Callan Gobernador y Transparencia sobre sanción ‘light’ a Olivera

Aunque la ley da por este delito más de ocho años de cárcel, el titular de Turismo recibe penalización de tres días

Por: Redacción AM

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no confirma que el asunto en el que se relaciona a Fernando Olivera Rocha se tratara de falsificación. Foto: Archivo

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no confirma que el asunto en el que se relaciona a Fernando Olivera Rocha se tratara de falsificación. Foto: Archivo

El gobernador Miguel Márquez Márquez, decidió callar sobre la sanción de tres días al Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, acusado de falsificar documentos; lo mismo hizo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC).

Ayer, el mandatario visitó León para inaugurar un nuevo edificio en el Centro de Investigaciones en Ópticas (CIO), pero pidió no ser entrevistado para respetar la visita de Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Por su parte, la STRC informó el viernes sobre la sanción contra Olivera Rocha, sancionado con tres días de suspensión, tras concluir la auditoría a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin).

Esto, pese a que el periódico Reforma dio a conocer que la dependencia estatal ejerció recursos federales de forma indebida, al delegar a una asociación civil (Fundemin) la contratación de obra pública y, al menos en un caso, utilizar documentos falsos para la operación.

Además, en la información liberada el viernes por la STRC, la dependencia no confirmó que el asunto se tratara de falsificación.

El castigo debió ser mucho mayor

La falsificación de documentos es un delito por el que se dan hasta ocho años de prisión, según el Código Penal, y si el delito fue además realizado por un servidor público, este tiempo puede ser mayor

Sobre este tema, el artículo 243 del Código Penal, dicta: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa”, señala el Código Penal, y agrega que, de tratarse de un servidor público que realiza la falsificación, se intensifica la sanción.

“Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”, establece el artículo 243. 

Y, aunque la sanción pudo haber llegado hasta los seis meses, en este caso se optó por sólo tres días para el titular, así como para la directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Alejandra Bernardino

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