Ejército mexicano está fuera de control

A partir del 2014, el ejército dejó de publicar el número de combates y asesinatos. Las cifras aproximadas del número de ejecuciones por parte del ejército es alarmante.

Por: Redacción AM

A partir del 2014, el ejército ha dejado de publicar las cifras de ejecuciones.

A partir del 2014, el ejército ha dejado de publicar las cifras de ejecuciones.

Azam Ahmed informó desde Ciudad de México y Eric Schmitt desde Washington. Paulina Villegas contribuyó con información desde Ciudad de México.

En la historia de la guerra moderna, es mucho más probable que los combatientes lesionen a sus enemigos antes que matarlos.

Pero en México, lo opuesto es cierto.

Con base en las propias cifras del gobierno, las fuerzas armadas de México son asesinos excepcionalmente eficaces, apilando cuerpos a tasas extraordinarias.

Las autoridades mexicanas dicen que los soldados de la nación simplemente están mejor entrenados y son más capaces que los carteles a los que combaten.

Sin embargo, expertos que estudian el tema dicen que la tasa de asesinatos en México es prácticamente inaudita, argumentando que los números revelan algo más ominoso.

"Son ejecuciones sumarias", dijo Paul Chevigny, profesor retirado de la Universidad de Nueva York que fue de los primeros que presentaron el estudio de letalidad entre fuerzas armadas.

En muchas formas de combate entre grupos armados, alrededor de cuatro personas son lesionadas por cada persona muerta, con base en una evaluación de guerras desde finales de los años 70 por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. A veces, el número de heridos es incluso mayor.

Sin embargo, el conteo de cuerpos en México es lo opuesto. El ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere. Para las fuerzas marinas de élite de la nación, la discrepancia es incluso más pronunciada: los datos que ellos suministran dicen que matan a casi 30 combatientes por cada uno que hieren.

Las estadísticas, que el gobierno dejó de divulgar a comienzos de 2014, ofrecen una inusual mirada con la guardia abajo al papel que las fuerzas armadas de México han asumido en el combate a la delincuencia organizada. En la última década, a medida que los soldados y marinos de la nación han sido obligados a ir a las líneas del frente, han repuntado los abusos a los derechos humanos.

Y aún así, el ejército sigue mayormente intacto, protegido por un gobierno que aborrece reprimir a la única fuerza que es capaz de aceptar el desafío. Poco se ha hecho por investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales que han aumentado desde que el ex Presidente Felipe Calderón lanzó la guerra de su nación en contra de las drogas, hace una década.

De las 4,000 quejas de tortura que la Procuraduría General de la República ha revisado desde 2006, solo 15 han resultado en condenas formales.

"La tortura en México no solo es generalizada, sino que también está rodeada de impunidad", destacó Juan E. Méndez, el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura. "Si el gobierno sabe que eso es frecuente e incluso así no se logra enjuiciamiento alguno, y los que sí se persiguen suelen terminar yendo a ninguna parte, la responsabilidad es del estado".

Las fuerzas armadas de México no respondieron a peticiones para una entrevista. Sin embargo, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, ha defendido en público al ejército, diciendo que es la única institución que enfrenta a la delincuencia organizada; y que va ganando.

"Estamos en las calles porque la sociedad nos está exigiendo que estemos ahí", le dijo Cienfuegos al diario mexicano Milenio este mes.

Alrededor de 3,000 personas fueron muertas por el ejército de 2007 a 2012, al tiempo que 158 soldados murieron. Algunos detractores dicen que los asesinatos son una forma de pragmatismo: en México, donde menos de 2 por ciento de los casos por asesinato son llevados a juicio exitosamente, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no pueden confiar en el débil sistema legal.

Olas de presión han chocado sobre el gobierno. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el registro de México en derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, ahondando en un informe previo de Naciones Unidas en el que se describió la tortura como una táctica generalizada.

El gobierno afirma que toma con seriedad los derechos humanos, aprobando legislación para contrarrestar abusos, proteger víctimas y permitir que los soldados sean juzgados en tribunales civiles. Dice que tiene un nuevo programa de derechos humanos dentro de las fuerzas armadas y nota que bajo el presidente actual, las quejas en contra de los militares han bajado marcadamente.

"Cada informe de violaciones a los derechos humanos es preocupante", dijo el gobierno. "Sin embargo, estos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país".

Pero, aunque las quejas de tortura en contra de las fuerzas armadas han caído desde 2011 - coincidiendo con una reducción general en el número de efectivos desplegados a lo largo de México -, la letalidad de sus encuentros no bajó, con base en los datos divulgados hasta comienzos de 2014.

La relación única entre los militares y el gobierno se remonta más de 70 años, al periodo posterior a que el país saliera de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, dicen historiadores, el gobernante Partido Revolucionario Institucional alcanzó un pacto con las fuerzas armadas: a cambio de casi autonomía total, los militares no interferirían en política.

A diferencia de muchas naciones en América Latina, México nunca ha sufrido un golpe de estado. Y si bien el gobierno encareció los fondos de las fuerzas armadas durante largo tiempo, estaban protegidas del escrutinio.

Esa protección terminó siendo vital después de 2006, cuando los militares fueron obligados a salir a las calles para combatir a los cárteles y la violencia se disparó. A medida que surgieron quejas de abusos en números históricos, el gobierno hizo muy poco por reprender al ejército.

Después, los militares dejaron de publicar estadísticas sobre asesinatos hace dos años. Sin ese tipo de datos, dicen expertos, es difícil saber cuán violenta se ha tornado el combate a la delincuencia organizada.

Sin embargo, algunos episodios salen a la luz en tribunales, como un enfrentamiento en Tlataya, justo en las afueras de la Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El ejército hizo alarde de que durante el enfrentamiento, solo un soldado resultó herido.

El caso se convirtió rápidamente en un escándalo cuando la comisión de derechos humanos de México determinó que casi 15 de las personas fueron ejecutadas, y que soldados habían alterado el lugar de los hechos para hacer que pareciera como si se hubiera dado una batalla.

Incluso así, los últimos tres soldados acusados fueron exonerados la semana pasada, uniéndose a otros cuatro exonerados anteriormente. El único soldado convicto en el caso, por el delito de desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad llega pese a crecientes vínculos con el ejército estadounidense a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de equipamiento militar enfocado a mejorar el profesionalismo y, por extensión, el registro de las fuerzas armadas de México en derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos accedió a vender helicópteros Black Hawk a México en un pacto que oficiales del ejército dijeron que podría totalizar más de 1,000 millones de dólares a lo largo de 25 años y acercar más al ejército mexicano a las normas del ejército estadounidense.

"No solo les vendimos helicópteros", aclaró Todd M. Rosenblum, el máximo oficial del Pentágono con respecto a política hacia México. "Nosotros les vendimos 15 años de trabajo íntimo juntos que, de lo contrario, no tendríamos".

Los vínculos más estrechos han logrado muy poco por apaciguar a detractores en el Congreso estadounidense.

"Toda la capacitación del mundo no funcionará si no tienes personas en la cima que creen en la importancia de la transparencia y rendición de cuentas", dijo el senador demócrata por Vermont, Patrick J. Leahy. Escribió una ley que prohíbe a Estados Unidos suministrarle entrenamiento o equipamiento a tropas extranjeras que cometan "crasas violaciones a los derechos humanos" como asesinato o tortura.

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