Investigan a directora del DIF por obligar a empleados a donar salario para conservar trabajo

La directora del DIF, María del Rocío García Pérez, presuntamente obliga a sus empleados a entregar entre 2 y 4% de su salario mensual para mantener el empleo.
 

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Por: Redacción

María del Rocío García Pérez es directora del DIF, y presume su amistad con esposa de AMLO. Foto: Gobierno de México

María del Rocío García Pérez es directora del DIF, y presume su amistad con esposa de AMLO. Foto: Gobierno de México

CDMX.- María del Rocío García Pérez, directora del Sistema Nacional del DIF, y dos de sus colaborares, obligan presuntamente a los empleados de esta institución donar entre 2 y 4% de su salario mensual para conservar su empleo.

Desde marzo de 2019, según una investigación de Animal Político, el DIF obliga a los empleados a realizar las "donaciones". Aunque desde hace nueve meses la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, recibió las denuncias, apenas el pasado 23 de abril abrió un expediente de investigación.

El modus operandi

Empleados y exempleados del DIF coincidieron en que María del Rocío García Pérez utiliza su presunta amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, desde hace más de dos décadas para amedrentar a los trabajadores.

La propia directora del DIF distribuyó a los empleados las siete categorías de plazas y el equivalente a "donar", desde los 500 a los 2 mil 500 pesos mensuales. Si el DIF tiene 1,002 puestos, la cifra ascendería desde 658 mil 400 pesos mensuales.

El dinero presuntamente sería para el programa "Ahijado", del cual no hay registros oficiales. Los empleados con sueldos de 12 mil a 100 mil pesos debían dar el dinero en efectivo. Sin embargo, desconocen a dónde fueron a parar las aportaciones.

Directora del DIF los llama a junta sin celulares

Animal Político señala que los trabajadores fueron llamados a menos de cuatro meses del nuevo sexenio y la llegada de María del Rocío García Pérez. En esa reunión no se les permitió entrar con celulares.  

Ahí la directora les soltó que debían apoyar al DIF con una parte de su salario mensual. Allí estaban sus colaboradores Lilia Aguilar Cortés, en ese momento titular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, entonces director general de Programación y Presupuesto.

En esa junta se le mencionó que la aportación sería para el programa "Ahijado", y era obligatorio para altos mandos y subalternos. Por ejemplo el descuento planteado era de 3 mil pesos para dirección general; 2 mil 500 para jefes de unidad; 2 mil para directores generales; mil 500 para directores de área, mil pesos para subdirectores de área; 700 pesos jefe de departamento y 500 pesos para soportes administrativos. 

Alfredo Anguiano recibía el dinero después de que era recolectado por subalternos por órdenes de los titulares de cada área. Lilia Aguilar Cortés hacía la relación de quiénes y cuánto entregaban. Ambos funcionarios fueron ascendidos, el primero es actualmente el encargado de ejecutar el presupuesto del DIF y Lilia Aguilar Cortés es jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

En una de las denuncias que revisó Animal Político señala que el dinero era depositado a cuentas "Saldazos" y otras veces a hijos de la directora del DIF u otro pariente, aunque la información no pudo ser corroborada.

En una solicitud de transparencia, al parecer de un afectado, pidió que se especificara bajo que norma o criterio Sandra Castro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes, determinó y dio la instrucción el 10 de noviembre de 2020 de dar un donativo para las familias afectadas por la tormenta tropical "Eta". Las cifras eran desde 250 hasta 1000 mil pesos.

Enrique García, director general de Asuntos Jurídicos y Ociel Lua, jefe de departamento de Transparencia, respondieron que fue una colecta general de manera voluntaria para la compra de víveres, abarrotes, que fueron entregados a un almacén de donativos del DIF. Sin embargo, no hay referencia de la entrega de los donativos a afectados de estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Rocío García no quiso dar una entrevista y solo envió una tarjeta informativa para afirmar que no hay ninguna investigación en su contra y en caso que hubiera no puede omitir opinión, pues trastocaría el proceso.

Por parte de la Función Pública al cuestionársele por qué tardaron nueve meses en abrir un expediente, indicó que por norma no pueden informar de investigaciones en curso.

HLL
 

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