratos con montos mayores a los que las mismas habían ofertado en la licitación.
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